Arecibo - En un intento por frenar la demanda en su contra radicada por el Municipio de Camuy, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) presentó este miércoles una moción de desestimación, en la que alegó que el tribunal no tiene jurisdicción para atender la controversia relacionada con un proyecto de mejoras que el ayuntamiento lleva a cabo en el área recreativa Peñón Brusi.

Ante ello, el juez Gerardo Sarriera Lázaro, del Centro Judicial de Arecibo, concedió a la representación legal del Municipio cinco días laborables –hasta el 5 de agosto– para responder por escrito a la moción.

“Los planteamientos que está haciendo el DRNA son contradictorios y son fuera de derecho”, dijo el alcalde de Camuy, Gabriel Hernández, al salir de la vista en la que se atendería la demanda.

En su moción, el DRNA sostiene que el tribunal carece de jurisdicción porque la agencia no fue emplazada conforme a derecho y no se han agotado los procesos administrativos correspondientes. Asimismo, alega que no procede que el tribunal emita una sentencia declaratoria, como el Municipio solicita.

A finales de junio, el Municipio demandó al DRNA solicitando la revocación de una orden de paralización que la agencia emitió contra un proyecto de mejoras en Peñón Brusi, que, según el ayuntamiento, cuenta con los permisos requeridos. El ayuntamiento alega, según la demanda, que vigilantes del DRNA emitieron la orden de paralización, el 24 de junio, tras visitar el lugar y concluir que las obras estaban “en violación al permiso otorgado”, versión que el alcalde rechazó.

“¿Qué hemos estado haciendo allí? Hemos estado reparando aceras existentes y canalizando unas aguas pluviales que, cuando llueve, se estancaban frente a los establecimientos”, sostuvo Hernández. “Estamos completamente legal. Esto es un asunto de pequeños grupos de izquierda... motivados por adelantar su agenda ideológica, y yo creo que hay que hacerle frente”.

Hernández llegó al Centro Judicial de Arecibo en una guagua, cerca de la 1:00 p.m. En apoyo a su gestión, junto a él viajaban miembros de la Legislatura Municipal y directores departamentales. Alegó que la asistencia de cada uno fue voluntaria. El Municipio, dijo, está en receso administrativo hasta el 3 de agosto.

Allí, lo esperaban opositores al proyecto que le gritaron: “Estás mintiendo, Gabriel”, “Usted es un charlatán”, “No somos un grupo pequeño” y “Estás engañando al pueblo”.

A su llegada, Hernández insistió en que intentó establecer un diálogo con el secretario del DRNA, Waldemar Quiles, pero el funcionario, supuestamente, “no nos quiso dar la oportunidad de escucharnos”. Alegó, además, que el proceder de la agencia al paralizar el proyecto fue “en represalia” al reclamo del Municipio para la reapertura del Parque Nacional de las Cavernas del Río Camuy.

“El secretario está de vacaciones ahora mismo, está de crucero, mientras nosotros estamos aquí, en el tribunal”, apuntó.

En su orden de paralización, el DRNA expuso, también, que el Municipio carece de un endoso del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE, en inglés) para descargar aguas pluviales a la Reserva Natural Finca Nolla. Al respecto, Hernández dijo que la fase inicial no involucra descargas a cuerpos de agua, pero dijo que hicieron una “consulta voluntaria” al USACE.

La Fase I del proyecto implica la rehabilitación de aceras, encintados, mejoras eléctricas, áreas de baños y áreas recreativas existentes, detalló.

“Lo que la parte demandante solicita es un ‘injuction’ y, para ello, tiene que demostrar un daño irreparable y que no tiene ninguna otra vía eficaz para resolver la controversia. Aquí, no existe una acción ilegal de parte del DRNA que le cause un daño”, sostuvo, en tanto, la licenciada Susanne Lugo Hernández, del Departamento de Justicia.

“Lo que se está impactando es el patrimonio puertorriqueño. No simplemente una propiedad”, dijo Lugo Hernández. “¿Se está construyendo sin permiso?, cuestionó el juez. “Exactamente. Están construyendo y redirigiendo agua sin tener permiso del DRNA”, respondió la abogada.

Entre los daños “concretos e inmediatos”, el Municipio alega la paralización de obras con compromisos contractuales con el contratista MJO Builders, pérdida diaria de fondos públicos federales ARPA comprometidos, incumplimiento de los plazos de ejecución establecidos para el uso de fondos ARPA, y privación a la ciudadanía de una instalación recreativa pública segura.

“Hay un incumplimiento con las leyes ambientales”, reiteró Lugo Hernández, al defender la orden de cese y desista. “Estamos diciendo que no tienen los permisos que necesitan del DRNA”.