La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico demandó este miércoles al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) exigiendo que comparta el requerimiento (“subpoena”) administrativo recibido por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) y demás documentos relacionados con la entrega, en enero pasado, de datos de más de 6,000 inmigrantes con licencia provisional.

La acción legal de la ACLU surge luego de que el DTOP se negara a proveer las copias de las solicitudes de información emitidas por ICE, así como las evaluaciones legales y otros datos entregados para cumplir con dichos requerimientos.

“Lo que nos preocupa, y le tiene que preocupar a todos los residentes en Puerto Rico, es que no sabemos cómo fue que se solicitó esa información. Pudo haber sido una llamada telefónica y eso es bien peligroso, porque en este caso estamos hablando de licencias de conducir de personas en una situación bien vulnerable”, manifestó la directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico, Annette Martínez Orabona, en conferencia de prensa.

En reacción, el secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, indicó a El Nuevo Día que la agencia “no ofrecerá declaraciones por el momento” sobre la demanda presentada por la ACLU.

“Estamos evaluando la situación junto con nuestros asesores legales para determinar el curso de acción más adecuado conforme a la ley. Reiteramos que el DTOP mantiene un firme compromiso con salvaguardar la información personal de todos los ciudadanos y con garantizar que nuestros procesos se conduzcan con el mayor respeto a la privacidad, la legalidad y el debido proceso”, dijo, en declaraciones escritas.

A principios de junio, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés), adscrita a ICE, reveló que había requerido información de inmigrantes con licencias de conducir al principio de la segunda administración de Donald Trump. “Estamos en constante comunicación con el DTOP para continuar el intercambio de información”, estableció, entonces, la directora de HSI San Juan, Rebecca González Ramos.

Luego, el DTOP confirmó la información justificando que su División Legal respondió a un “subpoena”, que aún no se ha hecho público. En febrero, el secretario del DTOP ocultó que hubiera alguna petición, al responder solamente que no tenían ningún acuerdo de colaboración con ICE, pero luego transcendió públicamente que habían compartido los datos desde enero.

El DTOP aseguró que ese ha sido el único requerimiento por parte de ICE.

El 10 de junio de 2025, la ACLU de Puerto Rico solicitó al DTOP las guías y protocolos internos para evaluar peticiones de información provenientes del gobierno federal, copia de todo requerimiento emitido por las agencias bajo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), desde el 20 de enero de 2025, entre otros documentos y comunicaciones con otras agencias sobre los requerimientos. Asimismo, exigió copia de toda la información entregada para cumplir con el requerimiento.

“La respuesta de la agencia se basó en generalidades, sin sustentar legalmente el reclamo de confidencialidad, lo que constituye un incumplimiento de un deber ministerial y una flagrante violación al derecho de acceso a la información pública, un derecho de rango constitucional en Puerto Rico”, señaló la organización.

Martínez Orabona recordó que la intención legislativa de la Ley 97-2013, que permitió a miles de inmigrantes sin estatus sacar su licencia de conducir, precisamente buscaba proteger los datos. Incluso, la ley –firmada por Alejandro García Padilla– ordena al DTOP establecer “los mecanismos administrativos necesarios para que este registro no pueda ser usado para discriminar contra las personas que posean una licencia de conducir provisional o se divulgue la información de estas”.

“Estamos ante una crisis humanitaria creada por el propio gobierno, donde la mayoría de los detenidos no han podido contactar a sus familiares, se les ha privado del debido proceso de ley y han sido sacados ilegalmente de nuestra jurisdicción. El pueblo tiene el derecho fundamental de saber bajo qué supuestos legales se entregó la información que puso a miles de vidas en riesgo” subrayó, por su parte, Fermín Arraiza Navas, director legal de la ACLU de Puerto Rico.

Desde el 26 de enero hasta el 21 de septiembre, ICE ha arrestado a 1,128 inmigrantes en Puerto Rico, entre ellos, 985 por violaciones administrativas y 143 de índole criminal.