La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó la reprogramación de $43.8 millones en el Departamento de Educación para el pago de los proveedores de terapias a estudiantes de Educación Especial a través del mecanismo extraordinario de remedio provisional.

Según una carta del ente enviada ayer, lunes, a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), se aprobaron dos partidas –de $12,000,000 y $31,750,985– en el presupuesto vigente de Educación, que fueron producto de sobrantes en nómina y otras asignaciones.

Específicamente, los $12 millones provienen de “la redistribución de los ahorros identificados en nómina y costos relacionados bajo otros programas para cubrir los déficits proyectados en el programa de remedio provisional”, de acuerdo con la misiva, firmada por el director ejecutivo de la JSF, Robert F. Mujica.

La segunda partida incluye una “transferencia interinstitucional” de $1,750,985 millones de la reserva para gastos no recurrentes asociados con la nómina, bajo la custodia de la OGP. A esto, se suma una redistribución de $30 millones del “gasto insuficiente proyectado” en pagos a nómina en Educación, y una extensión de fondos hasta el 31 de diciembre para cubrir los pagos del año fiscal 2025 en terapias estudiantiles y servicios relacionados.

El Nuevo Día solicitó y aguarda por comentarios del secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, quien había adelantado que esperaban esta acción de la JSF.

A finales de mayo, Educación emitió unos $8 millones en pagos para los terapistas. Por los pasados meses, cientos de terapistas se han manifestado exigiendo que se les pague por trabajo ya realizado desde marzo.

Incluso, a finales de mayo, Educación intentó utilizar $25 millones que están bajo custodia del tribunal, que son producto de la multa diaria impuesta por incumplir con brindar servicios adecuados a estudiantes de Educación Especial, como parte del pleito de clase Rosa Lydia Vélez. Sin embargo, Ramos Parés anunció la semana pasada que ordenó a sus representantes legales desistir de dicha solicitud.

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