Navegar la multiplicidad de procesos ocurriendo paralelamente en la red eléctrica necesita, por un lado, un plan coherente que vincule a todas las partes que intervienen en distintas fases de la modernización y, por otro, una pericia gerencial que los operadores privados –LUMA Energy y Genera PR– no han exhibido desde sus respectivas contrataciones, señalaron este viernes el experto en derecho energético Luis Aníbal Avilés y el economista Sergio Marxuach, durante un conversatorio del Centro para una Nueva Economía (CNE).

“Tenemos buenas leyes, buenas ideas, buen sector privado que quiere hacer las cosas y pésima ejecución gubernamental. Ese es el problema. Aquí, el problema no es de ingeniería, sino de contratación gubernamental. Como ha dicho el Oficina de Contraloría General (federal), manejar $14,000 millones le queda grande a LUMA”, manifestó el licenciado Avilés, expresidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica y uno de los artífices de la Ley de Política Pública Energética de 2019.

A su juicio, el costo que podría representar la cancelación del contrato del operador de la red de transmisión y distribución –estimado en cientos de millones de dólares– no es mayor que las pérdidas causadas por mantener un sistema eléctrico cuyas métricas de confiabilidad han continuado deteriorándose en los pasados años, pese a la disponibilidad de casi $20,000 millones provenientes de distintas partidas federales.

En el lado de generación, el escenario no es más optimista, señaló el catedrático de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, apuntando al panorama que enfrenta la matriz de Genera PR, New Fortress Energy, cuyas acciones han perdido un 86% de su valor en los pasados 12 meses.

“LUMA y Genera son operadores, contratistas de la AEE, y han creado su propia cabeza de Frankenstein, que creen que tienen que el derecho a estar ahí oponiéndose a las decisiones de la AEE, que es dueña de los activos y te contrató para que hicieras un trabajo que no estás haciendo o estás haciendo deficientemente”, acentuó Avilés durante un panel con Marxuach, director de Política Pública del CNE, en el que opinó que la solución comienza con reclutar empresas con historial de éxito como operadores.

En el evento celebrado en el Centro de Convenciones de Miramar, Marxuach enumeró los desafíos que el sistema enfrenta simultáneamente, que incluyen la estabilización del servicio a corto plazo, reconstrucción de la red y la transición a energía renovable, todo mientras se dirime la bancarrota de la AEE.

“Hay cerca de ocho diversos planes para reestructurar el sistema. ¿Cuál es el plan verdadero para el sistema de Puerto Rico, cuál es el que se está implementando y cuál es el que se va a escoger? No sabemos, y ese es uno de los problemas”, indicó el abogado y economista, quien favorece un rol más proactivo del Negociado de Energía en ese aspecto.

Además de agilizar la reconstrucción apalancada en los fondos federales, Avilés apuntó a las disposiciones del Título V de la ley Promesa –diseñado para la aprobación expedita de permisos estatales a proyectos “críticos”– como una de las herramientas que nunca se ha aplicado, pero que pudiera adelantar el desarrollo de proyectos solares de gran escala, instalaciones de baterías de almacenamiento de energía y microrredes.

“Ningún analista serio, en Puerto Rico, esperaba que esto se resolviera en uno o dos años. (…) Ahora, han pasado ya ocho años del huracán (María) y por qué (ocurren) estos retrasos, cuando, en este caso, tenemos un pote de dinero asignado y la necesidad de reestructurar el sistema. Sin embargo, se toman las decisiones y entramos como en una caja negra”, dijo Marxuach.