Los empleados del Negociado de Ciencias Forenses (NCF) realizarán una manifestación el jueves al mediodía, frente a la sede del negociado, reclamando mejores condiciones de trabajo.

En una carta abierta al pueblo divulgada esta tarde por la unión que les agrupa, los empleados insistieron en que quieren "un ambiente digno, acorde con los derechos de la competencia pericial y que se nos compense justamente".

Buena parte de los empleados en el NCF comienzan entre $1,800 y $2,2000, mientras la comisionada María Conte Miller devenga $210,000 como patóloga. El gobierno no ha querido divulgar el salario de la funcionaria como comisionada del NCF. 

"Los últimos escenarios criminales a los cuales nos hemos enfrentado han sido un trabajo arduo, agotador y retante. Sin embargo, nuestro compromiso con el pueblo de Puerto Rico es trabajar y seguir ofreciendo nuestro servicio con seriedad, objetividad, respeto y sensibilidad", reza la carta.

"En múltiples ocasiones, a través de los años, hemos presentado un sinnúmero de planteamientos en diferentes foros, a los cuales al día de hoy aún no se nos han ofrecido respuestas. Ejemplo de esto son los Proyectos de la Cámara 2135 y 1986, sometidos ante la consideración de la Legislatura, los cuales no han sido aprobados y solicitamos la atención de los mismos, así como la inclusión a los Proyectos del Senado 1402 y 1341. Es hora de que se nos escuche y nos ofrezcan soluciones y acciones inmediatas que nos ayuden a lograr un mejor porvenir para los empleados y para el Negociado, sin limitaciones presupuestarias que ponen en peligro la continuidad de los servicios y nuestra acreditación como acontece hoy en día", sostienen los empleados.

Dos de estos proyectos buscan excluir a los empleados del NCF de la ley que les recorta los días de vacaciones y días de enfermedad y otro les devuelve el derecho de cobrar horas extra. Una de las medidas restituye las licencias por muerte o grave daño corporal para trabajadores que ocupen posiciones de alto riesgo o peligrosa.

"Actualmente nos enfrentamos a grandes retos y situaciones que han afectado las labores del Negociado, siendo las más importante la fuga de personal, ya que gran parte ha renunciado para ir en busca de un salario justo, mejores beneficios y condiciones de trabajo”, denuncian en la carta.

Asimismo, resaltan que la reducción al presupuesto ha causado falta de dinero para los contratos de mantenimiento de equipos, la compra de materiales y la contratación de nuevo personal.

“Los avances de la tecnología, las exigencias de las acreditaciones, los retantes escenarios criminales y la integración de los servicios en las agencias de ley y orden, son otras situaciones a las cuales nos enfrentamos y que nos obligan a cada vez estar mejor preparados para velar por el cumplimiento cabal de nuestra misión y las leyes habilitadoras del país", indicaron.

"Abiertamente, solicitamos una vez más a la gobernadora de Puerto Rico, a los miembros de la Junta de Control Fiscal, legisladores, funcionarios de gobierno y el secretario del Departamento de Seguridad Pública que tomen acción sobre estos asuntos importantes y necesarios con el interés de mejorar las condiciones de trabajo en nuestra agencia y continuar proveyendo a Puerto Rico un servicio de calidad", concluyeron.