La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) alegó no tener conocimiento alguno sobre una reserva gubernamental de $683 millones, creada más temprano este año, que permitiría, a futuro, atender necesidades como pagos de pensiones o el servicio a la deuda de la corporación pública.

Desde agosto, como parte del caso de revisión de la tarifa base del sistema eléctrico, Genera PR ha cuestionado los propósitos y los mecanismos de administración que tendrá este fondo, que El Nuevo Día reveló el 5 de agosto.

En aquel entonces, el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Orlando Rivera Berríos, señaló que la llamada Reserva del Sector Energético podría tener múltiples usos, como el cumplimiento con el Sistema de Retiro de la AEE y el repago de la deuda, pero que presumiblemente podría ampliarse a la respuesta a emergencias.

“El término de ‘reserva energética’ es amplio. Cualquier necesidad que sea relacionada al problema energético, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el gobierno están creando esta reserva para atender esa necesidad en un futuro”, dijo Rivera Berríos a este medio.

Pese a tratarse de una reserva creada con autorización de la JSF, el contralor de la AEE, Juan Carlos Adrover, recalcó el jueves, durante una vista relacionada con la revisión tarifaria, que la corporación pública no ha recibido información de ninguna otra entidad gubernamental. Según Adrover, tras recibir en agosto el requerimiento de información de Genera PR, tuvo una comunicación “informal” con personal del Departamento de Hacienda.

“Hicimos la diligencia y dijeron que están preparándonos una respuesta”, abundó Adrover en la conferencia virtual, presidida por el oficial examinador del Negociado de Energía para el caso tarifario, Scott Hempling.

Las expresiones del funcionario, en gran medida, reiteraron la respuesta escrita que había provisto el 20 de agosto a Genera PR, cuando subrayó que “a la AEE no se le ha provisto documentación, de parte de ninguna agencia gubernamental, indicando que tenga acceso o autoridad sobre dichos fondos”.

En su requerimiento a la empresa estatal, Genera PR cuestionó cuáles serían las guías para el uso de los fondos de la reserva energética, así como una explicación de por qué, mediante los fondos, no se podrían resarcir las cuentas que los operadores privados utilizan para administrar el sistema eléctrico.

Rivera Berríos, en su entrevista con El Nuevo Día a inicios de agosto, recalcó que la reserva “no tiene que ver nada con el cobro de facturas”.

“Son ingresos propios del Fondo General, así que se crea para ciertos propósitos que no tienen nada que ver con los gastos de los operadores”, enfatizó el jefe de OGP.

En una carta del 23 de julio, LUMA Energy reclamó que, hasta junio, la AEE adeudaba casi $484 millones a las cuentas de servicio de los operadores privados, subdivididos en $190 millones para Genera PR y otros $294 millones para el administrador de transmisión y distribución.

Tan reciente como el 25 de agosto, la JSF volvió a extender –hasta el 30 de septiembre– el término para que el Departamento de Hacienda transfiera los $683,178,256 a un agente fiduciario externo. Rivera Berríos confirmó que el gobierno continúa discutiendo con la JSF los detalles en torno al eventual custodio de los fondos.

De los $683,178,256 que componen la reserva, $229,184,000 provinieron de una enmienda al presupuesto con cargo al Fondo General que se aprobó en junio, antes de concluir el pasado año fiscal, mientras que $453,994,256 corresponden a ingresos especiales asociados a arbitrios recaudados por el gobierno federal que se remiten a las partidas bajo la custodia de Hacienda, explicó previamente el jefe de la OGP.

“Es increíble que, de una cuenta de esta naturaleza, que posiblemente pueda usarse para pensiones, emergencias y otros asuntos del sector de energía, la AEE no tenga conocimiento alguno”, cuestionó la abogada de Genera PR Maraliz Vázquez Marrero, durante la vista tarifaria del jueves.

“Las respuestas de la AEE son sorprendentes, pero no inverosímiles. Mirando las preguntas, creo que el conjunto de preguntas de (la licenciada) Vázquez es muy interesante y deberían hacer lo mejor posible para lograr respuestas”, acentuó, por su parte, Hempling, dirigiéndose a Adrover y a la representante legal de la corporación pública, Mirelis Valle Cancel.