Los abonados residenciales del sistema eléctrico pagarán, entre octubre y diciembre, una tarifa récord de 33.58 centavos por kilovatio hora (kWh), luego que el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) acogiera este miércoles la mayor parte de la petición de ajuste que LUMA Energy presentó, a partir de los costos de combustible reportados por Genera PR, así como las proyecciones en ese renglón para el trimestre entrante.

La tarifa aprobada supera ligeramente el promedio de 33.4 centavos por kWh que estuvo vigente en julio de 2022, considerada la más elevada en la historia.

Un cliente residencial sin subsidio que consume 800 kWh al mes tendrá, entre octubre y diciembre, una factura de $270.86, frente a los $228.59 del trimestre anterior, o $42.27 adicionales.

Al compararse con los 28.57 centavos por kWh que estuvieron en vigor entre julio y septiembre de este año, el ajuste avalado por el NEPR representa un alza de 5.01 centavos o un 18.5%. La petición radicada por LUMA, el 15 de septiembre, proponía un alza de 6.07 centavos –equivalente a un 21%– que hubiera llevado el costo promedio hasta 34.64 centavos el kWh.

“El combustible ya consumido tiene que pagarse y el combustible necesario para operar el sistema durante octubre, noviembre y diciembre de 2026 tiene que adquirirse. Si esos costos no se recuperan oportunamente, se genera una insuficiencia de efectivo para atender las obligaciones asociadas a la compra de combustible y para continuar adquiriendo el combustible necesario para la operación de las unidades generatrices. Por tanto, la discusión no se limita al reconocimiento de un costo tarifario, sino que tiene una relación directa con la capacidad financiera del sistema para sostener la generación y la continuidad operacional”, esbozó el NEPR en su resolución y orden, emitida a horas de que cobre vigencia el ajuste.

El regulador detalló que, al calcular el ajuste, optó por “diferir” más de $17.6 millones “asociados a las deficiencias en el suministro de gas natural, y la exclusión, por el momento, de las cantidades propuestas por concepto de ‘bad debt’ o cuentas incobrables en los factores trimestrales”, lo que mitigó el incremento en aproximadamente un centavo por kWh.

El análisis de esta reconciliación trimestral se enmarcó en la disputa que New Fortress Energy (NFE) –suplidor de gas natural para las plantas generatrices del norte– mantiene con los prácticos de la bahía de San Juan por la entrada de un buque cisterna, lo que ha obligado a utilizar diésel desde mediados de septiembre, a un costo casi cuatro veces mayor. De otra parte, en respuesta a múltiples requerimientos de información, trascendió que tanto NFE como Naturgy –proveedor de gas a las centrales del sur– han incumplido con entregas de combustible que han redundado en excesos de costos estimados en $32 millones.

Paralelamente, en el caso de NFE, LUMA Energy ha calculado que los consumidores se exponen a cobros de más de $67 millones, a fin de año, al proyectarse un volumen de adquisiciones de gas significativamente por debajo de las cantidades mínimas que dispone su contrato de suplido.

“Ante los costos asociados al gas natural y las controversias existentes con NFE, el Negociado de Energía ordena realizar una auditoría y evaluación exhaustiva de los costos, entregas, deficiencias, créditos, obligaciones y pagos relacionados con el suministro de gas natural, con el propósito de determinar su razonabilidad, identificar responsabilidades y evitar que costos atribuibles a incumplimientos de suplidores o anomalías procesales sean trasladados indebidamente al sistema eléctrico o a los consumidores”, postuló el organismo en su resolución del miércoles.

En esa línea, el NEPR había identificado que los gastos de compra de combustible proyectados por Genera –subsidiaria de NFE– para el trimestre entrante superaban en decenas de millones de dólares mensuales las proyecciones de LUMA.

“El Negociado de Energía examinará específicamente ese asunto, incluyendo las cantidades que potencialmente pudieran resultar acreedoras a favor del suplidor y la necesidad de distinguir entre obligaciones atribuibles al comprador y aquellas relacionadas con deficiencias o incumplimientos imputables al propio suplidor”, adelantó la agencia reguladora.