20 de mayo de 2019 - San Juan, Puerto Rico. El Capitolio. Hemiciclo de la Cámara de Representantes.
Sesión de la Cámara de Representes.
(Foto por: Juan Luis Martínez Pérez/ juan.martinez@gfrmedia.com) 2019
20 de mayo de 2019 - San Juan, Puerto Rico. El Capitolio. Hemiciclo de la Cámara de Representantes. Sesión de la Cámara de Representes. (Foto por: Juan Luis Martínez Pérez/ juan.martinez@gfrmedia.com) 2019 (Juan Luis Martínez Pérez)

Nota del editor: Vea el contenido completo de la serie investigativa “Plagado de vicios de construcción el emblemático puente atirantado de Naranjito”. Visita el sitio especial.

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Al filo de las 5:00 de la tarde del martes, la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) entregó a la Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Norte de la Cámara de Representantes el expediente bajo su custodia sobre el puente atirantado en Naranjito.

“Ayer a las 4:52 de la tarde he recibido un pendrive con todo lo solicitado. Se le pidió el expediente completo que tuviese del puente atirantado, facturas, contratos, subasta, cartas de la ACT, DTOP, Las Piedras Construction, todas las comunicaciones están en ese expediente”, afirmó el representante Edgardo Feliciano Sánchez, presidente de dicha Comisión, en declaraciones a El Nuevo Día.

Feliciano Sánchez había solicitado los documentos el jueves, 19 de enero, por medio de la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Eileen Vélez Vega. La ACT tenía cinco días calendario para entregar la información solicitada.

“Nosotros vamos detrás de la verdad, queremos hacer esta investigación en tres etapas: diseño y construcción, apertura, entrega y mantenimiento”, indicó el legislador.

La solicitud de información surgió luego que la Cámara de Representantes diera paso el pasado martes a la Resolución de la Cámara 679, presentada desde febrero de 2022, para investigar los trámites que resultaron en las deficiencias estructurales mayores de las que adolece el puente atirantado en Naranjito.

La medida, de la autoría del representante del distrito 28, el popular Juan José Santiago, fue avalada a viva voz con enmiendas del legislador novoprogresista Víctor Parés, que autorizan a la Comisión de Desarrollo y Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Norte y la Comisión de Transportación, Infraestructura y Obras Públicas investigar “cualquier asunto relacionado” con la construcción del puente, así como indagar si la obra se aceleró intencionalmente para que se pudiera inaugurar antes de las elecciones de 2008.

El pasado jueves, en una entrevista exclusiva con este medio, los dos directivos principales de Las Piedras Construction, la principal compañía a cargo de la construcción del puente, aseguraron y entregaron documentos que evidencian que la ACT inauguró el puente justo a tiempo para las elecciones de 2008, a sabiendas de que el trabajo estaba incompleto y que no se había ejecutado una fase final crítica para garantizar su funcionalidad y la seguridad del público.

El exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, quien inauguró el puente a destiempo, respondió a este diario que “nunca hubo un requerimiento de mi parte ni de nadie en La Fortaleza para establecer fecha (de inauguración del puente)”. Ante la confirmación de que había funcionarios de la ACT que sabían que la construcción del puente no estaba completa al momento de abrirse al público, aseguró apoyar cualquier pesquisa. “Yo no tengo ningún problema, que se investigue todo”, subrayó.

La Comisión de Desarrollo y Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Norte comenzará sus vistas públicas el próximo miércoles, 1 de febrero. Acevedo Vilá no ha sido citado por la Comisión, pero no está descartado que eso ocurra.

“Vamos detrás ese la verdad, no importa administraciones rojas o azules, aquí hubo una omisión, queremos saber de dónde salió la directriz”, aseguró Feliciano Sánchez. “Según vaya pasando la información, la prueba que se vaya ventilando, no se descarta citar a todo el que tenga participación en el puente y sea nombrado o salga información de X o Y persona, se va a citar”, apuntó.

En el primer día de vista pública se espera que comparezca la secretaría del DTOP, Eileen Vélez Vega; el director ejecutivo de la ACT, Edwin González Montalvo; la ingeniera María Ayala, actual directora de Construcción de la ACT; y los alcaldes de los pueblos de Naranjito y Comerío.

Al día siguiente, el 2 de febrero, están citados el pasado director de la Autoridad de Carreteras, Luis Trinidad Garay; el pasado secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Carlos González; y la empresa Las Piedras Construction. En la misma dirección, la Comisión informó que también habrá vistas oculares durante la investigación cameral. “Están citadas, esperamos que acudan”, subrayó Feliciano Sánchez.

En cuanto a los documentos sobre el puente, el representante indicó que solicitó la asistencia del Colegios de Ingenieros y Agrimensores, así como a la Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayagüez, para la identificación de ingenieros expertos en la elaboración de puentes para el análisis de la información técnica en el expediente. “Son cientos de papeles que tenemos que empezar a leer”, manifestó.

La pesquisa desde la Cámara se suma a la iniciada por la Oficina del Contralor de Puerto Rico, apoyada por el Departamento e Justicia. La contralora Yesmín Valdivieso solicitó el jueves extensa de documentación a la ACT para que los especialistas de auditoría forense comiencen la investigación de posibles irregularidades en el proceso de diseño, construcción, aprobación, inauguración e inspección del puente sobre el río la Plata.

La corporación pública tiene un máximo de ocho días laborables -hasta el 1 de febrero- para proveer los “documentos necesarios para iniciar la investigación”, que recaerá sobre el auditor forense, Manuel García Calderón, según la carta en poder de este diario.

Una investigación de la Unidad de Investigación y Datos de El Nuevo Día –que conllevó una demanda contra la ACT para el acceso a información pública- encontró que antes del primer aniversario de la inauguración del puente atirantado, en agosto de 2009, una inspección rutinaria de la ACT confirmó que la superficie del puente tenía ondulaciones de hasta 21 centímetros (ocho pulgadas), una falla estructural que provocaba vibraciones e impactos de peso excesivos en los cables del puente al transitar vehículos y camiones.

Durante años, otras inspecciones reiteraron y ampliaron los señalamientos que hacían referencia inequívoca a vicios de construcción, incluyendo el uso de cartón para tapar huecos que debían contener concreto.

Pese a la evidencia contundente en manos de la ACT, la dependencia no levantó reclamos al principal contratista de la obra, Las Piedras Construction, y a ninguna de las compañías involucradas, y continuó emitiendo pagos que cerraron el costo de la obra en $31,819,351.10, $4 millones por encima del estimado original en el 2002. Las deficiencias estructurales en el puente alcanzaron tal nivel, que rehabilitarlo costará al menos $25,969,680.

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