A poco más de una semana para el comienzo del nuevo año fiscal, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) rechazó, una vez más, el presupuesto propuesto para la Universidad de Puerto Rico (UPR), al señalar que incumple con los planes fiscales vigentes y no detalla cómo cubrirá decenas de millones de dólares en obligaciones relacionadas con su sistema de retiro.

En una carta dirigida a la gobernadora Jenniffer González, Robert Mujica, director ejecutivo de la JSF, concedió hasta el 24 de junio para que la administración de turno y la UPR presenten un presupuesto revisado para el año fiscal 2027.

“Para garantizar la sostenibilidad a largo plazo y la resiliencia institucional, la Junta exhorta a la UPR a adoptar un enfoque responsable y estructurado enfocado en mejorar la eficiencia operacional, alinear los recursos con las prioridades estratégicas y atender las necesidades más apremiantes relacionadas con el éxito estudiantil, el apoyo a la facultad y el mejoramiento de la infraestructura”, lee la misiva.

La presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, indicó –en declaraciones escritas– que el equipo de la institución “se encuentra evaluando los señalamientos incluidos en la notificación”.

“La institución atenderá el proceso dentro del término establecido y someterá la información requerida con responsabilidad y rigor fiscal. No obstante, la UPR reafirma que cualquier revisión presupuestaria debe proteger la estabilidad institucional”, comentó.

Según el ente fiscal, la UPR no incluyó en su presupuesto el costo adicional de mantener activo el Plan de Beneficios Definidos ni explicó cómo financiaría esas obligaciones futuras, lo que representaría una brecha de, al menos, $44.5 millones.

“El presupuesto propuesto de la UPR para el año fiscal 2027 asigna $132.7 millones al sistema de retiro, consistente con el nivel de gasto del año fiscal 2026. Sin embargo, esta cifra parte de un escenario en el que se congelan los beneficios futuros de pensión y no incorpora los costos adicionales que conllevaría mantener el sistema actual. Tal como fue sometido, el presupuesto propuesto para el año fiscal 2027 no demuestra que las obligaciones de pensión bajo la estructura vigente estén adecuadamente financiadas”, abunda la carta.

Por otro lado, el organismo cuestionó múltiples aumentos en gastos, incluidos materiales y suministros ($10.4 millones), la partida del plan médico ($3.4 millones), subvenciones federales, becas Pell y donaciones ($11.8 millones) y servicios profesionales ($2.8 millones), entre otros. La misiva plantea que la UPR no presentó suficiente documentación para justificarlos.

Asimismo, la JSF advirtió que el presupuesto para el próximo año fiscal que actualmente evalúa la Legislatura incluye $60 millones en fondos no recurrentes para “apoyar las operaciones de la UPR”. Si el presupuesto del gobierno para el año fiscal 2027 se aprueba sin la asignación de $60 millones, la UPR deberá revisar el plan propuesto y ajustar los gastos a los ingresos disponibles, prosigue la carta.

“Si bien dichos fondos podrían brindar apoyo operacional a corto plazo, la Junta de Supervisión subraya que la estabilidad institucional a largo plazo depende de que la UPR tome medidas demostrables y basadas en datos para fortalecer tanto sus resultados académicos como su gestión financiera”, esboza.

A inicios de junio, la JSF ajustó el plan fiscal de la UPR para incorporarle las proyecciones de ingresos y gastos para el período 2026-2027. La revisión anual mantuvo en su lugar las medidas exigidas previamente por el ente, que han incluido alzas en los costos de matrícula graduada y subgraduada, reducciones en las exenciones estudiantiles, ajustes a cargos adicionales y la congelación de plazas docentes.