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Washington - Una “coalición” de residentes de Puerto Rico ha contratado como cabildero a un exasesor del pasado speaker Paul Ryan que tendría la misión de descarrilar un lenguaje en un informe de la Cámara baja federal que reclama al Departamento del Tesoro detalles sobre el impacto de los beneficios que tienen las empresas foráneas en la isla, y las leyes 20 y 22 de Puerto Rico.
Según la publicación Político, el grupo “Concerned Residents of Puerto Rico” adquirió los servicios de George Callas, quien fue asesor en asuntos de impuestos de Ryan, para frenar en el Senado estadounidense el lenguaje aprobado en el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes e impulsado por el congresista demócrata boricua José Serrano (Nueva York) para ordenar al Servicio de Rentas Internas presentar un informe sobre “el número de personas y empresas que se han trasladado a Puerto Rico desde 2012 y se les ha otorgado exenciones de impuestos bajo las leyes de Puerto Rico 20 y 22”.
Callas indicó que el grupo considera que se le quiere proveer al Congreso “información protegida y confidencial del contribuyente”.
"Creemos que discusiones sobre incentivos fiscales apropiados para alentar la actividad económica en Puerto Rico no deben llevarse a cabo eludiendo los estatutos que existen para proteger a los contribuyentes estadounidenses de que se viole su derecho legal a la privacidad", indicó Callas.
La coalición está integrada por personas y familias que residen en Puerto Rico ,según Callas.
El Comité de Asignaciones de la Cámara baja aprobó en julio un proyecto de asignaciones para dependencias de Servicios Financieros cuyo informe solicita al Departamento del Tesoro que ofrezca detalles sobre el impacto de los beneficios que tienen las empresas foráneas en la isla, y las leyes 20 y 22 de Puerto Rico. El proyecto de ley que es acompañado por el informe luego fue aprobado por el pleno de cameral.
“El Comité ordena al Departamento que presente un informe que detalle los montos de impuestos que han logrado evitar durante los pasados cinco años las compañías que han establecido corporaciones en Puerto Rico que operan como foráneas, así como la cantidad de impuestos territoriales pagados localmente, las ventas anuales y el número de empleos creados”, indica el lenguaje que redactó Serrano.
El Comité de Asignaciones, agrega, “está preocupado por la interacción entre las nuevas leyes fiscales territoriales (leyes 20 y 22 de 2012 de Puerto Rico) y la sección 933 del Código (contributivo) de Estados Unidos, que permita la evasión fiscal y niega ingresos a los gobiernos federal, estatal y territorial, incluido Puerto Rico”.
A menos que el informe del Senado contradiga la petición de información de la Cámara baja, el Tesoro tendría que cumplir con el requerimiento iniciado por el boricua Serrano.
La ley 20 otorga beneficios a una empresa que exporta servicios desde la isla. La ley 22 concede exención contributiva con respecto al ingreso, producto de inversiones, a individuos que se hacen residentes de Puerto Rico.
