El salario de los jueces asociados del Supremo aumentaría en $53,000 para devengar $173,000. (GFR Media)

Mientras en Puerto Rico alrededor de 300,000 personas cobran el salario mínimo federal de $7.25 la hora, la presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, logró que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, radicara un proyecto de ley por petición para aumentarle el salario a todos los jueces.

Rivera Schatz dijo esta mañana en una entrevista en Noti-Uno que radicó la medida como también lo hizo con el proyecto por petición de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para derogar la Ley 80 de Despido Injustificado. No dijo si la medida recibirá vistas públicas o si será aprobada.

El Proyecto del Senado 1444 incluye un ajuste salarial automático de 2% que entrará en vigor el 1 de julio de 2025 y que se implementaría cada cinco años.  También sostiene que el dinero requerido para cumplir con los incrementos saldrá del presupuesto anual de la Rama Judicial, pero no se incluye un cálculo de cuánto sería ese impacto fiscal.

La pieza legislativa preparada por la Rama Judicial sostiene que los salarios de los jueces no han sido revisados hace 17 años y que la judicatura del país es la peor pagada en todos los estados y territorios de Estados Unidos y que el aumento salarial es necesario para "asegurar una judicatura robusta e independiente".

El proyecto dispone que el juez o jueza presidente del Tribunal Supremo recibirá un aumento de $58,000 para ubicar su salario en $183,000. En el caso de los demás jueces asociados del Supremo, su salario aumentaría en $53,000 para devengar $173,000.

Los jueces del Tribunal de Apelaciones, de aprobarse el proyecto, ganarían $40,000 adicionales para un salario anual de $145,000. Mientras, los jueces Superiores recibirían un incremento de $30,400 que los llevaría a ganar $120,000 anuales.

Finalmente, en el caso de los jueces municipales, pasarían de ganar $69,600 a $90,000.

La pieza legislativa, que entraría en vigor el 1 de enero del 2020, también deja sin efecto la regla que dispone que, en la medida en que se aumentan los salarios de los jueces se tienen que incrementar los salarios de otros empleados no judiciales de la Rama Judicial. 


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