La Legislatura tiene ante sí medidas para investigar temas que van desde las condiciones de las instituciones correccionales hasta los fondos para impulsar el desarrollo del deporte. (GFR Media)

El Senado ha aprobado -al menos- 363 resoluciones de investigación en lo que va de cuatrienio, y solo ha completado 70 de esas pesquisas, lo que representa apenas el 19% del trabajo ordenado por los propios senadores.

El dato se desprende de un análisis realizado por El Nuevo Día de las resoluciones sometidas entre el 2 de enero de 2017 y el 5 de junio de 2019 que fueron aprobadas por el Senado. La Cámara alta mantiene, al menos, 293 investigaciones sin completar hasta la fecha de esta publicación, de acuerdo con el registro del Sistema de Información del Trámite Legislativo de la Oficina de Servicios Legislativos.

El senador Carmelo Ríos, portavoz de la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, señaló que el atraso en las investigaciones corresponde en gran medida a la falta de atención o seguimiento por parte de los presidentes de las distintas comisiones a las resoluciones aprobadas y referidas a ellos.

Destacó que los presidentes tienen “amplia discreción” respecto a su agenda de trabajo.

El análisis que realizó este medio reveló que, al igual que mostró una investigación sobre los procesos en la Cámara de Representantes, hay medidas radicadas por senadores que responden a sucesos que capturan la atención pública y mediática, pero en el camino los asuntos que se pretenden investigar no se atienden con la misma rapidez con la que se someten las resoluciones.

Un ejemplo de ello es la Resolución 910, presentada por el senador Luis Daniel Muñiz el 29 de octubre de 2018, para ordenar a las comisiones de Seguridad Pública y de Salud del Senado realizar una “investigación exhaustiva referente a los protocolos de seguridad establecidos en las instituciones hospitalarias públicas y privadas de Puerto Rico”.

En la exposición de motivos, la medida hace referencia al asesinato de un hombre recluido en una institución hospitalaria que “conmocionó a toda la isla” el 2 de agosto de ese año. Sin embargo, no fue hasta el 20 de junio de 2019 que la resolución fue llevada a votación, aprobada y referida a las comisiones, sin que haya ocurrido ningún otro trámite, según el registro.

Las comisiones en cuestión son presididas por el senador Henry Neumann y el senador Ángel “Chayanne” Martínez, respectivamente.

Otro ejemplo es la Resolución 624, sometida el 13 de febrero de 2018 por la senadora Itzamar Peña, en coautoría con la entonces senadora Zoé Laboy. La medida fue aprobada el 7 de mayo de ese año y ordenó a la Comisión de Asuntos de la Mujer realizar una “exhaustiva y profunda investigación sobre la incidencia de muertes de mujeres por violencia y cómo la Policía de Puerto Rico está llevando a cabo los procesos de investigación para esclarecer los mismos; así como para su clasificación en términos de las estadísticas”. La misma senadora Peña preside dicha comisión.

En su exposición de motivos, la resolución menciona datos revelados por un informe periodístico en relación con la violencia contra las mujeres y reconoce que “la violencia doméstica continúa siendo uno de los problemas sociales más serios que existe en Puerto Rico”. Pero no fue hasta el 5 de febrero pasado que se realizó la primera vista pública sobre la medida.

Menos de un mes antes, una mujer fue asesinada en Hormigueros, otra en Santa Isabel y una tercera en Naguabo. Dos días después de la vista, se sumó el cuarto asesinato de una mujer, en Río Piedras. La Comisión de Asuntos de la Mujer realizó otra vista pública el 26 de febrero de este año y no hay más trámites en el Sistema de Información.

Hay otras medidas en curso, por ejemplo, sobre impacto ambiental y la salud de la ciudadanía, como la Resolución 727 del senador Larry Seilhamer, en coautoría con los legisladores Carlos J. Rodríguez Mateo y Juan M. Dalmau.

La medida aprobada el 16 de mayo de 2018 ordenó a la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales realizar una “investigación abarcadora sobre los hallazgos del Informe Anual de Monitoreo de Aguas Subterráneas de 2017 realizado por DNA-Environmental LLC, en el área de la planta de AES en Guayama, así como la determinación de transportar miles de toneladas de cenizas fuera de la isla”. Esa comisión la preside Rodríguez Mateo.

La exposición de motivos cita los “hallazgos de contaminación en las aguas subterráneas en el área de almacenamiento de Agremax de la planta AES, en Guayama. El estudio realizado en el 2017 por DNA-Environmental, LLC indica la liberación de altas cantidades de sustancias peligrosas al agua subterránea que se está desplazando del lugar”.

Rodríguez Mateo indicó que la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales realizó tres vistas públicas. “Trajimos a la academia, diferentes académicos para analizar parte de esos resultados, trajimos a Recursos Naturales, la Junta de Calidad Ambiental y el Departamento de Salud”, precisó el legislador de mayoría.

