Dos semanas después de frenar la aprobación de un contrato propuesto para que New Fortress Energy supliera gas natural por 15 años, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) recalcó que la información recopilada desde entonces ha exacerbado sus preocupaciones con los contornos del acuerdo recomendado por la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO, en inglés).

Inconsistencias en los parámetros de las negociaciones, dudas con la intervención de actores gubernamentales, confusión sobre los criterios para el visto bueno inicial e interrogantes asociadas a los términos del acuerdo preliminar fueron solo algunos de los elementos que el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, enumeró en una misiva que dirigió este martes a Josué Colón, zar de Energía y jefe de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), y Osvaldo Carlo Linares, presidente de la firma que funge como 3PPO y encargado primario de la licitación.

“Nuestro análisis ha profundizado las preocupaciones relacionadas con los términos del contrato propuesto, la competencia del mercado, inconsistencias con la solicitud de propuestas (RFP, en inglés) y otra documentación, e inconsistencias con el plan fiscal de la AEE (Autoridad de Energía Eléctrica). Estas discusiones han generado más preguntas que respuestas”, advirtió Mujica, quien precisó que, en la revisión que ha tenido lugar hace dos semanas, se han “analizado a profundidad los términos del contrato, reunido con las partes involucradas en las negociaciones contractuales y organizado numerosas reuniones para obtener un mejor entendimiento del acuerdo”.

“Notablemente, no hemos encontrado aún ninguna parte del lado gubernamental que pueda proveer una justificación racional para los términos del contrato propuesto o abogar por su aprobación. Esta ausencia de defensa levanta cuestionamientos serios sobre la conveniencia del acuerdo y la necesidad de mayor escrutinio”, añadió el director de la JSF.

El Nuevo Día solicitó comentarios de NFE, pero, al momento de publicación, no hubo respuesta.

Las interrogantes expuestas por la JSF tienen como telón de fondo el distanciamiento que la gobernadora Jenniffer González y el zar de Energía han procurado al expresarse públicamente sobre el acuerdo de 15 años y $20,000 millones, al insistir en que su negociación estuvo exclusivamente en manos del 3PPO, función delegada en la firma Regulatory Compliance Services, presidida por Carlo Linares.

El 9 de julio, la JSF detuvo la aprobación del acuerdo, señalando que sus términos colocaban a Puerto Rico en riesgo de enfrentar un monopolio del mercado de gas natural, al permitir a NFE suplir el combustible a todas las plantas de generación del país, con excepción de la estación de Mayagüez.

La carta de Mujica puntualiza que, a lo largo de su revisión, ha recibido “información conflictiva relacionada con las negociaciones que resultaron en el contrato propuesto”.

Por un lado, indicó que el 3PPO ha subrayado que “no establece los términos y condiciones de los contratos”, sino que se limita a emitir una recomendación a base de las negociaciones, a pesar de que varios parámetros del RFP fueron enmendados a lo largo del proceso. De otra parte, Mujica destacó que NFE, en una carta que le dirigió el 17 de julio, precisó que Colón participó, vía telefónica y de forma presencial, en, al menos, tres reuniones durante las negociaciones con el 3PPO.

“¿Hubo limitaciones en los roles y/o facultades de cada parte durante las negociaciones? De ser así, favor de explicar”, instruyó Mujica, quien opinó que “no parece haber alguna entidad responsable para explicar las negociaciones o criterios detrás de los términos y condiciones propuestas, su impacto sobre los consumidores o el futuro del sistema eléctrico”.

En ese contexto, Mujica señaló que, el 9 de julio –tras la denegatoria de la JSF al acuerdo preliminar–, NFE sometió de forma “unilateral” una versión revisada del contrato propuesto, removiendo exigencias de exclusividad de combustible en los puntos de entrega. Al día siguiente, el 3PPO hizo lo propio, al proponer una versión revisada “que no contaba con el aval de NFE”, por lo que Mujica concedió a Colón y Carlo Linares hasta el jueves para explicar si alguna de las enmiendas presentadas “sustituye el contrato propuesto”.

Por otra parte, el director de la JSF pidió a la AAPP y el 3PPO responder si NFE les informó las razones para retirar de la bahía de San Juan la barcaza de gas natural que suplía a las centrales San Juan y Palo Seco en los días posteriores a la denegatoria del contrato de 15 años, causando una crisis de abastos de combustible. La decisión de NFE, en ese momento, se produjo a pesar de que se mantiene vigente, hasta verano de 2026, el contrato para suministrar gas natural licuado a las unidades #5 y #6 de la central San Juan.

Este viernes, en tanto, expira un contrato de emergencia –autorizado el 17 de julio– para el suplido de combustible a 14 unidades temporales de San Juan y Palo Seco.

El RFP que resultó en el acuerdo preliminar de 15 años fue publicado el 11 de abril, pero Mujica subrayó que el 4 de abril –una semana antes– NFE le había cursado una propuesta no solicitada a la AAPP. Asimismo, apuntó que el RFP contemplaba contratos de cinco o 10 años, con posibles extensiones de cinco años, pero que el contrato propuesto con NFE se extiende por un término fijo de 15 años, por lo que pidió “identificar y explicar los criterios para cualquier desviación(es) de los términos incluidos en el RFP”.