La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) aprobó el lunes la distribución del presupuesto con el cual operarán este año fiscal los recintos, unidades y oficinas del sistema universitario, lo cuales enfrentarán un recorte de unos $24 millones.

Dicha repartición se basa en llevar a $156 millones la aportación patronal que hará la UPR al Sistema de Retiro de sus empleados, en vez de los $177 millones que asignó la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) al certificar el presupuesto consolidado en junio.

No obstante, el ente fiscal aún no ha autorizado dicha reducción, confirmó el presidente de la Junta de Gobierno, Ricardo Dalmau Santana.

“La redistribución de esos fondos, estamos a la espera de la contestación de ellos. Comoquiera, lo que se va a presentar ante el cuerpo (Junta de Gobierno) son $156 millones (en aportación patronal al retiro) respondiendo a la importancia de aprobar un presupuesto en el día de hoy”, expresó Dalmau Santana, durante una reunión extraordinaria celebrada el lunes en la tarde.

De inmediato, no fue posible obtener una reacción de la JSF.

El presupuesto consolidado de la UPR fue aprobado al cierre del pasado año fiscal. No obstante, los trabajos que debe realizar la Administración Central para asignar dinero a cada recinto y unidad académica se retrasaron al punto que ya varios recintos comenzaron las clases del nuevo año académico sin saber con cuánto dinero realmente cuentan.

A raíz de esto, se implementaron recortes en varios recintos que impactaron al personal, entre ellos cancelaciones o no renovaciones de contratos a profesores y el cierre de secciones de cursos.

Sin embargo, la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, aseguró que los recintos podrán absorber las reducciones en fondos que se avecinan y catalogó su impacto como “mínimo”.

Detalló que, según información que recibió de los rectores, en los recintos de Bayamón, Carolina, Ciencias Médicas y Humacao no se han cancelado contratos. En el recinto de Ponce se cancelaron cuatro y en Utuado se canceló un contrato de docente a tiempo completo, pero se contrató otro a tiempo parcial. En Aguadilla se cancelaron contratos, pero no brindó la cifra, y en Mayagüez se harán reducciones, pero aún se desconoce cuántas pues las clases comienzan el 25 de agosto.

Jordán Conde no dio información sobre los recintos de Río Piedras, Arecibo y Cayey.

“(Los recintos) tienen todas sus secciones conducentes asignadas y el impacto a la contratación docente ha sido mínimo. Tenemos eficiencias, gracias a Dios”, expresó Jordán Conde.

Dalmau Santana detalló que el dinero a distribuir entre los 11 recintos y oficinas -como la Administración Central y la Junta de Gobierno- asciende a unos $763 millones.

La aportación patronal de $156 millones está por encima de los $132 millones que había proyectado la administración universitaria que estarían asignados al plan de pensiones.

No se desglosó cuánto dinero le tocará a cada recinto. La certificación de la Junta de Gobierno -que se aprobó con ocho votos a favor y cuatro votos en contra- no estaba el martes disponible en el portal de la Junta de Gobierno.

El director de la Oficina de Presupuesto de la Administración Central, Wilson Crespo, aseguró que se tomaron medidas para que el impacto total del recorte de $24 millones no recaiga completamente sobre los 11 recintos. Sostuvo que se identificaron $6 millones en ingresos que tendría la Administración Central por concepto de adiestramientos brindados mediante la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) y el Departamento de Educación, los cuales se transferirán a los recintos.

Crespo señaló que la reducción a cada recinto se hizo de manera proporcional.

“Si el presupuesto total de alguna unidad tenía el 27%, pues el ajuste iba en esa proporción de 27%. Cuando se decidió incorporar estos $6 millones de las ganancias, a donde fue a ayudar fue a las unidades, no a Administración Central, no a la Junta de Gobierno. Por ende, el ajuste inicial se mantuvo igual en lo que es Administración Central y Junta de Gobierno, y en las unidades hubo una mejoría con esos $6 millones”, apuntó el director de presupuesto.

Si se mantenía la asignación de $177 millones requerida por la JSF, el recorte a recintos y unidades superaría los $40 millones, destacó Dalmau Santana. Se presentó una solicitud ante la JSF para reducir la partida a $156 millones tras consultar con la Junta de Retiro, señaló.

“Los $177 millones están basados en unas proyecciones que se hicieron en el 2021, que actualmente no guardan relación alguna con la realidad. Ese ha sido nuestro argumento ante la JSF. Se ha estado evaluando. Quien hace su estudio de necesidad, a través de los actuarios, es la Junta de Retiro y es la que le comunicó a la Junta de Gobierno que, basado en el estudio actuarial, los $156 millones es la aportación adicional del Fondo General que requieren”, indicó Dalmau Santana.

Los cuatro votos en contra de la distribución de presupuesto fueron los representantes claustrales y estudiantiles ante la Junta de Gobierno, quienes lamentaron que el cuerpo rector no evaluó con seriedad una propuesta presentada por la comunidad universitaria para minimizar el impacto en los recintos.

“Antes de trasladar más sacrificios a los estudiantes, la facultad y los empleados, la Administración debe agotar todas las alternativas para identificar, reclamar y utilizar los recursos que legítimamente estén disponibles para la Universidad”, expresaron, de forma conjunta, mediante un comunicado de prensa.