El Departamento de Educación (DE) consignó su apoyo al proyecto que crea la nueva Ley de Educación Especial, pero condicionado a que la Legislatura acoja múltiples enmiendas al proyecto.

El Proyecto de la Cámara 1945, de la autoría del representante penepé Rafael ‘June’ Rivera Ortega, realmente es la segunda versión de la medida, ya que en su versión original fue vetada por el pasado gobernador Ricardo Rosselló, quien acogió una recomendación del DE que sostuvo que el proyecto no podía ser convertido en ley debido a su impacto fiscal. Al expresarse sobre el proyecto original, la agencia, entonces dirigida por Julia Keleher, presentó sobre 100 enmiendas a la pieza legislativa.

Esta mañana, en una vista pública en el Senado, el secretario del DE, Eligio Hernández, presentó cuatro enmiendas.

Según críticos de la medida, esta es, en un 80%, un calco de la ley federal IDEA. Grupos que se han opuesto al proyecto sostienen que el tema de la educación especial ya está cubierto por suficientes leyes y reglamentos y que lo que se necesita es voluntad para cumplir con el ordenamiento jurídico y reglamentario.

Al deponer ante la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado, Hernández rechazó la nueva posición de Secretario Asociado de Educación Especial. Argumentó que al hacer este nombramiento de designación Ejecutiva y que tiene que ser evaluado por el Senado, podría dar paso a un choque de política pública.

“Este funcionario debe ser considerado dentro del contexto del Departamento y su deber ministerial. Filosóficamente, quien ocupa este puesto debe ser afín a quien esté dirigiendo el Departamento y la política pública que se implementará”, dijo Hernández.

La medida también dispone que los jueces administrativos del DE también sean nombrados por el gobernador y confirmados por el Senado.

“Sugerimos que los jueces administrativos sean nombrados por el Departamento”, sostuvo Hernández al indicar que el proceso de resolución de querellas está regulado a nivel federal, con términos cortos para que las controversias sean atendidas. El titular del DE también advirtió que estos funcionarios, que no son empleados de la agencia, sí reciben su salario de fondos federales.

“El mecanismo propuesto, a pesar de que separa el nombramiento de los funcionarios, termina por mantenerlos bajo la supervisión directa de la agencia, lo que pone el mecanismo en contra de las disposiciones de la ley y, por ende, pone en riesgo el uso de los fondos federales”, dijo Hernández.

En entrevista con El Nuevo Día, el presidente de la comisión, el senador Axel Roque, indicó que la semana que viene citará a una última vista pública con la participación de la Administración de Rehabilitación Vocacional. Luego redactaría el informe sobre la medida, esto a pesar de que el 10 de noviembre enfrenta una elección especial para llenar la vacante de la alcaldía de Barranquitas.

Roque reconoció que la medida tiene tres votos en contra en la comisión: José Vargas Vidot, Juan Dalmau Ramírez y José Nadal Power.

“Quiero evaluar las enmiendas que presentó el DE y escuchar a Rehabilitación Vocacional. Pero yo no tengo prisa porque esto salga en esta sesión legislativa”, dijo Roque.

El último día para aprobar medidas en la sesión es el 14 de noviembre. Roque argumentó que no tendría que renunciar inmediatamente a su cargo de Senador de resultar favorecido en la elección especial.

“Hay que trabajarlo con calma y cautela”, sostuvo Roque.

El secretario del DE, de otra parte, recomendó que se aumente la edad en que se comenzarán a realizar evaluaciones vocacionales a los estudiantes de la corriente de educación especial, que son unos 103,000 en todo el sistema, aunque tres cuartas partes toman clases dentro de la corriente regular. El P. de la C. 1945 requiere que estas evaluaciones vocacionales se hagan desde los 12 años.

“Ni el Departamento ni el Programa de Educación Especial cuentan con suficientes recursos diestros para llevar a cabo las evaluaciones vocacionales y de carrera a los 59,101 estudiantes que se benefician de ese servicio. Por lo tanto, sugerimos que se evalúe aumentar la edad…”, dijo Hernández, al sostener que el tema no debe formar parte del proyecto y que sea atendido, en conjunto, por maestros de Educación Especial, consejeros escolares, la Administración de Rehabilitación Vocacional, las escuelas y las universidades.

El DE, como cuarta enmienda al P. de la C. 1945, solicitó que se elimine el término defensor y se mantenga el de intercesores. Estas personas, típicamente padres y madres de estudiantes de educación especial, han ganado tanta experiencia bregando con el sistema que suelen acompañar a padres que necesitan ayuda a las reuniones con directores y maestros de sus hijos o hijas.

Con el proyecto de Rivera Ortega, los defensores tendrían que ser regulados por el Departamento de Estado. En cambio, el DE indicó que solo busca que se apruebe un Código de Ética que sigan estos profesionales.

En entrevista con El Nuevo Día, Roque indicó que le toca al DE entregarle a la Comisión de Educación y Reforma Universitaria el texto de lo que sería ese código de ética.

Al oponerse a la medida en la vista hoy, Jinnette Morales Díaz, intercesora, madre de una niña con Síndrome Down y portavoz del Movimiento por la Niñez y la Educación Pública, insistió en que el problema de la educación especial en Puerto Rico no es “por falta de leyes”.

“Es falta de voluntad para cumplir con las mismas”, dijo.

Morales se opuso a la creación de la Secretaría de Educación Especial al argumentar que es una manera de segregar a los estudiantes. También cuestionó como ese nuevo secretario tendría injerencia sobre el 76% de los maestros que dan clases a estudiantes registrados como de educación especial, pero en la corriente regular.

Morales se opuso que intercesoras como ella sean reguladas por el Estado, aunque dejó la puerta abierta a que organizaciones como el Colegio de Abogados y Abogadas, la Comisión de Derechos Civiles, el Instituto Modelo de Enseñanza Individualizada o Apoyo a Padres de Niños con Impedimentos “nos adiestre o certifique”.