La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) reclamaron al Tribunal Supremo que excluya del alegato de LUMA Energy el estimado de que una salida del operador privado implicaría costos ascendentes a $1,300 millones, bajo la premisa de que la presidenta del consorcio, Janisse Quiñones, no tenía derecho a someter una declaración jurada en esta etapa de los procedimientos.