A partir de hoy y hasta el miércoles, los educadores del país tendrán la oportunidad de avalar o rechazar el acuerdo que la Asociación de Maestros suscribió a mediados del mes pasado con la Junta. (semisquare-x3)
A partir de hoy y hasta el miércoles, los educadores del país tendrán la oportunidad de avalar o rechazar el acuerdo que la Asociación de Maestros suscribió a mediados del mes pasado con la Junta. (Ramón “Tonito” Zayas)

Si la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) logra que sus representados avalen el acuerdo con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), ese sindicato sería el primero en reservar para sí una tajada de los recursos que posee el gobierno y que se distribuirán en el plan de ajuste bajo el Título III de la ley federal Promesa.

El acuerdo no está escrito en piedra, pero a juicio de la presidenta de la AMPR, Aida Díaz, es un pacto que dará más certeza a  29,740 educadores en Puerto Rico, cuando  la jueza Laura Taylor Swain pase juicio sobre el plan de ajuste que busca modificar sobre $60,000 millones en obligaciones del gobierno central.

A partir de hoy y hasta el  miércoles, los educadores del sistema de enseñanza pública del país tendrán la oportunidad de avalar o rechazar el acuerdo que la AMPR suscribió a mediados del mes pasado con la JSF.

Si bien la discusión pública en torno al pacto se ha centrado en las pensiones de los educadores, en realidad, el acuerdo es la primera negociación de un convenio colectivo entre un sindicato y el ente federal que ha controlado las finanzas públicas de la isla por casi tres años. Como resultado, este acuerdo entre la AMPR y la JSF solo aplica a los educadores activos en el sistema de enseñanza pública y no a los maestros jubilados.

“Decidimos negociar tan pronto escuchamos que la Junta negociaba con los bonistas. Entendimos que el dinero de los maestros estaba en riesgo. Se nos consideró en el grupo de los (acreedores) no asegurados y, si no hacíamos algo, el bizcocho se lo dividen entre suplidores, bonistas y demás”, indicó Díaz a El Nuevo Día. 

Según Díaz, por no tener dinero suficiente, la AMPR acordó que la Federación Americana de Maestros (AFT, en inglés) negociara con el ente fiscal. Las negociaciones se prolongaron por espacio de un año, según la profesora.

¿Por qué se va a votar?

En la votación, los educadores representados sindicalmente por la AMPR tendrán la oportunidad de respaldar o rechazar un pacto que abarca tres áreas.

El primer asunto es un nuevo convenio colectivo que, en algunos casos, reafirma y, en otros, cambia ciertas cláusulas vigentes, como aquellas relacionadas con licencias, y acepta la posibilidad de que el gobierno entre en una nueva ronda de despidos, pero ante ese escenario, establece que prevalecería el principio de antigüedad. 

Además, se negoció aumentar la aportación patronal mensual al seguro médico de los educadores, de $120 a $170, y el seguro médico que se seleccione incluirá la cubierta de farmacia.

El segundo aspecto del acuerdo se centra en los criterios de elegibilidad para recibir una pensión y el momento en que se cerrará o congelará, en definitiva, el plan de retiro de los educadores que  todavía cotizan para una pensión bajo el Sistema de Retiro para Maestros (SRM).

El tercer asunto en el acuerdo establece, de manera novel,  que en caso de sobrantes presupuestarios, la JSF estará obligada a separar un 25% de ese  remanente al pago de pensiones de los educadores.

A preguntas de este diario, la líder de la AMPR explicó que, durante la negociación, el sindicato procuró -aunque sin éxito- mejores términos que lo pactado, y aseguró que, si bien el plan fiscal aprobado por la JSF incluye aumentos salariales, buscaron incrementar la paga que reciben los maestros. En particular, porque una vez se congele el plan de pensiones y los maestros activos comiencen a aportar a sus cuentas de retiro, los ahorros para la jubilación solo se nutrirán de las aportaciones que realice cada educador.

Díaz insistió en que, ya que el gobierno no ha presentado ninguna alternativa que impida la congelación del plan de pensiones, lo pactado con la JSF es mejor que el riesgo de quedar a expensas de la distribución de recursos que el ente federal hará en el plan de ajuste del gobierno central.

Sobre todo, de acuerdo con la presidenta de la AMPR, el pacto establece que, si algún otro grupo de trabajadores recibe mejores condiciones o beneficios en sus negociaciones con la JSF o el gobierno, esos términos se extenderían a la clase magisterial.

Lo que está en juego

La votación que la AMPR lleva a cabo esta semana no es vinculante porque la consulta definitiva es la que se requiere para aprobar el plan de ajuste del gobierno central. No obstante, Díaz explicó que el proceso en curso permitirá conocer el sentir de la clase profesional que representa. 

La AMPR estima que una tercera parte de los 29,740 educadores afectados por el acuerdo se expresarán y, una vez conozca su sentir, el sindicato estaría en mejor posición de firmar un pacto definitivo con la JSF que sería parte del plan de ajuste.

Tras conocer del acuerdo, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares arremetió contra la AMPR, alegando que su acción iría en detrimento de los pensionados.

Para la JSF, en cambio, el acuerdo con la AMPR podría ser decisivo. Mientras negociaba con la AMPR, el organismo fiscal hacía lo propio con el Comité de Retirados (COR). En el caso de los retirados, el grupo autorizado a negociar en los casos de Título III llegó a un acuerdo preliminar hace poco más de una semana. 

Según fuentes de este diario, aparte del COR y la AMPR, la JSF también negocia con otros sindicatos y podrían producirse otros acuerdos similares al de la clase magisterial. La JSF no ofreció comentarios acerca del pacto con la AMPR y tampoco confirmó si existe alguna otra negociación en curso con sindicatos.

Si los educadores avalan el pacto con la AMPR y el COR llega a un acuerdo definitivo, la JSF llevaría ante Swain un plan de ajuste que contaría con el apoyo de, al menos, dos de las clases de acreedores. 

Es decir, los maestros (uno de los grupos más numerosos entre los acreedores no asegurados) y el COR, que representa unos 167,000 jubilados del gobierno. En el caso del COR -y contrario a la percepción general- ese acuerdo atendería la principal acreencia del gobierno central. Ello, porque según el estado financiero del gobierno para el año fiscal 2016, la deuda neta en pensiones del gobierno central ronda unos $39,800 millones. La deuda por concepto de bonos del gobierno central bajo Título III rondaría los $17,000 millones.

Por el contrario, si la JSF no concreta tales acuerdos, podría estar forzada a llegar a un entendido con los bonistas de Obligaciones Generales en aras de presentar a Swain un plan de ajuste con el respaldo de, al menos, alguna clase de los acreedores.

El convenio colectivo

Díaz argumentó que la AMPR optó por negociar con la JSF un convenio colectivo con una duración de cinco años a partir de la vigencia del plan de ajuste porque el magisterio no ha logrado entablar negociaciones con el gobierno de Rosselló Nevares a esos efectos.

Explicó que, durante el 2016, la AMPR negoció un convenio colectivo con la administración de Alejandro García Padilla, pero entonces se logró un pacto a medias por las restricciones del período electoral. Las negociaciones, dijo Díaz, debieron reanudarse con el cambio de administración, pero  no ha sucedido.

“Lo que hicimos fue asegurar que, durante cinco años, esos beneficios y derechos no se tocarán independientemente de quién salga electo”, indicó Díaz.

“Es una vergüenza y es inaceptable”, dijo, por su parte, la presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico, Mercedes Martínez, cuando este medio le preguntó por el pacto.

Martínez, quien sostuvo que la votación que la AMPR ha puesto en curso es un proceso “amañado” y apresurado, sostuvo que el convenio colectivo negociado por la AMPR menoscaba derechos adquiridos. Ese sería el caso, por ejemplo, de la licencia de enfermedad. Según la educadora, el maestro acumulaba día y medio de enfermedad por mes tras la aprobación de la Ley 26 hace dos años. El acuerdo que impulsa la AMPR reduce ese factor a un día para todo maestro que ingresó al servicio público luego del 4 de febrero de 2017.

Martínez también sostuvo que el acuerdo con la JSF impondría un plan médico único para los educadores. Cuando se aprobó la Ley 158 de 2006, dijo Martínez, fue la AMPR, el gremio que abogó porque los maestros pudieran escoger el seguro médico de su predilección.

“El acuerdo dispone que se designará un comité para evaluar los planes médicos y estos serán presentados en una asamblea para que decida qué plan médico quiere”, explicó Díaz, al descartar que, con esa cláusula, se busque dar aire al seguro médico de la AMPR. 

A Martínez le pareció un escándalo saber que la AFT negoció con la JSF por espacio de un año y que no se informara antes a la clase magisterial.

El acuerdo entre la AMPR y la JSF establece que el organismo federal reembolsará a la AFT, los gastos incurridos para lograr el acuerdo. Hasta hace unas semanas, según la AMPR, los gastos rondaban $3 millones.

