Los comisionados electorales de los cinco partidos que participarán en las elecciones generales tienen la encomienda hoy de entrevistar a los cuatro nominados a presidente y presidente alterno de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE): los jueces Juan Carlos Negrón Rodríguez, Eric Ronda del Toro, Francisco Rosado Colomer y Oscar González Rivera.

Con toda probabilidad, de este grupo será electo, de haber consenso entre los comisionados electorales, el nuevo presidente de la entidad. Edwardo García Rexach, comisionado electoral de Proyecto Dignidad, ha dicho que espera que su homólogo del Partido Nuevo Progresista (PNP), Héctor Joaquín Sánchez, presente nombres de candidatos adicionales para la selección del presidente alterno que seguía vacante con la renuncia esta pasada semana de Juan Ernesto Dávila Rivera.

Aunque los comisionados electorales conocen estos nombres desde por lo menos el jueves, no han querido hacer expresiones sobre los jueces, ni tan siquiera revelar sus identidades, esto basándose en que se trata de jueces activos que se estarían identificando con el partido en el poder. Este medio obtuvo la información por fuentes cercanas al tema.

Ronda del Toro, de la Región Judicial de San Juan, podría enfrentar oposición del Movimiento Victoria Ciuadana (MVC) pues fue el magistrado que ordenó a la candidata a la gobernación por la colectividad, Alexandra Lúgaro, pagar $3,000 e intereses de 6.5% al productor radial Sixto Jorge Díaz Colón, por una deuda que fue dirimida en los tribunales. Díaz Colón fue productor de un programa radial de Lúgaro y llegó a prestarle el dinero a la candidata en el 2016.

Mientras, en el 2017, Ronda del Toro ordenó, mediante sentencia, el depósito de cenizas en el vertedero de Peñuelas. Su dictamen fue revertido por el Tribunal de Apelaciones. El magistrado también ordenó a la Policía a establecer un perímetro para que los manifestantes protestaran en contra del depósito de cenizas.

El juez, confirmado en diciembre de 2012, falló en contra de 1,300 empleados municipales de Ponce en el 2014 al avalar una ordenanza del gobierno municipal en que se establecía una reducción de la jornada laboral.

Por su parte, González Rivera, quien labora en la Región Judicial de Guayama, y la senadora popular Rossana López León protagonizaron una agria disputa pública en junio de 2011 cuando González Rivera la sustituyó como Procuradora de las Personas de Edad Avanzada.

González Rivera asumió el cargo en medio de un atropellado proceso que incluyó la presencia de escoltas armados y la entrega a López León de una carta firmada por el entonces secretario de la Gobernación, Marcos Rodríguez Ema, solicitando el inicio de la transición de la oficina.

López León llegó a describir el nombramiento de González Rivera como juez Superior en noviembre de 2011 como un premio político y lo acusó de haber tomado “por asalto” la Procuradoría.

Entretanto, Rosado Colomer, confirmado como juez en el 2012 y actualmente destacado en el Área Judicial de Ponce, fue asignado en febrero de 2017 para asumir el seguimiento de la sentencia del Tribunal Supremo en el 2000 que ordenó la asignación de fondos para el Plan Ponce en Marcha.

El magistrado recibió en enero de 2019, de parte de la Comisión de Evaluación Jurídica, una calificación de juez “bien calificado” cuando solicitó un ascenso al Tribunal de Apelaciones.

Finalmente, Negrón Rodríguez, de la Región Judicial de Bayamón, también recibió una evaluación con nota de “muy bien calificado” en el 2017 cuando solicitó un ascenso al Tribunal de Apelaciones.