Pero dijo que la compañía que hizo el estudio, que describió como la parte más importante, no ha comparecido ante la comisión. “En cuatro ocasiones, nos hemos comunicado con la compañía y nunca nos han enviado ni las ponencias ni los resultados de ese estudio”, aseguró. Más de un año después de la aprobación de la pieza, no ha habido un informe al respecto.

Entre las investigaciones inconclusas asignadas avarias comisiones, hay medidas relacionadas con la agricultura, el estado de los embalses de agua a través de la isla, las escuelas en desuso, el estado de los puertos de Mayagüez y Ponce, la incidencia criminal, el pago de horas extras a los miembros de la Policía, los protocolos y estadísticas sobre personas desaparecidas, el abuso a los adultos mayores, los pagos de las aseguradoras por servicios médicos, y sobre la dificultad de los estudiantes para costear sus estudios universitarios.

También hay investigaciones sin completar sobre el estado físico de las instituciones penales del país, las condiciones de vida de los confinados y el funcionamiento del Programa de Salud Correccional, el progreso de los programas de rehabilitación, y hasta el plan de traslado de confinados hacia otras jurisdicciones en Estados Unidos.

Sin atender medidas sobre huracanes

Tras el impacto de los huracanes Irma y María en el 2017, el Senado aprobó 34 resoluciones investigativas con relación a asuntos como la migración luego de los ciclones, pero solo ha culminado siete.

El 12 de marzo de 2018, el senador Miguel Laureano radicó la Resolución 671 para ordenar a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura -que dirige el propio legislador- realizar una investigación “exhaustiva” sobre los efectos de la erosión o pérdida de sedimentos en las costas de Puerto Rico.

La medida se aprobó el 11 de junio de 2018 y ese mismo día fue referida a la mencionada comisión. Posteriormente, el 17 de agosto del pasado año, se llevó a cabo una inspección ocular en Barceloneta, pero no se realizó ningún otro trámite con relación a la medida.

Con el transcurso de los meses, la erosión costera se ha convertido en uno de los principales problemas que enfrenta el país, mientras, en la Legislatura, la medida para examinar ese fenómeno lleva más de un año sin ser atendida.

Otra medida en suspenso es la Resolución 471, de la autoría del senador Ríos, radicada el 25 de octubre de 2017 y aprobada el 5 de febrero del año siguiente.

La resolución ordenó también a la Comisión de Innovación investigar los requisitos de construcción de viviendas nuevas, “con el propósito de corroborar si las mismas son aptas y seguras ante el paso de algún huracán de categoría mayor por Puerto Rico”, y si es necesario enmendar los códigos de construcción vigentes para establecer requisitos para viviendas más seguras y resistentes. Hubo una vista pública el 2 de octubre de 2018 y no se registró ningún trámite adicional hasta el 19 de agosto, cuando se enmendó laresolución para extender el plazo para entregar el informe final.

Ríos reconoció que este tipo de medidas adquieren relevancia cuando ocurren eventos relacionados, como la cercanía del huracán Dorian en su trayectoria por el Caribe y el Atlántico hace casi dos semanas.

“Dorian, aunque fue un susto, movió una vez más la discusión senatorial”, sostuvo.

Aunque puntualizó la discreción que tienen los presidentes de comisiones legislativas, Ríos reconoció que no había tenido una conversación reciente con el senador Laureano, quien encabeza el organismo encargado de la investigación. “Pero te garantizo que después de esta entrevista la voy a tener”, dijo.

Entre las resoluciones que se han quedado en el aire, hay otras medidas de investigación sobre asuntos como el estatus administrativo, operacional, laboral y de adiestramiento de los miembros del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas, los planes del gobierno para atender a los pacientes de diálisis en caso de que ocurra un desastre natural u algún otro evento catastrófico, el impacto en la industria avícola, el impacto en la industria turística y el estado de instalaciones deportivas, entre otras.

No se salva el deporte

En octubre de 2017, el senador Axel Roque Gracia radicó la Resolución 476 para ordenar a la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes -la cual él mismo preside- realizar una investigación sobre las condiciones en que se encontraban las instalaciones deportivas y recreativas tras el paso de María y analizar las políticas públicas para acondicionarlas.

La medida se aprobó el 5 de febrero de 2018 y hasta mayo pasado se habían realizado siete inspecciones oculares. No obstante, la comisión no ha presentado ningún informe sobre la investigación.

Roque también radicó en marzo de 2018 la Resolución 655 para ordenar a la misma comisión realizar una investigación en torno a la “difícil situación fiscal del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) que afecta a la delegación” que nos representaría entonces en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, Colombia. La medida tenía como fin promover soluciones legislativas, identificar recursos privados y gubernamentales que permitieran inyectar dineros al Fondo de Atleta a Tiempo Completo, así como al Comité Olímpico de Puerto Rico.

La resolución se aprobó el 28 de junio del mismo año y se refirió a la Comisión, pero no se ha realizado ningún otro trámite. Los Juegos Centroamericanos en Colombia se celebraron del 19 de julio al 3 de agosto de 2018.

El mes pasado, el presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, José Quiles, aceptó que el uniforme rojo que utilizó el equipo campeón en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 se lleva usando desdeel 2007 debido a problemas económicos.


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