Además del nivel de exposición a los vaivenes de las cadenas globales, el proceso de ajuste tarifario que entró en vigor la semana pasada develó el costo que han tenido –y continuarían teniendo– los incumplimientos con los contratos de combustible existentes, en los que tanto las fallas de los suplidores como de las compañías eléctricas pueden terminar, a corto o largo plazo, en el bolsillo de los abonados.