La gobernadora Wanda Vázquez Garced aseguró hoy que se encuentra identificando fondos y auscultando alternativas que mitiguen el impacto que tendría en las finanzas de los ayuntamientos la derogación de la Ley 29 que exime a los municipios de las aportaciones que hacen al Plan de Salud del Gobierno y al sistema de retiro PayGo, que sufraga las pensionesque reciben los jubilados del servicio público en la actualidad.
Vázquez Garced rehusó ofrecer detalles de estas alternativas que examinan. Manifestó, sin embargo, que ya han identificado algunos fondos para ayudar a mitigar el impacto. Hoy el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) advirtió que unos 35 municipios quedarían en bancarrota si se elimina este estatuto.
“Sin duda alguna una decisión adversa a la Ley 29 tendría un impacto devastador en muchos municipios. Esa es una realidad. Por eso nosotros, en coordinación con los municipios, nos hemos mantenido auscultando vías alternas en caso de que eso suceda. Esperamos la decisión de la jueza. Quizás no haya muchas expectativas de que prevalezca la ley, pero tenemos alternativas en caso de que tengamos una decisión adversa”, dijo la gobernadora durante una conferencia de prensa en un mercado agrícola en Bayamón.
El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, por su parte, recalcó una de las alegaciones que hizo el CRIM ante la jueza Laura Taylor Swain, que preside los casos asociados a la bancarrota del gobierno de Puerto Rico, a los efectos de que un fallo adverso afectará el ya consumado acuerdo de reestructuración de la deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).
Específicamente, el ejecutivo municipal dijo que la quiebra de una treintena de ayuntamientos impediría que se paguen los préstamos o bonos municipales que forman parte de esa reestructuración de la deuda pública. El funcionario indicó que una merma en los servicios municipales podría provocar nuevas olas migratorias y reducir los valores de las casas y otras edificaciones en los municipios afectados reduciendo así las contribuciones que se cobran y, por ende, lo que reciben los bonistas como repago al dinero que prestaron.
“Es importante llevarle eso a la juez en el sentido de que cualquier decisión tendría un problema mayor a la misma Junta Fiscal”, dijo el alcalde.
