El Frente en Defensa de las Pensiones reclamó este domingo a la gobernadora Jenniffer González que instruya a las agencias fiscales a participar en vistas públicas sobre una medida que ajustaría las pensiones a base del costo de vida para proteger su poder adquisitivo y que, según sus proponentes, beneficiaría a cerca de 160,000 empleados públicos retirados.

Aunque el Proyecto de la Cámara 45 (PC 45) identifica posibles fuentes de financiamiento, las organizaciones que integran el frente indicaron que la Comisión de los Sistemas de Retiro de la Cámara de Representantes, presidida por la representante Lourdes Ramos Rivera, ha solicitado por casi un año la comparecencia de estas agencias públicas para evaluar con mayor profundidad al impacto fiscal de la medida.

“El proyecto es viable, se han identificado fondos, y por eso es que nos hemos unido. Aquí nos mueve solamente el beneficio del empleado jubilado. Yo creo que ya el país, la gobernadora y la Asamblea Legislativa tienen que poner prioridad a aquellos que le han dado la vida al sistema en diferentes áreas, y es momento ya de que se atienda”, declaró el presidente de la Asociación de Maestros, Víctor Bonilla, durante una conferencia de prensa frente a La Fortaleza.

El PC 45 dispone que, durante el primer año de vigencia, los jubilados reciban un aumento general entre un 7 % y un 10 %, y que, a partir del segundo año, se establezcan ajustes anuales automáticos vinculados a la inflación, similar a los aumentos otorgados a los beneficiarios del Seguro Social federal bajo el mecanismo conocido como COLA (Cost of Living Adjustment).

La medida fue sometida por petición del Frente en Defensa de las Pensiones y tiene entre sus autores a legisladores del Partido Nuevo Progresista, el Partido Popular Democrático y el Partido Independentista Puertorriqueño.

A juicio de las organizaciones, tras casi dos décadas de pérdidas en el poder adquisitivo de las pensiones, es necesario atender la medida cuanto antes para procurar el bienestar de la población jubilada.

“Los jubilados viven sus días escogiendo entre comprar sus medicamentos o su comida, y eso no es justo. La gobernadora debe continuar su compromiso con la justicia para los adultos mayores”, reclamó, en tanto, la presidenta de Asociación Profesionales Jubilados, Nilda Laureano Rodríguez.

Las agencias llamadas a comparecer por el grupo son la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), el Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura (ASR).

Según el trámite legislativo, la medida ha sido discutida en dos ocasiones en vistas públicas, y la última se celebró el 1 de abril del año pasado. Desde entonces, la legislación permanece en espera de acción adicional.

Los representantes del Frente fueron recibidos por el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, quien se comprometió a comunicar su reclamo a la Secretaría de la Gobernación y a los asesores legislativos. La gobernadora se encontraba durante la tarde en un acto oficial en San Germán.

“Todo el mundo está de acuerdo que esto es un proyecto loable y un proyecto justo. Hay que poner la acción donde ponemos la palabra. Tenemos que culminar este proceso en la Cámara para luego pasar al Senado, y entonces finalmente pase al escritorio de la gobernadora y que lo firme”, declaró Susan Rivera Miranda, la secretaria de Educación Sindical de ÚNETE.

​​Los reclamos fueron incluidos en una comunicación formal a la primera ejecutiva, en la que el colectivo insiste en que se autorice a las referidas agencias para que comparezcan al proceso legislativo y brinden la información fiscal necesaria.

La lista de organizaciones que componen el frente incluye a la Asociación Exempleados de Socios en Acción (AESA), Asociación de Maestros, Asociación de Pensionados del Gobierno de Puerto Rico, Asociación de Profesionales Jubilados, Capítulo de Jubilados Emergencias Médicas Estatales, el Capítulo de Jubilados de la Federación de Maestros, el Capítulo de Jubilados de la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación, y el Junte de Jubilados.