El Secretario de Vivienda, Fernando Gil, busca la manera de ayudar a la comunidad con la asignación federal, pero explica que hay que hacer algunas modificaciones al plan ya que se amplio la zonas inundables.

Las comunidades del Caño Martín Peña pidieron hoy, en vistas públicas, que el Departamento de Vivienda aproveche el desembolso de $8,200 millones del programa de Desarrollo Comunitario para la Recuperación de Desastres (CDBG-DR, en inglés), para hacer justicia social a los 25,000 residentes y se cumpla con el plan de desarrollo comunitario redactado hace décadas.

Los residentes de las comunidades aledañas al Caño Martín Peña han aguardado, durante tres generaciones, por el dragado del cuerpo de agua, que se desborda cada vez que llueve, lo que provoca la inundación de sus hogares y escuelas.  

“Cada día son más las personas que están en riesgo de inundación, pero también infraestructura crucial para el país. Nos parecería un contra sentido que Puerto Rico reciba todos estos fondos de recuperación de desastres, y las comunidades del caño queden fuera”, expresó Lyvia Rodríguez, directora ejecutiva del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña.

El temor de las comunidades y organizaciones, que se expresaron en vistas públicas sobre el Plan de Acción CDBG-DR, es que el gobierno y sus municipios pongan en vigor planes que conllevan desplazamiento sin considerar las estrategias de desarrollo comunitario, que se han implementado desde hace décadas para realojar a las familias que viven en zonas inundables dentro de la propia vecindad. 

“De la manera en que está concebido, podría implicar el desplazamiento de nuestros vecinos”, sentenció Nayda Bobonis, joven del G-8.

En las ocho comunidades, que rodean el caño, se afectaron 1,200 casas después del huracán María, contó Bobonis.  “Queda un montón de gente sin tener estructuras dignas y habitables, así que de la manera en que está estructurado este plan, desplazaría a este montón de gente”, explicó. 

Carmen Villanueva, portavoz de Puerto Rico por el Derecho a la Vivienda Digna (Prodev), una coalición que agrupa a 45 comunidades, coincidió con el reclamo para que se tenga como primera opción la mitigación y no el desplazamiento o expropiación de la comunidad.  

En asamblea comunitaria, los residentes de estas 45 comunidades acordaron que se solicite al gobierno que atienda, con los fondos CDBG, treinta proyectos que quedaron pendientes a través del Fideicomiso de Comunidades Especiales como la construcción de viviendas, puentes y sistema pluvial y de agua potable

Durante la mañana, depusieron también la portavoz de la organización Ayuda Legal Puerto Rico, Inc., Mariel Quiñones; el presidente de la Asociación de Constructores, Emilio Colón, además del alcalde de Toa Baja, Bernardo Márquez, y el alcalde de Dorado, Carlos López Rivera.


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