(horizontal-x3)
Uno de los sectores que podría afectarse con los cambios a los incentivos es la agricultura. (GFR Media)

El análisis para decidir en qué sector industrial el gobierno debe invertir y cuál beneficio debe eliminar se nutre de datos económicos que no han sido actualizados desde el 2002, cuando la economía puertorriqueña todavía crecía y la manufactura era una actividad económica mucho más dominante que en la actualidad.

Ayer, durante el primer día de vistas públicas en el Senado sobre el proyecto del Código de Incentivos, el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Laboy, admitió esa deficiencia, aunque indicó que el asunto fue subsanado siendo conservador en los análisis para cada industria.

“Yo tengo que bregar con los datos que tengo, y por eso fuimos conservadores en el análisis. Esto se va a revisar anual. En la medida que tengamos mejor data, tendremos mejor evaluación”, dijo Laboy durante una rueda de prensa al terminar la audiencia de ayer.

Específicamente, el problema está en la Junta de Planificación, organismo que en intervalos de cinco o 10 años se supone que actualice los datos que muestran el efecto que una industria tiene sobre otra.

La métrica establece, por ejemplo, cuántos empleos directos o indirectos puede crear una inversión en la construcción.

Además de que han pasado 16 años desde la última revisión de los multiplicadores interindustriales, la economía de Puerto Rico ha cambiado significativamente desde entonces con la caída de una buena parte del sector manufacturero, la depresión económica, la emigración de cientos de miles de puertorriqueños y el desarrollo de tecnologías digitales.

Esta falla estadística, que podría llevar al gobierno a medir erróneamente si un incentivo provee beneficios o no, fue traída a la atención de Laboy por los senadores Luis Berdiel y José Rafael Nadal Power.

Berdiel, presidente de la Comisión de Agricultura, le cuestionó al funcionario cómo se determinó que los incentivos agrícolas no provocaban beneficios para la economía y las finanzas del gobierno.

“El retorno de inversión fue negativo para la agricultura, de entre 0.19 y 0.25”, dijo Laboy tras explicar que, en el sistema que crearon, si el número es menor que uno, el incentivo no tiene un rendimiento positivo.

“¿Se tomó en cuenta el valor añadido?”, cuestionó Berdiel, del Partido Nuevo Progresista.

“La Junta de Planificación nos dio los multiplicadores para cada sector”, contestó el secretario.

“Eso es algo preocupante porque, hasta donde me dicen, esos números no se actualizan desde hace mucho tiempo”, indicó, por su parte, Nadal Power, durante su turno de preguntas.

Laboy indicó que este sería uno de los temas que atendería cuando se complete la reorganización de agencias, que pone a la Junta de Planificación bajo el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, que dirige.

La junta decidió

La presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, Migdalia Padilla, dedicó una buena parte de sus preguntas a auscultar el criterio que utilizaron para decidir a qué sector de la economía el gobierno iba a darle dinero y a cuál no.

Laboy insistentemente contestó que el Código de Incentivos que elaboraron se limita a compilar las leyes de beneficencia empresarial, equipar muchas de las dádivas y proveer criterios y mecanismos para que sean administradas en el futuro.

Sostuvo que, desde que se comenzó a estudiar el tema, se habló de reducir los incentivos a las empresas para poder pagar la reforma contributiva que querían legislar, pues el estatuto contemplado implica una reducción en la carga tributaria de una buena parte de los individuos y las corporaciones.

Según cifras publicadas por La Fortaleza, se estima que para el 2023, el costo de la reforma contributiva haya alcanzado los $843 millones.

El gobierno no llegó a tomar la decisión de qué incentivo mantener y qué beneficio eliminar. La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) tomó esa determinación, dijo Laboy. Los cambios, abundó, están reflejados en el presupuesto que actualmente revisa la Legislatura para el próximo año fiscal.

Golpe a los rones

La industria agrícola, los rones que se producen en Puerto Rico, la construcción, los hospitales y el turismo están entre las industrias que serán menos incentivadas en el futuro, según el plan fiscal certificado.

Laboy indicó que ya se ha reunido con representantes de los dos principales elaboradores de ron en Puerto Rico (Bacardí y Serrallés) y, ambas empresas han manifestado serias preocupaciones por el efecto que tendría en sus operaciones la ausencia del incentivo. El impacto sería de unos $75 millones para el año fiscal 2019, que comienza en julio.

Berdiel, por su parte, afirmó que los recortes en las empresas agropecuarias, por ejemplo, implicaría un retroceso en el desarrollo de este sector industrial. Los incentivos, que se tramitan a través de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias, básicamente se reducen a cero para el año fiscal 2020.

Estructura uniforme

Algunos de los beneficios que mantendrían las empresas se concentran en el área contributiva. El Código, por ejemplo, propone una serie de programas en los que las empresas pagarían una contribución sobre ingreso equivalente al 4% de sus ingresos netos. El periodo de vigencia de la dádiva también se limitaría a 15 años, con la opción de renovar el término en una ocasión.

Actualmente, la tasa máxima en Puerto Rico ha rondado el 39%. La reforma contributiva busca reducir esa tasa para compensar, de algún modo, por el alza tributaria que las manufactureras multinacionales con presencia en Puerto Rico tendrían en sus contribuciones federales.

Por otro lado, las subvenciones económicas o beneficios en efectivo a las empresas saldrían de un fondo que administraría el DDEC y que se nutriría de una décima parte de las contribuciones que paguen las empresas al gobierno.

Laboy indicó que ese Fondo de Incentivos de Desarrollo Económico estaría fuera del alcance del gobierno. Es decir, no podría ser usado por el Estado para subsanar alguna insuficiencia presupuestaria. El dinero sería exclusivamente reservado para el desembolso de los incentivos.

El portavoz de la minoría popular, Eduardo Bhatia, criticó la ausencia de criterios claros en el proyecto de ley que eliminen la “arbitrariedad” en el manejo de esos fondos. Interpretó que, como está escrita la iniciativa, se deja el manejo de este Fondo a la discreción completa del jefe del DDEC.

Laboy contestó, no obstante, que la idea es introducir esos criterios mediante legislación. Añadió que, en gran medida, la intención detrás de la propuesta del Código de Incentivos es quitar la subjetividad en la toma de decisiones en el manejo de los beneficios que se ofrecen a las empresas.

El funcionario afirmó que, para mejorar la transparencia, publicarán la información de los incentivos y decretos que otorguen bajo el nuevo Código, cuyos cambios son todos prospectivos y no afectan a las empresas que actualmente reciben algún tipo de ayuda gubernamental.


💬Ver 0 comentarios