Las compañías de seguros han estado bajo el ojo público desde el paso del huracán María en septiembre de 2017, tras enfrentar múltiples problemas para cumplir con los pagos a los aseguradores. (GFR Media)

El Departamento de Hacienda lanzó una solicitud de propuestas (RFP, en inglés) para contratar productores de seguros tras adoptar un nuevo procedimiento que presuntamente evitaría que, en el proceso, medien influencias políticas o el cabildeo de terceros, como parece ser la práctica desde hace décadas.

El cambio en el modo de contratación en el Área de Seguros Públicos (ASP) es impulsado por el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, y se produce al tiempo en que fuentes del sector de seguros han confiado a este diario que cuando la administración de Ricardo Rosselló Nevares llevó a cabo el primer RFP de productores de seguros de este cuatrienio, Katherine Erazo, ligada a las recaudaciones y finanzas del comité de campaña del exgobernador, habría “repartido” los contratos de ASP.

Según las fuentes, en esa dinámica también participó el empresario de seguros Marc Tacher, amigo de Rosselló Nevares.

Parés Alicea dijo desconocer si Erazo tuvo injerencia en el proceso de RFP que se dio para marzo de 2017, cuando Raúl Maldonado dirigía la agencia.

El Nuevo Día intentó comunicarse con Erazo, pero al cierre de la edición no había tenido éxito.

Por su parte, Tacher, presidente de Essential Insurance Service, describió como “totalmente falsos” los rumores en torno a su participación en la contratación de ASP.

Un productor o corredor de seguros actúa en representación del asegurado. Un representante autorizado suele vender los productos de las aseguradoras que represente. Las agencias generales suelen procurar los intereses de las aseguradoras, pues reciben de estas una comisión por allegarles negocios.

Entre otras cosas, el documento de RFP establece que los productores interesados deben evidenciar el volumen de primas que han gestionado por los pasados tres años, las contrataciones gubernamentales que han tenido y la licencia del productor debe tener -al menos- tres años de expedida por la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS).

El nuevo proceso de contratación de productores tiene como telón de fondo dos dinámicas.

Por un lado, Parés Alicea dijo a este diario que en el proceso de selección de productores de seguros había criterios “subjetivos” que parecían determinar qué entidades se contrataban y que tan pronto tomó la dirección de Hacienda, recibió señalamientos en torno a “dos o tres” productores que no habrían provisto apoyo adecuado a las agencias de gobierno en el proceso de reclamaciones tras el paso del huracán María. Al presente, decenas de agencias todavía no han cobrado sus reclamaciones a seguros privados.

Comisiones millonarias

De acuerdo con el Registro de Contratos del Contralor, desde el año fiscal 2017 al presente, Hacienda otorgó unos 29 contratos por $12.7 millones bajo la categoría de productor de seguros. Pero de ese universo, solo cuatro firmas cargaron con el 60% de los contratos partiendo de su cuantía monetaria: Bacó & Amador Matta, Edwin I. Rivera Brokers, Lone Star Insurance y Virtue Insurance Group.

Según el registro del Contralor, Bacó & Amador Matta recibió $2.6 millones en contratos de ASP. Edwin I. Rivera Brokers recibió otros $2 millones en contratos. Lone Star Insurance, fundada por Andrés Guillemard Ginorio, un veterano del sector de seguros afín al ideal estadista, recibió $1.6 millones. El cuarteto de las principales firmas seleccionadas por ASP lo completó Virtue, propiedad de Mary Jo de Soto, con contratos por $1.5 millones.

Partiendo del registro del Contralor, cuando Bacó & Amador y Virtue obtuvieron los contratos de ASP en marzo de 2017, fue la primera vez en que prestaban servicios de ese tipo a agencias de gobierno.

De acuerdo con Parés Alicea, anualmente, los productores cobran entre $8 millones y $9 millones en comisiones por gestionar los seguros de propiedad y contingencia que compran las agencias de gobierno. La comisión de los productores contratados por ASP promedia 6%.

Las fuentes que pidieron anonimato, por temor a represalias, explicaron que a pesar de que la normativa prohíbe que agencias generales compitan, reciban comisiones o pagos por los contratos de ASP, Bacó & Amador y Virtue tendrían acuerdos de negocios con las empresas de Tacher, lo que implicaría distribuir las comisiones de estos seguros.

Conexión directa a La Fortaleza

“Eso es totalmente falso. Esa alegación la he escuchado en el pasado y viene de personas que son mal intencionadas”, indicó Tacher, con voz firme, al agregar que las especulaciones buscan perjudicarle y a los productores que confiaron en su firma en medio del RFP en curso.

A preguntas de El Nuevo Día, Tacher reconoció que Essential posee una relación de negocios con tres de los productores seleccionados por ASP, entre ellos Bacó & Amador y Virtue.

