Rafael "June" Rivera dijo que cuenta con los votos de la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP), con excepción del representante Néstor Alonso. (Vanessa Serra Díaz)

El representante y autor del proyecto que crearía la nueva Ley de Educación Especial, Rafael “June” Rivera, aseguró hoy, domingo, que cuenta con los votos para que la medida pase mañana el cedazo de la Cámara de Representantes a pesar de la oposición de diversas voces.

Rivera dijo que cuenta con los votos de la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP), con excepción del representante Néstor Alonso. “Reorganiza Educación Especial para que sea más eficiente. El pueblo está claro que Educación Especial necesita un cambio dramático”, sostuvo.

“Aprobar dicho proyecto ocasionaría un daño irreparable e irremediable en nuestra comunidad”, advirtió, en cambio, Carmen Warren del Comité Timón de Madres y Padres de Educación Especial.

El proyecto de la Cámara 1945 es un sustituto del proyecto original que fue vetado por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares por el supuesto impacto fiscal de $94 millones que implicaba su implementación.

La nueva medida, explicó Rivera, contiene una aseveración de que la ley no tendrá un impacto económico. El viernes, añadió, se reunió con la gobernadora Wanda Vázquez Garced, quien como secretaria de Justicia había avalado el proyecto.

Rivera indicó que también se reunió con el secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez. En agosto, durante una segunda reunión con el funcionario, indicó que Hernández le confirmó que la medida no tiene impacto fiscal y que el Departamento erró en los números que les dio a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“Más que una nueva ley...la agencia necesita el compromiso de las ramas del Gobierno...para que le sean asignados los fondos que nuestros niños necesitan”, reclamó Warren a través de una carta.

La propuesta, entre otras cosas, estipula que los jueces administrativos que hoy son nombrados por el secretario de Educación sean nombrados por el gobernador o gobernadora de turno y que sean confirmado por el Senado. El cambio busca una mayor independencia de estos funcionarios.

Igualmente, promueve que el secretario asociado de Educación Especial sea nombrado por el gobernador o gobernadora al mando.


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