El secretario de Educación, Eligio Hernández. (Ramón “Tonito” Zayas)

El secretario de Educación, Eligio Hernández, reveló hoy, martes, que no será hasta el año próximo que la agencia cuente con un síndico para el manejo de los sobre $1,535 millones en fondos federales que le fueron congelados a la agencia por el gobierno de los Estados Unidos.

Aun así, Hernández indicó que está confiado en que resulten varias alternativas que están negociando con el Departamento de Educación federal que le permitirían el uso limitado de los fondos, los que contienen una partida necesaria para garantizar los servicios de Educación Especial. 

“Estamos con varios procesos de negociación. Ellos (educación federal) han indicado que los servicios educativos no deberían verse afectados y que tienen una apertura para negociar con este servidor. Esperamos que todas nuestras gestiones tengan una solución afirmativa”, dijo Hernández.

El funcionario indicó que necesitan $275 millones para ofrecer los servicios de Educación Especial hasta el 30 de junio.

Entre las alternativas que dialogan con el gobierno federal, está el que les permitan el acceso a los fondos antes de ser nombrado el síndico, que la agencia pueda recibir el dinero destinado a áreas de servicio directo al estudiante o que reciban solo la partida necesaria para asegurar la prestación de servicios hasta el final del año académico.

A preguntas de por qué el retraso en la asignación de un síndico, Hernández indicó que espera tener para finales de este mes o la primera semana de noviembre las propuestas para el proceso evaluativo. La selección de los posibles proveedores debería ocurrir en diciembre.  

“Es un proceso competitivo de propuesta según requerido por el Departamento de Educación federal. Hay una serie de requisitos bastantes restrictivos, así que la convocatoria está abierta para todo Puerto Rico y todo Estados Unidos”, agregó el funcionario.

¿Puede garantizar que no se van a afectar los servicios de Educación Especial?, se le cuestionó.

“Tengo cuatro planes alternos a nivel estatal y cinco estrategias para trabajar a nivel federal. Estamos haciendo todo el esfuerzo para que los servicios no se vean afectados”, respondió el funcionario.

Hernández no precisó hasta que fecha puede garantizar los servicios de educación especial, según los fondos disponibles al momento.

Respecto a los $53 millones identificados en fondos estatales, producto de una redistribución de partidas en el presupuesto vigente, Hernández dijo que serán utilizados para evaluaciones y terapias de los niños de educación especial, donde existe una deficiencia de fondos. 

La gobernadora Wanda Vázquez también se mostró confiada en que Educación federal no aplique la exigencia de un síndico a todos los fondos federales que recibe la dependencia, sino a solo aquellos en lo que se había hecho “un señalamiento”. Hasta el momento, no ha habido cambio, reconoció.

“Estamos esperando (esa decisión). Mientras tanto, están paralizados (los fondos)”, afirmó la gobernadora.

Vázquez Garced reconoció que la imputación federal de corrupción contra la exsecretaria de Educación, Julia Keleher y, previamente, la convicción de Víctor Fajardo, drenó la confianza del Departamento de Educación federal y tuvo un gran peso para que decidieran exigir un síndico sobre Educación y, mientras tanto, congelar $1,535 millones.

“El caso de Julia Keleher hizo mucho daño, mucho, mucho daño en el sentido de la confianza de ellos (el Departamento de educación federal). Y eso lo vemos junto a lo que había pasado con Víctor Fajardo así que eso creó mucha desconfianza”, indicó la gobernadora a El Nuevo Día.

Sostuvo que pese a que acudió a Washington para abogar por el Departamento de Educación, no tuvo efecto. “Esa situación la enfrento una vez entro a la gobernación. Era ya un proceso que venía corriendo con el Departamento de Educación. Lo que hicimos fue que le dimos una alternativa. Le dijimos que era un gobierno nuevo (tras la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares)”, explicó.

Las expresiones de Hernández se dieron tras reunirse hoy, martes, con padres de niños de educación especial que protestaron frente a la sede de la agencia, en Hato Rey, ante la amenaza de que la agencia deje desprovista de servicios a la población.  “Como sociedad debemos comprender que la violación de los derechos de los niños de Educación Especial es un atentado contra la dignidad humana”, dijo Ruth Concepción, madre de un niño de educación especial.

“Esto es todos los años. Todos los años nosotros tenemos el mismo estrés, la misma confusión. Nosotros como padres damos el 100% y se supone que el gobierno haga su parte”, reclamó, por su parte, Jazmín Berríos, madre de dos niñas de educación especial de cinco y tres años, ambas diagnosticadas con autismo.

Relató que todas las noches se acuesta con el temor de qué pasaría con sus hijas si ella falta algún día. “La única garantía y la única esperanza de que mis hijas sean autosuficientes es gracias a las terapias y a esos servicios que se nos quieren negar”, añadió Berríos.

“Se nos va la vida y a nuestros hijos, las oportunidades. Mientras que al gobierno no les importa, porque primero está la política pública. ¿Qué clase de personas piensan de esa manera?  Los fondos de nosotros (educación especial) son muy importantes y hacen una gran diferencia en la vida de nuestros niños y de nosotros, porque nosotros vamos de la mano de ellos todo el tiempo”, sostuvo Berríos.


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