Empero, el empresario con 40 años de experiencia indicó que tales acuerdos se produjeron después de que los productores fueron seleccionados por ASP. Tacher dijo repetidamente que, en ningún momento, medió o hizo gestión alguna para que estos fueran favorecidos y puso a la disposición de este diario los libros de su empresa.

A juicio de Tacher, los rumores en contra de su firma responden a la amistad que le une al exgobernador Rosselló Nevares.

“Somos amigos. Tuve la oportunidad de conocerlo a través de un amigo común. Lo apoyé como lo apoyaron miles de puertorriqueños, di dinero a su campaña, pero todo dentro del marco de la ley... era una amistad genuina y sincera”, sostuvo Tacher, al indicar que Essential ha hecho negocios con el gobierno que anteceden la llegada de Rosselló Nevaes a La Fortaleza.

Tacher también negó que hubiera recabado los servicios del exdirector de campaña de Rosselló Nevares, Elías Sánchez Sifonte.

Relación previa a ASP

De acuerdo con el Registro de Contratos del Contralor, Essential -como agencia general de seguros- ha suscrito unos 25 contratos con el gobierno en la pasada década, particularmente con municipios, para gestionar los planes médicos de los empleados públicos.

Para ofrecer ese servicio, Essential y Virtue poseen una relación de negocios desde 2014.

“La relación de negocio de Virtue y de Essential es de agencia general y productor/corredor de seguros. En Virtue, manejamos diferentes riesgos tales como salud, propiedad y contingencia, accidente, vida, misceláneos, entre otros”, dijo, por su parte, De Soto.

Según la ejecutiva, la reglamentación de seguros requiere que una firma como la suya toque a la puerta de una agencia general de seguros para obtener el producto que necesita el cliente.

“Cada aseguradora tiene sus guías de compensación según la línea de negocio que suscriban, las compañías aseguradoras son las que compensan directamente a la agencia general, Virtue ni ningún corredor de seguro interviene en dicha compensación”, explicó De Soto, quien posee sobre 25 años de trayectoria en el sector de seguros.

De Soto subrayó que su firma pondera competir en el proceso de RFP en curso y que no utiliza cabilderos o asesores que aboguen por Virtue.

Contratos por aportaciones políticas

Por décadas, El Nuevo Día ha reseñado que la contratación de productores de seguros ha sido una especie de botín para favorecer a personas conectadas con el partido en el poder.

Las fuentes aseguran que bajo la administración de Alejandro García Padilla, el productor Luis López Luna fue uno de los más favorecidos al obtener casi $2.8 millones en contratos. Se alega que López Luna tendría un vínculo cercano con Gerardo “Jerry” García Padilla, hermano del exgobernador popular.

En el caso de los contratos otorgados en 2017, según las fuentes, el otorgamiento de contratos pareció ser una recompensa por los esfuerzos de recaudación en favor de Rosselló Nevares.

Según las fuentes, Erazo fue una de las fuerzas recaudadoras del exgobernador junto a su yerno, Sánchez Sifonte y el ejecutivo Ernesto Sgroi, quien actuó como tesorero de ese comité político. Una vez Rosselló Nevares venció al excomisionado residente, Pedro Pierluisi, en la primaria a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), se produjo una especie depacto entre ambos grupos. Esto, luego que la campaña de Rosselló Nevares pidiera al equipo de Finanzas de Pierluisi que le ayudara económicamente.

Entre las personas a quienes el comité de Rosselló Nevares pidió apoyo figuraba Andrés Guillemard Noble, cuñado de Pierluisi, y el productor de seguros Edwin Rivera Malavé, presidente de Edwin I. Rivera Brokers. Sin embargo, las fuentes plantean que Rivera Malavé utilizaba su capacidad recaudadora tanto en el bando de Pierluisi como el de Rosselló Nevares y aseguran que entre el productor de seguros y Erazo existía una relación de negocios cercana.

En el caso de Rivera Malavé, en marzo de 2017, según reportes periodísticos y la cuenta de Twitter del exgobernador, Rosselló Nevares lo ascendió a coronel de la Guardia Nacional.

Busca frenar el uso de cabilderos

En una entrevista reciente con El Nuevo Día, Parés Alicea no explicó qué le motivó a establecer el nuevo procedimiento en ASP.

Destacó, sin embargo, que la selección de los productores estará en manos de un comité evaluador integrado por ASP, funcionarios de la OCS y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf). También, subrayó que el nuevo procedimiento prohíbe a los productores de seguros reclutar a cabilderos o similares para lograr la obtención de contratos o que terceros influencien el proceso de selección de estos profesionales.

Según el documento de RFP, la fecha límite para presentar propuestas es el próximo 30 de agosto. El comité debe evaluar las presentaciones durante los meses de septiembre y octubre, y firmaría los nuevos contratos entre los días 29 y 31 de octubre de 2019.

El Nuevo Día también intentó obtener una reacción de Amador y de Rivera Malavé, pero al cierre de la edición, no había recibido respuesta.


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