Los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal. (GFR Media)

Washington - Al exhortar al Tribunal Supremo de EE.UU. a validar la inconstitucionalidad de los nombramientos a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), la firma de inversiones Aurelius afirmó que el hecho de que los miembros del ente fiscal no responden ni al gobierno ni al pueblo de Puerto Rico hace evidente que se trata de funcionarios federales de alto nivel que deben estar sujetos a confirmación por el Senado estadounidense.

En el alegato presentado la semana pasada, de cara a la audiencia oral que el máximo foro judicial estadounidense ha convocado para el 15 de octubre, Aurelius sostuvo, como ha hecho la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), que el tribunal debe no solo confirmar la inconstitucionalidad de la forma en que fueron nombrados los miembros de la JSF, sino anular sus decisiones.

Para acentuar que se trata de funcionarios federales de alto nivel, como determinó en febrero pasado el Primer Circuito de Apelaciones federales, Aurelius aludió a los poderes que tiene la JSF que controla las decisiones financieras de la Isla, para proponer reestructurar la deuda, aprobar los presupuestos del gobierno de Puerto Rico y llevar a cabo investigaciones.

“La Junta es un supervisor federal independiente del Estado Libre Asociado  y sus finanzas, legalmente inmune a ‘cualquier control, supervisión, supervisión o revisión’ por parte del gobierno o la gente”, indicó Aurelius en el recurso judicial presentado el 22 de agosto por su principal abogado, el ex procurador general de EE.UU.  Theodore Olson, y su equipo legal.

El Tribunal Supremo estadounidense se propone revisar la decisión del Primer Circuito de Apelaciones que determinó que, contrario a lo que alegan la JSF y los gobiernos de Puerto Rico y EE.UU., los miembros de la JSF son funcionarios federales de alto nivel que debieron ser nombrados directamente por el presidente y confirmados por el Senado federal, como ordena la cláusula de nombramientos de la Constitución estadounidense.

La ley Promesa, sin embargo, permitió al entonces presidente Barack Obama escoger a seis de los siete miembros actuales de la JSF de listados presentados por los líderes del Congreso. Obama nombró directamente al séptimo.

Aunque ordenó que los miembros actuales o nuevos integrantes de la JSF sean designados directamente por el presidente y confirmados por el Senado estadounidense, el Primer Circuito de Apelaciones se negó a anular las decisiones tomadas por el ente fiscal.

Tanto Aurelius como la Utier cuestionan que el foro de apelaciones validara las decisiones tomadas por la JSF, que incluyen tanto fuertes medidas de austeridad como el inicio del proceso de reestructuración de la deuda pública.

Una vez que un oficial ha sido declarado de jure inconstitucional, no hay una base concebible para declarar que los actos del oficial son válidos de facto”, agregó Olson. Como la Utier, el equipo legal de Aurelius aludió al caso de Ryder versus Estados Unidos, de 1995, en el que el Tribunal Supremo estadounidense rehusó validar actos pasados de una oficina creada inconstitucionalmente.

En su presentación, Aurelius mantuvo que la portavoz de la minoría demócrata en el Comité de Energía y Recursos Naturales, la senadora demócrata María Cantwell (Washington), advirtió en el hemiciclo senatorial, cuando se aprobaba la ley Promesa en junio de 2016, que la autorización para nombrar a los miembros del ente fiscal sin el aval del Senado estadounidense sería “retada constitucionalmente”, como ocurrió.

Aurelius también rechazó la teoría de la JSF y los gobiernos de Puerto Rico y EE.UU. en el sentido de que si el Congreso no puede excluir los nombramientos a la JSF de la cláusula constitucional de nombramientos, tampoco lo puede hacer para validar que la isla elija su gobernador y Legislatura.

“Desde el Primer Congreso, se ha entendido que los funcionarios puramente locales, territoriales, que promulgan y hacen cumplir principalmente la ley local, como los legisladores territoriales y otros funcionarios locales, no son funcionarios de los Estados Unidos y, por lo tanto, pueden ser elegidos o nombrado de cualquier manera”, indicó Olson.


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