La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) aprobó este martes la versión del presupuesto establecido por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que contempla cambios a las aportaciones al sistema de retiro de los empleados de la institución académica.

La versión de la JSF dispone un presupuesto consolidado de $1,255 millones y fue avalada con ocho votos a favor y tres en contra, de profesores y estudiantes. A principios de junio, la Junta de Gobierno había aprobado un presupuesto consolidado por una cantidad similar.

La aprobación del presupuesto enmendado se dio en el último día del año fiscal y sin debate, durante una reunión ordinaria de la Junta de Gobierno.

La certificación no contiene detalles sobre cuánto dinero recibirán los recintos y unidades del sistema universitario.

“Todo lo que tiene que ver con distribución se va a estar trabajando en los próximos días”, señaló el presidente de la Junta de Gobierno, Ricardo Dalmau Santana.

El representante claustral William Muñiz criticó la confección y aprobación de un presupuesto por un ente ajeno a la UPR.

“La UPR atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia fiscal e institucional. Ante un escenario de recursos limitados, exigencias operacionales crecientes y continuas presiones sobre los servicios académicos, de investigación y de apoyo estudiantil, resulta indispensable que toda propuesta presupuestaria sea producto de un proceso transparente, participativo, rigurosamente fundamentado y sustentado en análisis financiero basado en evidencias”, expuso Muñiz, en un voto explicativo.

El lunes, en una carta enviada a la gobernadora Jenniffer González y la administración universitaria, el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, estableció: “El presupuesto certificado de la UPR para el año fiscal 2027 financia la contribución actuarial mínima requerida para el sistema de retiro de beneficios definidos. Este enfoque es coherente con la postura declarada de la UPR de que no se implementarán medidas adicionales de reforma de pensiones durante el año fiscal 2027”.

“Sin embargo, la Junta de Supervisión entiende que la postura declarada de la UPR, tal como se refleja en el presupuesto propuesto para el año fiscal 2027 presentado a la Junta de Supervisión, no es fiscalmente responsable, ya que contribuye al déficit de financiación del plan de pensiones de la UPR y, por lo tanto, es incompatible con el Plan Fiscal Revisado Certificado de la UPR para 2021. En consecuencia, el presupuesto certificado de la UPR para el año fiscal 2027 incluye la contribución total del empleador al plan de pensiones, determinada actuarialmente según el análisis actuarial independiente de la Junta de Supervisión”, añadió Mujica.

En su certificación de ingresos y gastos, aprobada el 9 de junio, la Junta de Gobierno destinó $133 millones para el pago de pensiones. La JSF aumentó la partida a $177 millones. Los fondos adicionales fueron reprogramados de una partida identificada como “otros gastos operacionales”, sin más detalles sobre su uso.

El presupuesto de la UPR contará con una aportación de $566 millones del gobierno central, similar a la del año fiscal vigente. La JSF destacó que la UPR podría tener acceso a dinero adicional a lo largo del año fiscal, toda vez que aún hay $170 millones asignados previamente que no han sido desembolsados a la institución, pues están sujetos al cumplimiento de hitos de transformación administrativa y académica.

Por otra parte, la Junta Universitaria aprobó el lunes una moción señalando que el presupuesto aprobado para el próximo año fiscal genera preocupación sobre las operaciones de la UPR, debido a que carece de información detallada sobre la situación fiscal real de la institución.

“Un presupuesto insuficiente tendría consecuencias directas sobre las operaciones académicas y administrativas de los recintos y sobre los servicios que reciben los estudiantes”, señalaron los representantes estudiantiles y claustrales ante la Junta Universitaria, mediante comunicado de prensa.