El secretario de Vivienda, Fernando Gil Enseñat, aseguró que cooperarán con cualquier pesquisa de las agencias de ley y orden federales, como la que anunció ayer el nuevo jefe de la fiscalía federal, Stephen Muldrow sobre los fondos de desarrollo comunitarios tras desastres (CDBG, por sus siglas en inglés), pero aseguró que hasta el momento no ha habido pedido de información alguna por parte de los fiscales o investigadores.

En una entrevista con El Nuevo Día, Muldrow indicó que un equipo de la fiscalía federal se está encargando de investigar el flujo de los fondos de la reconstrucción que se canalizan a través de los departamentos de Vivienda estatal y federal.

“Entiendo perfectamente que él (Muldrow) esté enfocado ahí por el nivel de riesgo y de dinero… Hasta ahora no ha habido requerimiento de información. Vamos a estar más que disponibles y estaremos colaborando, no solo con la oficina de fiscales federales sino con cualquier agencia”, dijo Gil Enseñat en una entrevista con El Nuevo Día.

Gil recordó que por exigencia federal han establecido un portal donde se agrupan los detalles asociados al uso de los fondos de la reconstrucción CDBG-DR. Además, se ha instalado una serie de salvaguardas que, no solo permite a las autoridades federales examinen todas las transacciones que se hacen con los fondos de la reconstrucción, sino que promueve la transparencia pública ya que cualquier persona tiene acceso a esta información, alegó.

Del mismo modo, indicó que la forma en que se estructuró el programa busca evitar que ocurran favoritismos o actos de corrupción con fondos del programa CDBG-DR.

Recordó, sin embargo, que ya se han dado actos de corrupción con fondos asociados con los trabajos de recuperación tras el azote del huracán María en el 2017. A inicios de septiembre, Ahsha Tribble, exdirectora regional de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) fue arrestada por supuestamente recibir sobornos a cambio de favorecer la concesión de un contrato para la reconstrucción del sistema eléctrico de Puerto Rico. Hasta ahora, ningún funcionario estatal ha sido detenido por el uso de fondos asociados al huracán, aunque se conoce de varias pesquisas criminales en proceso.

“Si existen problemas de corrupción se lacera la confianza del pueblo y eso no se pueden permitir. Lamentablemente tenemos a personas a nivel federal acusadas por actuar incorrectamente. No es solo el gobierno de Puerto Rico. Hay funcionarios estatales y federales”, sostuvo.

“Esto es una cuestión de responsabilidad individual, no solo para este servidor sino para el Departamento entero. Lo mejor es hacer las cosas de días para dormir bien de noche”, añadió Gil.

El funcionario estimó que la investigación federal sobre los fondos CDBG-DR no debería responder a la agenda del presidente estadounidense Donald Trump de detener los fondos que el Congreso asignó para la reconstrucción de Puerto Rico ya que el Departamento de Justicia estadounidense debería tener la independencia de criterio y no debería estar parcializado por animosidades o asuntos políticos. Solamente en fondos CDBG-DR el Congreso asignó casi $20,000 millones para la isla.

Actualmente, Puerto Rico tiene acceso a 7.5% de estos fondos ($1,500 millones). El resto está atorado en un proceso burocrático por las supuestas preocupaciones de la Casa Blanca por la corrupción en Puerto Rico. Esta dilación ha sido en violación a la propia ley estadounidense que permite el desembolso de estos fondos, según admitió recientemente el secretario de Vivienda federal, Ben Carson, ante el Congreso.

Tan reciente como el pasado 17 de octubre, el jefe del gabinete de Casa Blanca, Mick Mulvaney, reconoció que deliberadamente se había detenido la ayuda de recuperación “porque pensábamos que ese sitio era corrupto”.

La gobernadora Wanda Vázquez Garced, por su parte, indicó que esa desconfianza federal había comenzado a disiparse tras la salida del anterior gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, y, luego, tras su primera visita como mandataria a Washington. “Lo que queremos es que los fondos lleguen, que se firme esa autorización federal y que lleguen los fondos a los ciudadanos que llevan esperando la recuperación... El pueblo no puede sufrir a expensas de una duda”, manifestó.

Las expresiones de la gobernadora surgieron durante una conferencia de prensa en Santa Isabel en la que se anunció la entrega de 141 títulos de propiedad, de los cuales 61 eran para mujeres jefas de familia.

Estos títulos, indicó la funcionaria, además de reafirmar la pertenencia de las propiedades a estas familias, permite, por ejemplo, que las personas tengan menos inconvenientes al reclamar, por ejemplo, daños ante FEMA tras un desastre natural.

Gil Enseñat explicó que actualmente en Puerto Rico hay entre 48,000 y 60,000 propiedades cuyos dueños no tienen los títulos de propiedad. La expectativa es que dentro de los próximos seis años esta situación se resuelva con la entrega de unos 30,000 títulos de propiedad.