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Los CDT operaban con un presupuesto de $7.5 millones (horizontal-x3)
Los CDT operaban con un presupuesto de $7.5 millones. (GFR Media)

El presupuesto presentado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que se discutió hoy en vista pública, incluye una larga lista de dependencias gubernamentales que enfrentan reducciones presupuestarias, como el Departamento de Salud y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF).

Por ejemplo, el presupuesto de los Centros de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) del gobierno se rebaja a $0 tras un recorte de $7.5 millones y el Departamento de Educación enfrenta una reducción en gastos de funcionamiento de $29.6 millones y de $54.3 millones en nómina y costos relacionados.

Salud sufrió un recorte de $15.5 millones.

Dependencias como la Comisión de Derechos Civiles, la Comisión Estatal de Elecciones, la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, el Cuerpo de Bomberos, el Cuerpo de Emergencias Médicas, el Departamento de Asuntos del Consumidor, el Departamento de Recreación y Deportes, el malogrado Instituto de Ciencias Forenses y la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres también sufren recortes.

También enfrentan la tijera de la JSF la Oficina de Ética Gubernamental, la Oficina del Contralor, la Oficina del Contralor Electoral, la Oficina del Procurador del Ciudadano y el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente. 

La JSF recortó en $19 millones la aportación para que los policías se beneficien del Seguro Social. 

Toda esta información trascendió durante la primera vista del presupuesto en la Cámara de Representantes. El proceso es dirigido por el representante Antonio Soto, quien insistió en la potestad del gobierno de poder reconfigurar esas partidas para tratar de subsanar algunos de los recortes.

A preguntas de Soto, el oficial principal legal y regulatorio de la AFAFF, Mohammand Yassin-Mahmud, insistió en que la JSF no tiene la facultad de impedir que la Legislatura redirija estas partidas. 

"La política pública la establece el gobierno. La misma Ley Promesa le confiere al gobierno electo de Puerto Rico ese poder, no a a junta como tal. Lo cierto es que hay leyes aquí, locales, en Puerto Rico, que establecen la manera en cómo se administran los fondos", dijo.

"No tienen la facultad de decirnos dónde van los muebles", agregó al sostener que la JSF se excedería en sus poderes si intentara impedir que estas partidas sean modificadas.

Según el calendario impuesto por la JSF, la legislatura deberá aprobar el presupuesto para el 18 de junio, para luego se revisado por el ente fiscal. La versión final deberá estar lista para el 25 de junio.


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