El Municipio de Camuy demandó ayer, lunes, al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para solicitar que se revoque una orden de paralización que la agencia emitió contra un proyecto de mejoras al área recreativa Peñón Brusi, que, según el ayuntamiento, cuenta con los permisos requeridos.

La demanda, ante el Tribunal de Primera Instancia de Camuy, alega que vigilantes del DRNA emitieron dicha orden, el pasado 24 de junio, tras visitar el lugar y concluir que las obras se realizan “en violación al permiso otorgado”.

El Municipio –que describe la determinación del DRNA como “ilegal, arbitraria e improcedente”– explica que la orden se fundamenta en “alegaciones sobre los puntos de descargas y la tubería pluvial, mencionando la necesidad del permiso del USACE (Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos) y discrepancia con la Exclusión Categórica obtenida. Los vigilantes del DRNA también señalaron que se necesitaba un permiso de deslinde porque el proyecto alegadamente ubicaría en zona marítimo terrestre (ZMT)”.

Añade que dicha orden no identifica “cuáles actividades específicas que se encontraban ejecutándose al momento de la inspección constituían una violación al Permiso Único Incidental. Por el contrario, se limita a formular referencias generales relacionadas con componentes futuros del sistema pluvial, sin establecer de qué forma las labores correspondientes a la Fase I infringían disposición legal o reglamentaria alguna”.

El proyecto en controversia, que busca “resolver el problema de acumulación de aguas pluviales en la carretera de acceso al área recreativa Peñón Brusi”, incluye –en la Fase I– la rehabilitación de aceras, encintados, mejoras eléctricas, áreas de baños y áreas recreativas existentes.

“Los trabajos son de carácter de rehabilitación de infraestructura existente, sin expansión de la huella de disturbio ni intervención en áreas naturales no previamente impactadas”, abunda el recurso legal.

Según el documento de 26 páginas, la Fase II de la iniciativa contempla la instalación de puntos de descarga del sistema de drenaje pluvial. Agrega que el Municipio se encontraba en el proceso de someter información al USACE para determinar si esta obra “requeriría o no autorización federal”.

“Cabe destacar que el Municipio, en el diseño del proyecto, había tomado la precaución de no instalar los ‘headwalls’ (estructuras finales de descarga) de descarga final hasta tanto el USACE determinara si se requería permiso, precisamente, para cumplir con los procesos regulatorios aplicables a la Fase II”, lee la demanda.

“Aun aceptando, únicamente para efectos argumentativos, que el DRNA tuviera alguna preocupación legítima relacionada con los componentes de descarga pluvial proyectados para una etapa posterior del proyecto, ello nunca podría justificar la paralización absoluta de trabajos independientes que consisten exclusivamente en la rehabilitación de aceras, encintados, pavimento existente y demás mejoras superficiales comprendidas dentro de la Fase I”, argumenta el escrito, al enfatizar que dicha fase estaba “sujeta a las determinaciones finales del DRNA y/o del USACE”.

La demanda cuestiona la decisión de paralizar la totalidad de las obras a pesar de que la fase inicial no involucra “en modo alguno descarga a cuerpos de agua, ni actividad alguna en la zona marítimo terrestre, ni ningún componente que requiriese permiso federal del USACE”.

Entre los daños “concretos e inmediatos”, el Municipio enumeró paralización de obras con compromisos contractuales con el contratista MJO Builders, LLC; pérdida diaria de fondos públicos federales ARPA comprometidos; incumplimiento de los plazos de ejecución establecidos para el uso de fondos ARPA; costos de movilización y desmovilización de equipos, personal y materiales; privación a la ciudadanía del Municipio de Camuy de una facilidad recreativa pública segura y accesible; y menoscabo al interés público.

La demanda solicita al Tribunal –entre otras cosas– un interdicto provisional prohibiendo al DRNA dar cumplimiento a la orden de paralización.