La Junta de Planificación (JP) determinó que la Cantera Adjuntas, en operación intermitente desde finales de la década de 1980, expandió ilegalmente su operación hacia tres terrenos colindantes bajo la clasificación de “suelos rústicos especialmente protegidos ecológicos”, y le otorgó 20 días a su dueño para responder por qué no debe ser sancionado.

En una decisión con fecha del 24 de febrero, la JP atribuyó a la cantera de Rafael Vélez Andújar violaciones a cuatro disposiciones legales. Según el documento, el inspector Omar Maldonado Battistini identificó, durante una inspección ocular el 2 de septiembre, la ausencia de la consulta de ubicación para la reapertura de la instalación y del permiso requerido para expandir su operación.

“La resolución emitida por la Junta de Planificación valida de forma contundente los reclamos que la comunidad ha levantado por años y que Casa Pueblo ha sostenido de manera consistente frente a la expansión y operación de la cantera. Esto confirma que la defensa del territorio no era un exceso ni una exageración, sino una responsabilidad comunitaria”, afirmó, por escrito, el director ejecutivo de Casa Pueblo, Arturo Massol Deyá.

La notificación reciente expone que Vélez Andújar ha estado operando sin permiso fuera de la parcela con el número de catastro 266-000-009-17-000, que es la única autorizada para este uso.

Por años, vecinos de los barrios Vegas Arriba y Saltillo han impugnado la expansión de la Cantera Adjuntas, con permiso para operar hasta, al menos, 2029, según información suministrada previamente a El Nuevo Día por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). Los residentes en hogares cercanos han denunciado problemas de salud asociados con la operación, así como daños estructurales y limitaciones en el acceso a agua potable.

Massol Deyá comentó que un análisis del geógrafo y especialista en geoinformática Víctor Cuadrado –realizado en octubre pasado– reveló que la Cantera Adjuntas actualmente ocupa 23 cuerdas, divididas en cerca de cinco cuerdas en la parcela con autorización y el resto fuera de dicho deslinde. Esto, dijo, supone una expansión ilegítima del 78% en zonas previamente boscosas.

“Desde el inicio, denunciamos una ordenanza municipal que pretendía legalizar la expansión hacia fincas rústicas especialmente protegidas, ordenanza que el propio alcalde (José Hiram Soto Rivera) tuvo que revertir, y hoy la Junta de Planificación adjudica lo que nuestro pueblo sabía: se cometieron violaciones a reglamentos, leyes y permisos, así como acciones temerarias por parte del dueño de la cantera”, añadió.

En octubre pasado, El Nuevo Día reseñó la lucha de varias comunidades contra la operación de canteras cercanas a sus hogares, entre ellas, la de Adjuntas.

Una cantera es una operación dedicada a la extracción de materiales de la corteza terrestre –como arena, grava, piedra caliza y otros agregados– utilizados en la construcción de carreteras, obras de infraestructura y edificios.

La vida útil de estos espacios depende de factores como el volumen del yacimiento, la eficiencia de extracción, las restricciones regulatorias y las condiciones ambientales, pero puede extenderse por décadas. El portal de la Administración federal de Seguridad y Salud en Minas muestra que la Cantera Adjuntas –previamente llamada Adjuntas Aggregates– está registrada desde 1986.

Según la “Notificación de hallazgo y orden de mostrar causa”, Vélez Andújar tendrá 20 días para mostrar causa por lo cual la JP no deberá imponer una multa de $10,000 por incurrir en las violaciones enumeradas; y acudir al Tribunal de Primera Instancia a solicitar el cese de las obras y los “usos” de una orden de cese y desista emitida el 14 de octubre, así como para solicitar una orden judicial para decretar la paralización de la actividad de uso no autorizado y el cobro de la multa impuesta. La JP también podría ordenar la imposición de honorarios y costas de abogados.

Massol Deyá mencionó que las denuncias de la comunidad han provocado “atentados contra la vida y la propiedad de varios residentes”. Añadió que, en diciembre, la jueza Nadja Banuchi Ramos encontró causa probable contra Vélez Andújar por tentativa de asesinato, daño agravado, amenaza y daños. La vista preliminar de este caso se llevará a cabo el martes 10 de marzo, a las 9:00 a.m., en el Tribunal de Utuado.

“El dictamen de la Junta de Planificación es un avance contundente, pero de ninguna manera marca el final de esta lucha. Los continuos atropellos contra nuestra gente, sumados a las constantes violaciones de ley y el inaceptable comportamiento de la Cantera Adjuntas que hemos enfrentado, nos demuestran que no podemos confiarnos. Hoy, más que nunca, es la férrea unidad de nuestra comunidad el escudo que promueve nuestra vigilancia y resistencia”, señaló, por su parte, Juan Carlos Negrón Miró, portavoz de la comunidad.