Las organizaciones sin fines de lucro que ofrecen servicios a mujeres, niñas y personas trans en Puerto Rico impactan a 15,000 personas anualmente, pero los retos económicos y la falta de reconocimiento de lo esencial de su labor experta ha provocado que el 61% haya experimentado una reducción en sus ingresos y, al mismo tiempo, un aumento en sus gastos operacionales.

Esta realidad, que se acentúa con el panorama político de una administración federal hostil a la diversidad, pone en jaque la sostenibilidad de los servicios que –por décadas– han representado seguridad, vida y dignidad para las mujeres en el archipiélago, reveló un estudio de la Fundación de Mujeres de Puerto Rico (FMnPR).

Para Verónica Colón Rosario, directora ejecutiva del único fondo que se especializa en financiar la equidad de género en Puerto Rico, los hallazgos de la investigación son “una advertencia urgente”.

“La reducción de fondos amenaza servicios esenciales que literalmente salvan vidas, que hay un impacto directo en la salud social y económica de la gente. O sea, menos fondos significa menos refugios, menos acompañamiento legal, menos oportunidades de empleo y personas en situaciones de vulnerabilidad”, aseguró.

El estudio identificó a 59 organizaciones especializadas en atender a mujeres, niñas y personas trans feminizadas en Puerto Rico, de las que participaron 18 entidades, mediante una encuesta en profundidad. Por los recortes experimentados, en 2024, casi un 40% tuvo que reducir sus servicios y el 11% se vio obligada a cesar operaciones temporalmente.

Particularmente, las organizaciones han recortado gastos en acompañamiento legal, pues este servicio requiere la contratación de una persona experta y con preparación adecuada. Lo mismo ha ocurrido en gastos administrativos y programas de prevención, apuntó Colón Rosario.

La presidenta de la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género, Coraly León Morales, validó los hallazgos del estudio y destacó que, en 2025, la situación es aún más grave por los recortes no solo en los fondos asignados, sino en la disponibilidad para solicitarlos mediante subvenciones, por ejemplo, en diversas agencias del gobierno federal.

Particularmente, trajo el ejemplo de los fondos que asigna el Departamento de Justicia de Estados Unidos bajo el “Victims of Crimes Act” (VOCA), en los que Puerto Rico sufrió un recorte “sustancial”, por lo que Justicia local puso un tope de asignación de $150,000 por organización.

“De facto, hay albergues que nos han dejado saber que, si les otorgaran el máximo que le pueden otorgar, representaría un recorte del 60% respecto a lo que les fue otorgado el año anterior”, compartió León Morales, quien destacó lo complejo que es sostener la operación de los albergues, pues requieren servicios y personal las 24 horas del día.

Con una metodología de investigación participativa, este estudio es el primero que mira, en detalle, el impacto de las organizaciones sin fines de lucro y comunitarias que sirven a mujeres, niñas y personas trans en Puerto Rico, desde un enfoque de justicia social y perspectiva de género.

Aparte de la encuesta, el análisis contó con entrevistas a fondo con lideresas de opinión y con participantes de las entidades feministas.

“Entenderlo (el impacto) desde la perspectiva de la propia población servida, para mí, es una de las partes más importantes del estudio, porque están las voces ahí de personas que han sido beneficiadas por estas organizaciones y eso también nos habla mucho de cuáles son esos impactos sociales y que no podemos valorarlos (cuantitativamente)”, consideró Anitza Cox Marrero, directora de Análisis de Política Social de Estudios Técnicos, firma a la que la FMnPR comisionó el estudio.

Las organizaciones encuestadas sirven principalmente a víctimas y sobrevivientes de violencia de género, a mujeres bajo el nivel de pobreza, a personas de las comunidades LGBTQ+ y a mujeres residentes en áreas rurales, donde hay menos disponibilidad de servicios.

Para Colón Rosario, el hecho de que el 77.8% de las entidades encuestadas se dedique a atender a víctimas y sobrevivientes de la violencia machista da cuenta de la magnitud del problema, que, a su juicio, debe atenderse desde una perspectiva de prevención y no punitiva.

Precisamente, a la vez que registran recortes sin precedentes, las organizaciones han experimentado un aumento en las solicitudes de servicios. Por ejemplo, durante el primer semestre de 2025, los nueve albergues para sobrevivientes de violencia doméstica atendieron a 321 participantes, lo que refleja un incremento respecto a las 294 personas servidas durante el mismo período en 2024.

