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Los vecinos de esta comunidad cifran sus esperanzas en una pieza senatorial que ordena el deslinde de la zona marítimo terrestre donde siempre han vivido.

Más que una obra de ingeniería, el deslinde de la zona marítimo terrestre en la comunidad Península de Cantera, en San Juan, es un proyecto de justicia social.

Así lo describen sus residentes, que llevan décadas esperando la demarcación con la esperanza de “obtener lo que toda familia desea”: títulos de propiedad.

“Lo que más le interesa a cualquier familia es tener un hogar seguro, pero también un pedacito de tierra que les pertenezca. Si logramos que se nos oiga y nos den los títulos de propiedad, las personas de Cantera estaríamos mucho más felices”, resumió Maggie Mojica, residente del sector Santa Elena.

La necesidad de títulos de propiedad quedó evidenciada tras el paso del huracán María hace casi 10 meses. Estimados de la Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera apuntan a que el 23% de las residencias de la comunidad –en la que viven 9,000 personas– se afectaron por el ciclón.

Según Francine Sánchez, directora ejecutiva de la Compañía, “muchos residentes” de las casas afectadas no recibieron ayuda monetaria post-María por carecer de títulos de propiedad. En consecuencia, aún no han podido hacer las mejoras requeridas en sus viviendas.

No cualificaron para los fondos de FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) ni para los préstamos de SBA (Administración federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa). Tampoco pudieron asegurar su propiedad a través de la empresa privada”, indicó Sánchez.

“No se les está haciendo justicia a los residentes que, por 26 años, desde que se creó la Compañía (por la Ley 20-1992), están pidiendo los títulos”, agregó.

Trámite legislativo

Los vecinos de Cantera han cifrado sus esperanzas en una pieza legislativa que le ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) realizar el deslinde de la zona marítimo terrestre en Cantera.

Se trata del Proyecto del Senado 931, que fue aprobado a viva voz en ese cuerpo, el mes pasado, al cierre de la sesión ordinaria. Por motivos que hasta ayer se desconocían, la medida no fue a votación y su aprobación final quedó pendiente hasta la próxima sesión, que inicia en agosto. La medida fue radicada el 4 de mayo por el senador Miguel Romero, por petición de la Compañía.

De convertirse en ley, el DRNA tendría 90 días para hacer, en conjunto con la Compañía, el deslinde en el litoral de Cantera. De hecho, sería la Compañía la que realizaría y presentaría el plano de deslinde.

En esencia, dicho plano reflejaría la alineación proyectada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos para el dragado del caño Martín Peña, así como la franja para el desarrollo del Paseo Parque Lineal de Cantera con sus elementos principales (áreas verdes, aceras y vías de rodaje).

A tono con el Plan de Desarrollo Integral de la Península de Cantera –que presenta los objetivos y guías de desarrollo físico, social y económico de lacomunidad–, los factores que demarcarían el deslinde de la zona marítimo terrestre serían el límite del Paseo Parque Lineal hacia el litoral y el cumplimiento con el nivel mínimo de elevación del terreno de 0.80 metros sobre el nivel del mar.

“El Paseo Parque Lineal, el cual será de uso público, servirá como franja de vigilancia y salvamento litoral. Más aún, el deslinde respetará los segmentos del litoral que están ocupados por manglares que aún existen, así como las franjas verdes propuestas tanto para la canalización del caño Martín Peña como para el Paseo Parque Lineal”, dice el proyecto.

Añade que, una vez adoptado y certificado el deslinde por el DRNA, todos los terrenos dentro de la franja del Paseo Parque Lineal serían declarados como patrimoniales del Estado, bajo la titularidad de la Compañía.

A partir de 90 días, la Compañía obtendría la titularidad de los terrenos sobre lo que no se haga el ejercicio de concesión de títulos. La Compañía, a su vez, transferiría la titularidad de esos terrenos según los desarrollos y usos aprobados en el Plan de Desarrollo.

Promueven realojos

“La gente de Cantera está pidiendo que se le dé continuidad a lo que ya se trabajó con las agencias federales y el G-8”, dijo el ingeniero y asesor de la Compañía, Alfredo Pérez Zapata, en referencia al deslinde de la zona marítimo terrestre en las ocho comunidades aledañas al caño Martín Peña.

Pérez Zapata resaltó que, si el deslinde no se realiza como estipula el proyecto, unas 500 viviendas estarían en la zona marítimo terrestre.

“Pero no estamos hablando de comunidades que están metidas en el fango. Tampoco son casas en zancos. Son casas son sistema pluvial, eléctrico y de comunicaciones; comunidades funcionales como cualquier otra. Tienen que ocurrir eventos bien significativos para que se inunden”, afirmó.

Si el deslinde se realiza como mandata el proyecto, las viviendas en la zona marítimo terrestre se reducirían “grandemente”, y la meta de la Compañía es realojar a esas familias. Hasta ahora, 225 familias han sido realojadas y otras 30 están en proceso.

“Las personas tienen conocimiento de que serán realojadas y están de acuerdo”, expresó, por su parte, Sánchez. Explicó, no obstante, que los realojos han quedado prácticamente detenidos tras “perderse los fondos” que la Compañía tenía, a través de una línea de crédito, con el extinto Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

“Comunidad modelo”

Entretanto, Sonia Ramos, residente del sector Bravos de Boston y representante del Consejo Vecinal Pro Desarrollo de la Península de Cantera, se expresó confiada en que el proyecto recibirá el aval legislativo y el Ejecutivo lo firmará. “Es bien importante que se resuelva este asunto para los vecinos de Cantera que, como yo, no tenemos título de propiedad”, sostuvo.

Siguiendo la misma línea, Mabel Román, vecina del sector Corea, insistió en que “se trata de un asunto de justicia social. Somos una comunidad centenaria; una comunidad modelo en términos de autogestión y de sentarse a negociar con el gobierno, la empresa privada y con nosotros mismos”.

“El hecho de que la zona marítimo terrestre no se delimite, como necesitamos y merecemos, es que no podemos ni hacer mejoras en nuestros hogares. Estamos atrapados y sentimos que es un trato injusto y desigual frente a las demás comunidades que comparten el caño Martín Peña”, dijo.

Por su parte, Norma Andino, residente de Santa Elena y presidenta del proyecto Apoyo Empresarial para la Península de Cantera, señaló que no solo se trata de ganar la titularidad sobre un espacio físico, sino de tener “tranquilidad emocional”.

“Cuando se tiene ese título, emocionalmente uno se siente mejor. Es algo que trae más seguridad como ser humano y te motiva a hacer otras cosas. Aquí hay mucha gente que, solo por el hecho de vivir en una barriada, ya tiene baja autoestima. Pero, cuando tienen el título de propiedad, se motivan a arreglar sus casas y se sienten mejor hasta que llegan a un área de confort”, puntualizó.


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