La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) ya agotó sus opciones para retar una decisión judicial que removió al cuerpo rector como fiduciario del Sistema de Retiro de la universidad del Estado, por lo cual debe dar paso a los miembros de la Junta de Retiro a tomar las decisiones sobre las inversiones del plan de pensiones.

El cuerpo rector acudió en dos ocasiones ante el Tribunal Supremo para solicitar la revisión de una sentencia emitida el año pasado por el Tribunal de Apelaciones, pero el máximo foro judicial rechazó acoger las peticiones. La más reciente decisión adversa contra la Junta de Gobierno fue el 9 de abril, mientras que el 21 de abril venció el término para apelaciones.

De esta manera, la UPR debe tomar las medidas para reconocer a la Junta de Retiro como fiduciario del Fideicomiso del Sistema de Retiro, apuntó el presidente de la Junta de Retiro, Luis Vicenty.

“El tribunal encomendó un mandato, le dijo a la UPR ‘usted tiene que atenerse a la decisión que le dio el Tribunal Apelativo’. Lo importante de esto es que ya se acabó el caso, no hay más espacio para apelación. Esto plantea, para los miembros de la Junta de Gobierno de 2017 y 2018 que, si sucede algo, los participantes (del plan de pensiones) podrían demandar en su carácter personal a los que eran fiduciarios... Estamos hablando de personas como Walter Alomar y Zoraida Buxó”, sostuvo Vicenty.

La demanda original se radicó en 2018, cuando la Junta de Retiro reclamó que la Junta de Gobierno había tomado decisiones financieras que amenazaban la estabilidad del Fideicomiso del Sistema de Retiro. Ante esto, solicitó la destitución de la Junta de Gobierno como fiduciario, pues aceptaron aportaciones patronales para el Fideicomiso menores a las establecidas.

Por ejemplo, en el año fiscal 2016-2017, a la UPR le correspondía pagar $79.2 millones, de acuerdo con lo establecido en la Certificación 146 del 2014-2015 que detalló cómo cubrir la deuda de la UPR con el fideicomiso, pero se recibieron $72.2 millones. En el 2017-2018, la UPR pagó en aportaciones patronales $68.6 millones, cuando le correspondía pagar $81.5 millones bajo la Certificación 146 y el Plan Fiscal certificado establecía un pago de $74.5 millones.

“La Junta de Gobierno incurrió en incumplimiento sustancial con su deber de fiducia (…) ya que en la aludida Certificación Núm. 39 (2018-2019) la Junta de Gobierno, a pesar de reconocer la existencia de una deuda de $43 millones de Sistema de Retiro de la Universidad, concluye que con la transferencia neta de $7 millones se finiquitan las reclamaciones del Sistema de Retiro por las deficiencias generadas durante los años 2016-2017 y 2017-2018”, lee la sentencia del Tribunal Apelativo, emitida el 30 de septiembre de 2020.

La decisión judicial otorga a la Junta de Retiro el poder de fiducia sobre el plan de pensiones, mas no su gobernanza, que queda en manos de la Junta de Gobierno, indicó Vicenty. Esto implica que podrá tomar decisiones sobre las inversiones y velará por las aportaciones patronales que se reciben, pero no decide sobre su estructura operacional, añadió.

Por esta razón, se mantendrían los cambios aprobados por el cuerpo rector para modificar la estructura de beneficios para los empleados con menos de 10 años en el sistema, que fueron incluidos en el borrador del plan fiscal de la UPR aprobado en marzo. Este documento fue rechazado por la Junta de Supervisión Fiscal ya que debía contemplar más recortes presupuestarios para la institución.

“La gobernanza del Sistema de Retiro no la fuimos a pedir, eso lo podemos ir solicitando... Esos son posibles pleitos a futuro”, señaló Vicenty.

“Los que ganamos fuimos los universitarios, se demostró que ellos menoscabaron el fondo. Lo que les dijo el Tribunal Apelativo es cierto, ellos no podían autofiniquitar deudas. Tenían conflictos de interés en lo que estaban haciendo”, sostuvo.