Por segundo día consecutivo, una de las principales apuestas de la administración de Jenniffer González para atender la crisis energética se enfrentó a un freno regulatorio cuando la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) detuvo la aprobación del contrato de 15 años –valorado en $20,000 millones– que el gobierno acordó en pasadas semanas con New Fortress Energy (NFE) para el suplido de gas natural licuado (LNG, en inglés) a la mayoría de las instalaciones de generación del país.