A lo largo de los próximos cinco años, Puerto Rico tendrá casi $40 millones disponibles de la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés) para reemplazar las tuberías de distribución de agua potable que puedan estar contaminadas con plomo, un material que, se estima, pudiera estar presente en las líneas que abastecen a casi medio millón de clientes.