Tan pronto como entre finales de agosto e inicios de septiembre, la Cámara de Representantes podría estar evaluando la legislación que limitaría las facultades del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), un reclamo que han levantado tanto el zar de Energía, Josué Colón, como Genera PR, administrador de la flota de producción eléctrica, que señalan a los requerimientos regulatorios como la causa de retrasos en proyectos de reparaciones y gasificaciones en las unidades generatrices.

El presidente de la Comisión cameral de Gobierno, Víctor Parés Otero, sostuvo que el alcance de la legislación –de la cual aún no existe un borrador– atendería los planteamientos que, por meses, ha levantado Colón, a los efectos de que el papel del NEPR debe limitarse a establecer las facturas que pagan los consumidores, sin intervenir en aspectos operacionales.

“El grupo de Genera nos dio una presentación de cómo estaban las mejoras y los proyectos de transformación de muchas de las generadoras a gas natural, y nos indicaron su preocupación de que el NEPR estaba teniendo mucha tardanza y obstáculos en ese proceso, que muchas máquinas para las que están pidiendo autorización ya están en uso con búnker C o diésel (ambos derivados del petróleo), pero que están listas para usarse en gas natural. Se planteó, a través del ingeniero Josué Colón, esa opción de enmendar la ley orgánica que crea el NEPR para que no tuvieran que estar dando autorizaciones o permisos para transformar, arreglar o cambiar máquinas de generación”, mencionó Parés Otero, quien el jueves visitó la central Palo Seco, en Toa Baja, junto al zar de Energía.

Como parte de su rol de regulación, el NEPR suele intervenir cuando se proponen proyectos que, por un lado, inciden sobre los gastos de operación del sistema y, por consiguiente, en las tarifas, o, de otra parte, cuando se cuestiona la compatibilidad de alguna iniciativa con la política pública energética.

Desde que fungía como director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) –puesto que al que fue designado por segunda ocasión a finales de 2021–, Colón censuró, en repetidas ocasiones, los frenos que aplicaba el NEPR a determinados proyectos de la infraestructura de generación, bajo la premisa de que incumplían con los objetivos del Plan Integrado de Recursos (PIR), que en ese entonces trazaba la ruta para lograr un 40% de energía con fuentes renovables para este año, objetivo que finalmente descartó la Ley 1-2025.

“Muchas veces, lo que se tenía que hacer no se hizo porque esa gente que se queda detrás de la cortina, que tiene poder, como el NEPR, porque eso tiene nombre y apellido, hacen cosas que se quedan tras la cortina, y eso detiene procesos, en esta y administraciones anteriores, que se pudieran haber atendido con mucho tiempo de anticipación”, manifestó Colón, en una mesa redonda reciente con El Nuevo Día, al abordar las causas para la prolongada fragilidad del sistema de generación.

Colón, de otra parte, replicó que “requiere un poco de discusión” definir cuál sería la entidad encargada de aprobar y supervisar el cumplimiento con las normas que regirán la visión del sistema a largo plazo, es decir, la función que hoy recae en el NEPR por medio del PIR.

“Cuando haces un PIR, tampoco lo puedes hacer basado en un sueño. Ese PIR que hay vigente, cuando se hizo, yo estaba en el sector privado y participé, y (me cuestionaba) cómo decían que todo eso iba a pasar, y que iban a apagar y decomisar todas esas máquinas (de generación). ¿Cómo es posible que eso ocurra y lo demos por bueno, y estemos todo ese tiempo con ese PIR que, desde el primer día, se sabía que no iba a pasar?”, cuestionó Colón.

“Una de las alternativas sería que, dentro de la función que tenga el zar de Energía, pueda tener algún tipo de injerencia en ese proceso. Lo que queremos es que haya mayor rapidez en el sentido de cualquier cambio en la generación”, comentó, por su parte, Parés Otero, quien adelantó que su intención es discutir las opciones con el presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, y presentar enmiendas a la Ley 57-2014 –que creó el NEPR– en las primeras semanas de la sesión ordinaria, que arranca el 18 de agosto.

Para el exrepresentante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la AEE Tomás Torres Placa, sin embargo, se parte de una premisa errónea al sostener que el NEPR ha dilatado o frenado proyectos ordinarios de reparación y mantenimiento, señalando que sus intervenciones se han dado en el contexto de propuestas de restauraciones mayores de unidades generatrices que llevaban años fuera de servicio o gasificaciones bajo la política pública previa.

Si al organismo se le restara la facultad de velar por el cumplimiento con la política energética, “tendríamos a un NEPR totalmente inconsecuente y su función se retomaría cada tres años con la revisión tarifaria y los ajustes trimestrales, posicionando a Puerto Rico como una jurisdicción donde no se siguen las normas regulatorias como en los demás estados”, advirtió Torres Placa.

En marzo de este año, el mismo día que la gobernadora Jenniffer González firmó la Ley 1 para eliminar las metas intermedias de energía renovable, el NEPR ordenó a la AEE y la Autoridad para las Alianzas Público Privadas comenzar el análisis para reemplazar la flota de generación base con la contratación de hasta 3,000 megavatios nuevos.

“Mientras estuve en la Junta (de Gobierno), todo lo que se solicitó, que estaba dentro de la política pública, las leyes y reglamentos vigentes, el NEPR lo aprobó. Claro, la AEE tuvo que presentar justificaciones, pero fueron más de $300 millones que el NEPR aprobó en proyectos extraordinarios de rehabilitación, que no se encontraban dentro del presupuesto”, sostuvo Torres Placa, quien representó a los consumidores de 2019 a 2024.