Las organizaciones Save a Gato y Alley Cat Allies, que defienden la permanencia de los gatos del Paseo del Morro, solicitaron al Tribunal Federal que les conceda acceso restricto a la porción que estará cerrada, por más de un año, debido a un proyecto de restauración a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE, en inglés).

La moción de interdicto preliminar a la corte del Distrito de Columbia, en Washington DC, fue presentada, el 19 de diciembre, para garantizar la continuación del programa de TNR (atrapar, esterilizar y devolver) que SAG conduce, hace dos décadas, en la vereda que bordea el Castillo San Felipe del Morro.

“Los demandantes han intentado resolver este asunto con los demandados, entre otras cosas, mediante cartas, videoconferencias y correspondencia por correo electrónico. En todo momento, los demandantes solo han solicitado un acceso limitado al Paseo y han manifestado su disposición a aceptar todas las restricciones razonables en cuanto a horario, forma y lugar”, lee parte de la moción.

Entre las restricciones que Save a Gato está dispuesta a aceptar, según el recurso, está el acceso a un único representante, durante “pocas horas al día” fuera del horario de construcción, varias veces a la semana y con la supervisión “del personal adecuado de los demandados”.

La moción forma parte de una demanda –contra el Servicio de Parques Nacionales (NPS, en inglés) y USACE– en la que ambas entidades de bienestar animal alegan que el proyecto de restauración para estabilizar un acantilado del bastión de San Fernando incumple con la Ley federal Nacional de Política Ambiental (NEPA, en inglés), la Ley Orgánica del NPS y la Ley federal de Procedimiento Administrativo.

Igualmente, el recurso alega violaciones al plan de remoción de los gatos que el NPS acogió en 2023, pues establece que los comederos se removerían a medida que se capturaran los felinos que circundan cada estación. Esto se haría en un período de seis meses por una organización de bienestar animal.

Las organizaciones sostienen que, pese a los intentos, los demandados “han insistido en que el Paseo debe permanecer cerrado al 100% en la zona de obras y que no se puede permitir ningún tipo de acceso”.

El tramo que cerrará tiene tres de los seis comederos del programa de TNR de Save a Gato.

El 22 de diciembre, los demandados radicaron una moción para extender las fechas para responder a la moción de “injunction” preliminar. Informaron que, desde el 6 de noviembre, se indicó la intención de cerrar parte del Paseo del Morro, mientras se desarrollaba el llamado “Cliff Project”.

“En esa misma fecha (6 de noviembre), los demandados invitaron al demandante Save a Gato a reubicar los comederos inaccesibles a lo largo de las partes restantes del sendero que se preveía mantener abiertas al público”, indicaron las dependencias federales en su moción.

Informaron, además, que el cierre de cerca de la mitad del sendero no se prevé, “como muy pronto”, hasta el próximo 26 de enero, “debido a diversos retrasos en la construcción y para dar más tiempo al Tribunal para resolver la moción”.

Mientras, las organizaciones de bienestar animal aseguraron que el remedio que solicitan no representa “ningún daño material” para los demandados y permitiría “continuar con las obras del ‘Cliff Project’, al tiempo que hacen pequeñas concesiones para permitir a los demandantes acceder al Paseo en condiciones adecuadas, incluyendo visitas supervisadas fuera del horario de construcción”.

La demanda contra el NPS y el USACE –presentada a principios de diciembre– detalla que el proyecto podría tomar hasta 18 meses, lo que pondría “en peligro la vida y el bienestar de los gatos comunitarios, causándoles daños directos, sufrimiento y una amenaza inmediata para su supervivencia; consecuencias mucho peores que las que plantea el plan (de remoción) del 2023, que ya de por sí contó con una oposición abrumadora de la ciudadanía”.

Esta acción judicial se suma a la controversia por el plan del NPS, que busca remover a unos 200 felinos del Paseo. En marzo de 2024, Alley Cat Allies presentó una demanda –a la que posteriormente Save a Gato se unió– en la que impugna el plan, alegando violaciones a la ley NEPA y señalando que la agencia federal no tiene jurisdicción para reglamentar la vereda.

El plan de remoción ha causado controversia desde el inicio, pues tanto las organizaciones de bienestar animal como los residentes en el Viejo San Juan se han opuesto, y así lo hicieron saber en el proceso de discusión pública, que comenzó en 2022. Entre los argumentos en contra de la remoción, están las implicaciones de salud pública para la comunidad de la isleta de San Juan por la posible presencia de ratas y en el turismo, debido a que los gatos representan un atractivo para los visitantes.