Los profesionales graduados en mayo y diciembre de 2025 del Programa de Capacitación en Trabajo Social IV-E serán contratados por la Administración de Familias y Niños (Adfan) antes del 30 de junio, aseguró este martes la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes.

Hasta febrero, solo 18 de más de 50 egresados del programa –una iniciativa en la que la Adfan costea los gastos de matrícula de estudiantes graduados y subgraduados– se encontraban en labores en la dependencia.

“Los procesos de reclutamiento toman tiempo, no son procesos ágiles, que requieren unas convocatorias, requieren unas autorizaciones. Es decir, que estamos en ese proceso”, indicó Roig Fuertes, a preguntas de El Nuevo Día, durante la sesión bisemanal “En Récord”, en La Fortaleza.

Respecto a los avances en el programa, dijo que la Adfan tuvo reuniones con la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras y la Universidad Interamericana Recinto Metropolitano, donde actualmente opera, porque la información que les daban “no concordaba”. Tras las conversaciones, aseguró, “ya todo está corriendo”.

“Antes de que cierre el año fiscal, vamos a haber superado no solamente la contratación de cada uno de los trabajadores sociales egresados en mayo pasado y en diciembre pasado, sino el cumplimiento de los fondos que la gobernadora (Jenniffer González) otorgó para más de 100 trabajadores sociales para el Departamento de la Familia”, abundó.

El Nuevo Día documentó, en febrero, los retrasos de contratación de los egresados del programa, que tiene como requisito el compromiso de retribuir dos años de trabajo a la Adfan.

Roig Fuertes mencionó que, para los egresados del programa, “se tiene que regir el reclutamiento con el proceso de reclutamiento del gobierno”. Además, señaló que depende de que los trabajadores sociales “contesten la llamada, vengan a las entrevistas, tengan su documentación al día, empezando por su licencia profesional y la educación continua requerida para que esa licencia profesional sea vigente”.

Este año, se han documentado casos dramáticos de maltrato infantil. Aunque no proveyó la cantidad de casos registrados y su comparación con años anteriores, la titular sostuvo que la cantidad de referidos en los que se valida el maltrato o la negligencia fluctúa entre 21% y 26%.

“Es esperado que tengamos una mayor cantidad de casos porque hemos sido muy vocales en solicitar que la gente no se calle, que la gente reporte”, consideró Roig Fuertes, quien tampoco sabe en cuánto se ubica el porcentaje de casos con fundamento durante los primeros meses de 2026.

Al preguntársele si el aumento en los referidos, entonces, no implica un alza en el maltrato en Puerto Rico, dijo: “La conducta humana es compleja, y yo apuesto que sí, que, en efecto, hay muchísimos niños en vulnerabilidad. Por eso, es que no descansamos. Por eso, es que estamos activos, por eso es que estamos respondiendo”.

En la sesión, la secretaria comunicó los resultados de una “visita de liderazgo” al Puerto Rico Disability Determination Services.

Durante el viaje oficial, dijo, el subcomisionado del Seguro Social y jefe de adjudicación de discapacidad, Jay Ortis, evaluó el cumplimiento de Puerto Rico y “trajo nuevas líneas y nuevas metas del Seguro Social Federal implantadas desde Puerto Rico para el resto de los estados”.

Informó, en tanto, que quedan menos de 400 referidos pendientes, de los más de 11,000 que tenían a principios del año pasado, que estaban retrasados desde 2017. Destacó que han bajado los casos acumulados, a la vez que atienden los nuevos que entran.