Un gran jurado presentó una acusación contra tres personas que presuntamente operaban un negocio de venta de armas de fuego sin licencia, utilizando como puente el estado de Massachusetts y Puerto Rico.

El jefe de la Fiscalía federal, William Stephen Muldrow, confirmó la formulación de cargos junto a los titulares de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y del Servicio de Inspección Postal (USPIS) en Miami, Jason Stankiewicz y Bladismir Rojo, respectivamente.

Los acusados fueron identificados como José M. Ayala Rivera, su hermano materno Erick Osorio Rivera, y la esposa de este último, Bianca Vidal Vázquez Millán.

Según la acusación, entre octubre de 2024 y hasta agosto de 2025, los acusados, sin ser importadores, fabricantes, distribuidores o coleccionistas con licencia, conspiraron intencionalmente para transportar y recibir en Puerto Rico armas adquiridas en Massachusetts.

“El objetivo del esquema era utilizar el Servicio Postal de Estados Unidos para transferir, intercambiar, entregar y transportar de manera encubierta armas compradas u obtenidas fuera de Puerto Rico a personas residentes en la isla”, reveló la Fiscalía federal en el parte de prensa.

Según el pliego, Osorio Rivera y Vázquez Millán adquirían las armas en Massachusetts, donde residían, y coordinaban su envío a la isla mediante el servicio Priority Mail del Servicio Postal. En tanto, Ayala Rivera recibía las armas y las almacenaba en una residencia.

La Fiscalía federal confirmó que los tres acusados enfrentan un cargo cada uno por el delito de conspiración para recibir armas de fuera del estado, transferir armas fuera del estado y enviarlas a través de un transportista común sin notificación escrita.

Además, Osorio Rivera y Vázquez Millán enfrentan un cargo adicional por el envío de un arma sin notificar al transportista. De ser hallados culpables, cada uno podría enfrentar hasta cinco años de prisión.

Los fiscales federales auxiliares Pedro Casablanca y Jeanette M. Collazo Ortiz, jefa de la Sección de Crímenes Violentos, están a cargo del caso.

La Fiscalía federal indicó que la acusación formal constituye una alegación, y todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable.