A lo largo de los próximos cinco años, Puerto Rico tendrá casi $40 millones disponibles de la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés) para reemplazar las tuberías de distribución de agua potable que puedan estar contaminadas con plomo, un material que, se estima, pudiera estar presente en las líneas que abastecen a casi medio millón de clientes.

“Es dinero que permitirá a Puerto Rico tomar pasos importantes para reemplazar líneas de servicio con plomo. Todos conocemos los peligros de líneas con plomo, algo que impacta la vida aquí en Puerto Rico, así como en muchos otros lugares de los Estados Unidos continentales en que la EPA está trabajando. Este dinero es para realizar mejoras claves a la infraestructura de agua potable”, sostuvo el administrador regional de la dependencia federal, Mike Martucci, de visita esta semana en la isla.

La partida que la EPA anunció esta semana totaliza $39,970,000, de los cuales $28.7 millones corresponden a asignaciones directas y el restante, a partidas sobrantes que se habían asignado a otras jurisdicciones entre los años fiscales 2023 y 2024.

Aunque la inmensa mayoría de los residentes y comercios de Puerto Rico se sirve de la red de distribución de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) –que estará encargada de realizar los proyectos de reemplazo–, los fondos de la EPA también estarán disponibles para modelos de agua potable separados del sistema central, partidas que el Departamento de Salud manejará, precisó, por su parte, Carmen Guerrero, directora de la EPA para Puerto Rico y el Caribe.

“Parte del financiamiento es para un inventario, un proceso que ya la AAA tiene en curso. Básicamente, abarca toda la isla y (el inventario consiste) de la conexión de agua potable desde la línea principal hasta el metro, donde se mira si hay algún componente de plomo. El compromiso de la EPA es identificar el financiamiento para ejecutar el reemplazo”, señaló Guerrero, en entrevista junto al jefe de la Región 2 de la EPA, con base en Nueva York.

El proyecto de inspección y reemplazo, en gran medida, surge de las modificaciones a la reglamentación que la EPA implantó tras la debacle de salud pública en Flint, Michigan, donde la erosión de las tuberías de plomo provocó una alta contaminación del agua potable, afectando gravemente a la población, especialmente a niños. La AAA, tras comisionar un análisis a la firma Salo Engineering, encontró que casi 500,000 clientes reciben agua de tuberías instaladas antes de 1984, cuando en Puerto Rico entró en vigor la prohibición a la construcción con plomo.

La AAA –es decir, sin contabilizar a habitantes que se sirven de otros sistemas– tiene casi 1.4 millones de clientes.

Según Guerrero, aunque es posible que tuberías a través de todo Puerto Rico estén contaminadas, el principal riesgo se encuentra en los centros urbanos.

“La AAA lo está mirando a través de toda la isla, al igual que el Departamento de Salud, por medio de sus contratistas. (…) Entiendo que se está trabajando de manera regional”, planteó, al señalar que, entre los requerimientos para la autorización de las asignaciones, figuró la divulgación de las áreas donde se identifiquen tuberías contaminadas. En su portal digital, la AAA desarrolló un mapa donde el usuario puede encontrar, utilizando direcciones físicas, si una localidad recibe agua de una tubería afectada.

“Si hay sospecha de que pueda haber plomo, el titular del terreno tiene la obligación de proveer información sobre el agua potable, y las medidas que se deban tomar caso a caso, dependiendo de si es una vivienda individual o una instalación comercial. Puede ir desde limpiar las líneas o, si no se ha usado en buen tiempo, descargarla por unos minutos, para asegurar que se está consumiendo agua limpia”, abundó.

Bajo las enmiendas reglamentarias, la EPA requirió a los estados y territorios lograr cumplimiento con los estándares de protección contra el plomo al cabo de 10 años. Los casi $40 millones asignados esta semana, sin embargo, tienen una vigencia de cinco años, por lo que potencialmente se requerirá dinero adicional para completar los proyectos de reemplazo.

Por su parte, Martucci señaló que, a largo plazo, la responsabilidad de la EPA será identificar los recursos para llevar a término los trabajos. “Se puede extender (el plazo) si se necesita trabajo adicional. Por eso, la importancia del inventario y entender el alcance de las necesidades y, a la luz del alcance, las inversiones requeridas. Para la EPA, esto ha sido una prioridad, porque no hay ningún nivel seguro de consumo de plomo”, recalcó Guerrero.