La Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico (UPR) denunció que la administración universitaria incumple con sus responsabilidades y actúa en contra de leyes vigentes, incluida la Ley de la UPR y la ley federal Promesa, al no incluir la aportación que debe realizar la institución al Sistema de Retiro de sus empleados en la versión enmendada de su Plan Fiscal.

El presidente de la Junta de Retiro, Luis Vicenty Santini, resaltó este jueves que la UPR adeuda $146.8 millones a su plan de retiro, debido a que, por años, no se han asignado los fondos requeridos para las pensiones de sus empleados.

“En estos días turbulentos que tiene la Universidad, la Junta de Supervisión Fiscal ha aprovechado el vendaval de desgobierno que padece la Universidad para solicitarle a la Universidad un cambio en el Plan Fiscal”, señaló Vicenty Santini, en referencia a los paros decretados por estudiantes en los recintos de Río Piedras y Mayagüez, y una huelga condicionada de 14 días en el recinto de Ponce.

“El incumplimiento continuo en el pago total de las aportaciones patronales representa un serio riesgo de insolvencia no solo para el Retiro, sino también para la Universidad. Ese es un riesgo que debe evitarse a toda costa”, añadió.

La Junta de Gobierno de la UPR aprobó, en una reunión extraordinaria el miércoles, una enmienda al Plan Fiscal certificado del 2021 para extenderlo al 2027. El documento presentado por la presidenta Zayira Jordán Conde, que debía ser remitido el mismo miércoles a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), no hizo cambios mayores al texto original del plan del 2021.

La “enmienda revisada” contiene las mismas propuestas del 2021 a favor de una reforma de pensiones, que implica cambios a la estructura del Sistema de Retiro y a los beneficios que recibirían los empleados al jubilarse, lo que la UPR hizo en 2023.

“Ese Plan Fiscal deja por fuera, nuevamente, las obligaciones para con el Fideicomiso (del Sistema de Retiro), ese plan de pensiones de los empleados retirados de la UPR. Aunque planes fiscales anteriores han tenido partidas para el Fideicomiso de Pensiones, estas han sido deficientes”, manifestó el presidente de la Junta de Retiro, en conferencia de prensa, en la que hubo representantes de empleados docentes y no docentes. Estudiantes que estaban apostados en los portones del recinto de Río Piedras también llegaron, en señal de apoyo.

Precisó que, para el año fiscal 2026-2027, un análisis actuarial determinó que la aportación patronal de la UPR al plan de pensiones debe ser de $158 millones.

Vicenty Santini recordó que, en 2020, el Tribunal de Apelaciones determinó que la Junta de Gobierno incumplió con su deber de fiducia por tomar decisiones financieras que amenazaban la estabilidad del Fideicomiso del Sistema de Retiro. Luego que el Tribunal Supremo no acogiera la petición para revisar la sentencia, en 2021, la Junta de Retiro se convirtió en fiduciario del plan de pensiones.

Ese incumplimiento del cuerpo rector de la UPR continúa, argumentó Vicenty Santini.

“A nosotros, no se nos pidió, en ningún momento, datos sobre este Sistema de Retiro. La falta de responsabilidad, la falta de diligencia no los llevó ni a mirar su propio estado financiero (de la UPR), ni el estado financiero del Sistema de Retiro, el cual contiene toda la información”, expresó.

“Emitieron un documento que no tiene legitimidad ni tiene el valor del propio papel en el cual está impreso. Es una chapucería lo que acaban de enviar a la Junta de Supervisión Fiscal, y no dudamos que lo que se reciba de vuelta sea una notificación de violación ante lo que pidió la Junta”, añadió Vicenty Santini.

La JSF, según su calendario de trabajo, prevé certificar la versión enmendada del Plan Fiscal 2021 en o antes del 15 de mayo.

Vicenty Santini indicó que están dispuestos a trabajar con el ente fiscal para que las aportaciones patronales al plan de retiro se incluyan.

El caucus claustral del Senado Académico del recinto de Río Piedras también criticó este jueves el Plan Fiscal enmendado. En declaraciones escritas, lo catalogaron como “una propuesta superficial y demagógica que no atiende las necesidades reales del sistema ni del país”.

Al momento de esta publicación, no se había obtenido una reacción de la administración universitaria.

Durante la reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno del miércoles, la directora de Finanzas de la UPR, Laura Ortiz, reconoció que la enmienda no incluye datos sobre el Sistema de Retiro y lo atribuyó a los litigios que están pendientes.

Actualmente, se mantienen activos tres pleitos judiciales de la Junta de Retiro contra la administración universitaria en torno al incumplimiento con el pago de la aportación patronal, la reclamación del pago del dinero adeudado y la impugnación a la congelación del plan actual y la creación de un plan de beneficios definidos -al estilo de una cuenta 401K- para empleados nuevos, señaló el abogado Rolando Emmanuelli.

El presidente del cuerpo rector, Ricardo Dalmau Santana, confirmó que, el martes, recibieron una carta de la Junta de Retiro e indicó que evaluarán la petición de reunirse.

No obstante, tanto Vicenty Santini como Emmanuelli criticaron lo que catalogan como ataques de la administración universitaria al plan de pensiones.

“Este fideicomiso se ha mantenido solvente. Es uno de los pocos logros significativos en el más reciente estado financiero de la Universidad de Puerto Rico. Aunque les duela decirlo, $97.3 millones de reducción de deuda de la Universidad responde al buen manejo que se gerencia desde aquí”, apuntó Vicenty Santini.