(GFR Media)

El Departamento de Salud, la Puerto Rico Obstetrics and Gynecology (PRGYN) y el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico se opusieron esta mañana -o solicitaron que se posponga su evaluación- a un proyecto de ley del senador independentista Juan Dalmau Ramírez que busca crear la nueva Ley para el Acceso a la Información de Estadísticas de Partos en Puerto Rico.

La pieza legislativa, evaluada en una vista pública por la Comisión de Salud del Senado, ordena a cualquier instalación médica en la que se realicen partos a enviar a Salud informes trimestrales en que detallen el número de partos, cuántos son vaginales, inducidos y el número de cesáreas, con un perfil detallado de cada parto.

El Proyecto del Senado 363, radicado el 6 de marzo de 2017, ordena a cualquiera de estas instituciones, al igual que ginecólogos obstetras, a mantener disponibles a cualquier paciente el informe que le corresponda sobre las estadísticas antes mencionadas.

En la exposición de motivos de la medida se establece que en el 2007 se alcanzó una tasa de cesáreas en Puerto Rico de 49.2%, cuando la Organización Mundial de la Salud ubica esa estadística, como aceptable, entre 10% y 15%. Según PRGYN, el 46.2% de los partos el año pasado fueron cesáreas, de las cuales 29.7% son cesáreas primarias, que es cuando una mujer la solicita, sin tener una anterior o sin que haya necesidad médica para ello.

En una ponencia de Salud leída por los doctores Nilda Ortiz y Fernando Villar, la agencia plantea que un obstetra podría tener una tasa más alta de cesáreas precisamente porque atienda embarazos de alto riesgo. También refuta alegaciones de la exposición de motivos, como que el 55% de las cesáreas “no tienen ninguna justificación médica” y que el 77% de las mujeres sometidas a cesáreas no presentan factores de riesgo en su cuidado prenatal. La agencia, sin embargo, reconoció desconocer las razones por la alta tasa de cesáreas.

Según Salud, una alianza entre la agencia, March of Dimes, la Asociación de Hospitales y la sección de Puerto Rico del Congreso de Obstetras y Ginecólogos, conocida como Hard Stop, busca reducir las inducciones electivas, de las cuales algunas terminan en cesáreas. Para el 2013 el 65% de los obstetras reportaros que en sus hospitales se implantaba la iniciativa y que consiste, entre otras cosas, en que no se autorizan las inducciones a menos que tenga una indicación médica.

Salud mencionó otras dos iniciativas para atender el problema: la aprobación de las Guías Preventivas Preconceptivas y Prenatales, que servirán de política pública y la creación de un Sistema de Vigilancia de Mortalidad Materna.

En el caso de PRGYN, plantea que el banco deestadísticas que propone crear Dalmau Ramírez con su proyecto ya existe y se recopila a través del Registro Demográfico, que está adscrito al Departamento de Salud.

“El Estado conoce la ocurrencia de todas las cesáreas en Puerto Rico porque los obstetras ginecólogos y los hospitales de Puerto Rico tienen que reportar esa data al Departamento de Salud”, reza la ponencia de PRGYN, firmada por su presidente, Nadal J. Bracero y su asesora legal, Linette Sánchez.

La organización sin fines de lucro sí presentó una serie de explicaciones para el aumento en cesáreas como el monitoreo fetal intraparto, la pérdida de habilitadores para realizar algunos procedimientos con el empleo del fórceps o la atención de partos vaginales no cefálicos, así como los cambios que se han dado en las recomendaciones del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología. Otras razones incluyen instancias en que el bebé está colocado presentando los glúteos, la práctica de no realizar partos vaginales luego de cesáreas y la práctica de inducción electiva del partos.

Según PRGYN, el proyecto es una persecución “maliciosa” contra los pocos ginecólogos obstetras en la isla y que ignora que la cesárea puede ser un procedimiento necesario para salvar y/o proteger la vida de un bebé o la madre.

Por su parte, el Colegio de Médicos Cirujanos también planteó que el alcance del proyecto está contemplado ya en la Ley de Registro Demográfico. La institución planteó, además, que un estudio del Departamento de Salud Federal conocido como Healty People 2020, se establece que para ese año se debe tener un porciento de cesáreas primarias en pacientes de bajo riesgo de 23.9% y un porciento de cesáreas secundarias de 81.7%. Puerto Rico está a 5.8% de alcanzar el porcentaje ideal en cesáreas primarias.

Al defender su proyecto, Dalmau Ramírez rechazó que esté generalizando en cuanto a la conducta que supuestamente les atribuye a los obstetras en el país, pero que considera “alarmante” un supuesto patrón denunciado por organizaciones que defienden los derechos reproductivos de las mujeres y que le han planteado que existe una práctica en que los obstetras se resisten en divulgar sus estadísticas de partos vaginales vs. cesáreas.

“La idea de este proyecto es que, si la paciente nota un alto nivel de cesáreas, pueda preguntar”, dijo. “No todas las mujeres conocen que pueden tener acceso a las estadísticas en el Registro Demográfico”.

“Precisamente lo que persigue la medida es que haya una base de diálogo para que se pueda hablar de esos factores que se desconocen”, insistió.


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