La ley que crea la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) establece claramente los criterios que deben regir la designación de la persona que la dirija. Por años, sin embargo, los gobernantes de turno han ignorado esos elementos, restándole al cargo la independencia que exige el estatuto, opinaron ayer, miércoles, expertas consultadas por El Nuevo Día.