El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, radicará la semana entrante una pieza legislativa que, a su juicio, aclarará el marco jurídico para que LUMA Energy subcontrate a los municipios para tareas de reparación y reemplazo de alumbrado público, una colaboración que existió en el pasado bajo la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), pero que no se ha materializado desde la entrada del operador privado.

La legislación, adelantó este jueves el líder cameral, será un reflejo del análisis legal que preparó, en pasadas semanas, el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), en el que concluyó que no existe impedimento para que los ayuntamientos ejecuten proyectos de luminarias, siendo incluso elegibles a recibir reembolsos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), que ha hecho disponibles casi $1,200 millones para estos trabajos, como parte de los fondos de reconstrucción asignados tras el huracán María, en 2017.

“La legislación ya está preparada. Nosotros queríamos tener este foro, recibir estos comentarios de los alcaldes y discutirlos con las delegaciones para trabajarla de manera ‘fast track’ (expedita)”, dijo Méndez, tras organizar un foro, en el Capitolio, al que acudieron 37 ejecutivos municipales y cuatro de los cinco comisionados del NEPR.

En una de sus intervenciones durante la cumbre, celebrada en el salón Leopoldo Figueroa, Méndez anticipó que la medida no enfrentará mayores trabas en el Senado ni por parte de la gobernadora Jenniffer González.

Antes de tener efecto práctico, sin embargo, el NEPR deberá crear el reglamento que dispondrá, en detalle, las condiciones para los acuerdos entre los ayuntamientos y LUMA, que el presidente del organismo regulador, Edison Avilés, señaló que deberá promover la uniformidad, facilitando el marco de colaboración.

“Con los comentarios de los municipios y la respuesta de LUMA, podemos hacer un borrador (de contrato) que va a viabilizar la participación. Es una cuestión de meses”, acentuó Avilés, en un aparte con la prensa tras el evento.

Inicialmente, los alcaldes tendrán hasta el 6 de marzo para remitir comentarios al NEPR.

Al momento de publicación, no se había recibido una reacción solicitada a LUMA, que no participó del foro.

Avilés puntualizó que, si bien el análisis jurídico –que se realizó a petición de Méndez y el representante Víctor Parés Otero– ya estipuló que no hay un impedimento legal para la participación municipal, la legislación eliminará cualquier margen a “interpretación”, al tiempo que la reglamentación ofrecerá una ruta más clara.

En el foro, Avilés detalló que, si bien FEMA ya había separado $1,185 millones para trabajos de reemplazo y reparación de luminarias en los 78 pueblos, el “plan consolidado” de proyectos federales que la AEE desarrolló, en verano de 2025, “inactivó” las gestiones de obligación de fondos en 35 de ellos. El miércoles, precisamente, el NEPR ordenó a la AEE y LUMA reactivar esas 35 iniciativas, como parte de un listado de 70 proyectos que tendrán que devolverse, de forma prioritaria, al trámite de formulación ante FEMA.

Se estima que los trabajos de alumbrado público que habían sido inactivados, correspondientes a esos 35 municipios, tienen un valor de $527 millones.

Entre las preocupaciones expresadas por los alcaldes, durante el foro, estuvieron señalamientos sobre las garantías de seguridad que serán necesarias para que sus empleados o contratistas de los propios municipios realicen los trabajos, así como la posible exposición a reclamaciones por negligencia o daños causados.

“Tenemos poco dinero y, si nos van a demandar, la parte eléctrica es peligrosa”, aceptó Jorge Pérez Heredia, alcalde de Utuado, planteamiento del que se hizo eco el ejecutivo municipal cayeyano, Rolando Ortiz.

El alcalde de San Germán, Virgilio Olivera, planteó que, al presente, los ayuntamientos no tienen “visibilidad” de los avances o planes de LUMA para las reparaciones en sus pueblos, y coincidió en que los municipios tienen la capacidad de agilizar los trabajos.

“Los municipios somos expertos en el manejo de fondos federales y fondos de FEMA”, afirmó.

Ortiz expresó su posición de que deben ser los municipios quienes se encarguen de las subastas de alumbrado público y que cualquier reglamentación debe estipular los plazos para que LUMA responda a una solicitud de colaboración.

Sin embargo, el análisis jurídico del NEPR, suscrito por el licenciado Javier Rodríguez Galarza, estipuló que, de materializarse acuerdos, los estándares técnicos y regulatorios serían los mismos que aplican a cualquier entidad que LUMA subcontrata para trabajos en la red. De igual forma, puntualizó que la colaboración no se debe interpretar como una autorización a que los municipios contraten directamente a terceros.

En síntesis, en lo referente a las partidas federales ya asignadas, LUMA continuaría fungiendo como el subrecipiente, a nombre de la AEE, mientras que el ayuntamiento podría hacer funciones de ejecución de los proyectos, similar a los subcontratistas existentes.

“Los municipios van a tener las mismas responsabilidades que tiene el operador (LUMA), pero tienen unos mecanismos, que pueden ser pólizas o mover la responsabilidad al contratista, que también se protege por póliza. No podemos decir que, porque un municipio entre a participar, va a tener beneficios adicionales a los que tiene LUMA”, manifestó Avilés.

El portavoz pipiolo en la Cámara baja, Denis Márquez Lebrón, opinó que, aunque es válido analizar las ventajas de la intervención municipal, el propio estudio legal del NEPR expuso los posibles “problemas contractuales” que pueden surgir. De igual forma, recalcó, no se conoce de momento la postura que asumirá la Junta de Supervisión Fiscal.

“Con mucha responsabilidad, voy a mirar el proyecto. He sido muy cuidadoso y objeté cuando se les ha dado a los municipios poderes para trabajar cuestiones de energía eléctrica. No hay 78 sistemas eléctricos”, esbozó Márquez Lebrón.