“Es una traición al magisterio que en ese año de negociaciones con la junta no se hubiera hecho una consulta para llevar propuestas”, dijo Martínez.

La educadora recordó que cuando se aprobó la Ley 106 de 2017 (que creó el sistema “PayGo”), la FMPR propuso unificar el SRM con la Administración de los Sistemas de Retiro y crear un fideicomiso que se capitalizaría con un nuevo impuesto a las corporaciones foráneas. Agregó que la propuesta del impuesto a las foráneas se presentó inicialmente en el 2016 y la Legislatura debería revivir esa iniciativa.

“Esa es una propuesta justa porque si han identificado impuestos para garantizar pagos a bonistas de Cofina (la Corporación del Fondo de Interés Apremiante) y lo mismo van a hacer con (la Autoridad de) Energía Eléctrica, aquí tiene que haber una fuente de pago para pagar las pensiones de los maestros”, dijo Martínez.

El retiro y $200 millones

En materia de retiro, el acuerdo entre la AMPR y la JSF, en esencia, confirma lo que ya es ley desde el 2014, cuando se modificó la fórmula y los criterios para la jubilación.

Sin embargo, según Díaz, uno de los aciertos de la negociación fue establecer mejores condiciones para aquellos maestros en el umbral de la jubilación (que todavía no cumplen con años de servicio o edad) y que estarían sujetos a la fórmula que se legisló para el 2014 en el momento en que se congele el plan de pensiones. En esos casos, explicó Díaz, el acuerdo ofrece una ventana de seis meses para que los maestros que cualifiquen completen su retiro. Esa ventana dependerá de la fecha de vigencia del plan de ajuste, pero el acuerdo parte de la premisa de que el plan de pensiones de los maestros se congelará en enero de 2020. 

Empero, el acuerdo con la JSF -que ha adoptado como reforma fiscal la política de cerrar todos los planes de pensiones del gobierno y convertirlos en planes de ahorro- elimina la pensión mínima de $400 al mes y la oportunidad de que el maestro pague por los meses o años que le faltan para cumplir con el requisito de años de servicio. Además, el maestro que no tenga 50 años de edad al momento en que se congele el plan de pensiones, tendrá que esperar tres años para retirarse. Quienes no tengan 50 años de edad o los años de servicio al concluir el período de seis meses para completar la jubilación, serán elegibles para retirarse al cumplir los 63 años de edad y 10 años de servicio.

“Aunque el plan se va a congelar, los maestros (menores de 50 años) van a poder cotizar al seguro social”, agregó Díaz al señalar que el plan de pensiones no podrá cerrarse en definitiva hasta que ese beneficio entre en vigor.

También se acordó compensar a los maestros por la pérdida de su pensión definida. A esos efectos, la JSF separará unos $200 millones para distribuirse entre todos los maestros, cuantía que se repartiría partiendo de una fórmula que considerará los años de servicio, dijo Díaz. Si esa cifra se dividiera a partes iguales en el universo de educadores activos, cada uno recibiría unos $29,000.

De otra parte, y en lo que sí parece un cambio en la postura de la JSF, el acuerdo entre la AMPR y el ente fiscal establece la creación de un fideicomiso para pagar las pensiones. El pacto contempla que en el plan de ajuste se capitalice el fideicomiso con una asignación de $175 millones hasta el año fiscal 2027, que saldrían del Fondo General, exclusivamente para el pago de las pensiones de maestros bajo el sistema “PayGo”. Dicho fideicomiso será administrado por un tercero independiente y los maestros tendrían un puesto en su cuerpo directivo.

Para la líder de la FMPR, en contraste, lo pactado por la AMPR no puede implementarse y solo condenará a los maestros activos a la indigencia, una vez se retiren.

“Aquí la junta y la Asociación pretenden legislar desde la corte federal”, dijo Martínez al explicar que lo pactado por la AMPR y la JSF implicaría modificar las leyes de retiro, algo que el ente federal y tampoco la AMPR, tienen autoridad para hacer.

Martínez no descartó que la FMPR tome acción legal, de ser necesario, pero indicó que Rosselló Nevares también podría intervenir, si en realidad, quiere defender las pensiones de los trabajadores.

En ese sentido, Díaz y Martínez coinciden en una cosa: en que Rosselló Nevares no les ha dado audiencia, no ha provisto una solución para evitar el cierre del plan de pensiones de la SRM ni ha procurado atender los retos que encaran los trabajadores de la educación.

El Nuevo Día solicitó al director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Christian Sobrino Vega, una entrevista acerca del acuerdo entre la AMPR y la JSF, pero no recibió respuesta.


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