La senadora Zoé Laboy (semisquare-x3)
La senadora Zoé Laboy.

La senadora Zoé Laboy confirmó hoy, jueves, que este próximo lunes presentará un informe negativo del proyecto de libertad religiosa ante los miembros de la Comisión de lo Jurídico en el Senado.

No obstante, minutos después de sus declaraciones a través de las redes sociales, el gobernador Ricardo Rosselló solicitó que el proyecto, así como el que buscaba prohibir las terapias reparativas, fueran retirados.

“Mi determinación está basada en que de los casi 30 deponentes, la gran mayoría fue en contra con unos argumentos bien válidos y todos concluyen que estos proyectos son innecesarios, porque la libertad religiosa está garantizada por la Constitución…e inclusive por la reforma laboral que nosotros mismos aprobados…y, además, de que cómo está redactado abre la puerta al discrimen”, señaló Laboy en entrevista con El Nuevo Día.  

Para poder emitir un informe negativo sobre la medida, sin embargo, Laboy tendría que contar la mayoría de los votos de los ocho miembros de la Comisión. El organismo está compuesto -además de Laboy- por los penepés Evelyn Vázquez, Itzamar Peña, Luis Berdiel, Migdalia Padilla y Miguel Romero, así como el popular Miguel Pereira, el independentista Juan Dalmau y el independiente José Vargas Vidot.

Pereira, Dalmau y Vargas Vidot ya habían informado que votarían a favor del informe negativo que presentaría Laboy. “Si consigo los votos para el informe negativo, ahí muere”, señaló más temprano.

La medida  -radicada por el Gobernador- fue atendida en la Cámara de Representantes por María Milagros Charbonier, quien, como presidenta de la Comisión de lo Jurídico del cuerpo legislativo, evaluó la medida mediante memoriales y una vista pública.

Charbonier insistió en que el debate sobre la medida debe ceñirse al aspecto jurídico, citando jurisprudencia, las leyes aprobadas y la Constitución de Puerto Rico y de Estados Unidos.

La medida ordena como uno de sus mecanismos centrales, el establecimiento de acomodos razonables para que empleados de gobierno no tengan que atender ciertos ciudadanos si entienden que sus creencias o conducta choca con sus convicciones religiosas.


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