Los hallazgos de la investigación presentan un análisis de retorno social de inversión en el que se demuestra que la experiencia y el conocimiento de las organizaciones permiten que el dinero que reciben sea utilizado para cubrir las necesidades de las poblaciones que sirven.

Por su parte, Cox Marrero explicó que el análisis arrojó que los servicios dirigidos a víctimas y sobrevivientes de violencia de género tienen un retorno de inversión de $3.38 por cada dólar. En los programas de capacitación de mujeres –que promueven la movilidad social–, el beneficio económico fue de $4.11 por cada dólar invertido.

“El hecho de que existan estas organizaciones y que estén brindando unos servicios que están logrando resultados en la población, pues evita unos costos al Estado”, abundó la investigadora.

En tanto, Colón Rosario indicó que, desde las organizaciones, intentan evitar el uso de términos económicos como el retorno de inversión, puesto que el aspecto social es el verdadero beneficio de los programas para mujeres. Sin embargo, con este análisis, buscaban evidenciar que el dinero invertido en organizaciones expertas también representa un beneficio al fisco.

“Cuando buscas soluciones desde las personas que han pasado la experiencia o desde las mismas comunidades que están teniendo la experiencia, el retorno de inversión es más grande porque tú la estás invirtiendo estratégicamente en gente que sabe cuál es la solución”, consideró.

En la misma línea, León Morales opinó que el valor que, por ejemplo, brindan los albergues de salvar la vida de las mujeres en relación de violencia con alta peligrosidad, es “invaluable para el país y para las familias de las sobrevivientes”.

Sin embargo, consideró que el estudio es una herramienta valiosa para evidenciar que, si el gobierno apuesta “a una respuesta coordinada con las organizaciones sin fines de lucro, está siendo costoefectivo para el Estado”.

Las entrevistadas explicaron que ese retorno de inversión, más allá de las aptitudes administrativas de las organizaciones, se debe a que cuentan con personas con décadas de experiencia. De hecho, el estudio señala que la mediana de años de experiencia de las mujeres que emplean es de 20 años.

Sin embargo, por los retos económicos, las encargadas de proveer servicios están en una posición vulnerable. Ante los recortes, las organizaciones han tenido que priorizar en dónde pondrán el escaso dinero y su prioridad siempre será la continuidad de los servicios. Igualmente, muchas fuentes de fondos no brindan dinero para gastos administrativos, por lo que también asumen el trabajo por sueldos bajos.

“La gente que hace trabajo de justicia social también merece salarios dignos, también merece beneficios, también merecen un plan de retiro. (…) Son personas que le están proveyendo un servicio social a las comunidades más vulnerabilizadas y no me parece justo que no tengamos los recursos para pagarle de una manera que remunere lo que realmente están haciendo”, expresó la directora de la FMnPR.

En tanto, León Morales destacó que las personas que acompañan a las participantes, desde las organizaciones, son mujeres, muchas jefas de familia cuyos empleos están vulnerables.

“Las organizaciones tienen que ser bien creativas, tienen que priorizar y decidir qué servicios puedo sostener y cuáles lamentablemente no voy a poder sostener, qué jornadas voy a tener que reducir para poder garantizar los elementos más fundamentales de la organización”, subrayó.

Asimismo, Cox Marrero resaltó que, mediante la investigación, encontraron que muchas participantes terminan por integrarse a las plantillas de las organizaciones para acompañar a otras mujeres y abogar por la equidad.

Ante la compleja realidad que experimentan las entidades sin fines de lucro, las entrevistadas instaron a la acción gubernamental para garantizar la continuidad de los servicios esenciales que muchas proveen.

“Tenemos que dejar al lado el ego, tenemos que dejar al lado el interés político. Estamos hablando de gente, estamos hablando de vidas. (…) Tienen que abrirle las puertas a las personas que están en la calle trabajando las soluciones, porque te van a decir exactamente qué tienen que hacer para resolver el problema”, aseveró Colón Rosario.

En tanto, León Morales instó a que el Estado evalúe los hallazgos del estudio y se disponga a establecer estrategias para atender las necesidades de las mujeres en conjunto con las organizaciones expertas. En ese sentido, urgió reconocer los albergues como servicios esenciales y que se cree un fondo recurrente para garantizar su sostenibilidad.

“Hay un compromiso bien grande de, contra viento y marea, hacer todo lo necesario para que se dé la continuidad del servicio. Pero también es muy duro que tengamos nosotros que cargar con toda esa responsabilidad y necesitamos que el Estado también pueda apoyar a la continuidad de estos servicios, que son tan importantes”, estableció la portavoz de la Red de Albergues.