El Departamento de Justicia recomendó este viernes asignar un Fiscal Especial Independiente (FEI) para Ciary Pérez Peña, exsecretaria del Departamento de la Vivienda, por una denuncia relacionada con presuntas irregularidades en un centro de inspección y venta de marbetes del que era dueña, en Yabucoa.

“A base de dichos hallazgos, el Departamento de Justicia concluyó que existe causa suficiente para creer que la exsecretaria Ciary Pérez Peña pudo haber incurrido en conducta constitutiva del delito de influencia indebida, tipificado en el Artículo 261 del Código Penal de Puerto Rico, así como en posibles violaciones a la Ley de Ética Gubernamental”, informó la agencia, vía comunicado de prensa.

El Artículo 261 del Código Penal establece que cualquier persona que obtenga o intente obtener un beneficio alegando que puede influir en la conducta de un funcionario será sancionada con tres años de prisión o una multa de hasta $10,000 “si la persona convicta es una persona jurídica”. Si logra obtener el beneficio, la pena aumenta a ocho años de cárcel, o una multa de hasta $30,000 en el caso de una persona jurídica.

Justicia no especificó cuáles podrían ser las violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.

La determinación surge apenas un mes después de que Justicia notificara que iniciaría una investigación preliminar por medio de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC), etapa para la cual la Ley del FEI le concede un término inicial de 90 días.

La pesquisa de la DIPAC se centra en los señalamientos contra Pérez Peña, antes y durante su incumbencia como secretaria de la Vivienda. Es decir, que no incluye a otros centros de inspección señalados, explicó, entonces, la directora de la DIPAC, Sonia Martínez.

En esa línea, Justicia comentó que recomendó al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) evaluar internamente los procesos administrativos aplicables a centros de inspección, luego de que la evaluación realizada identificara aspectos “que ameritan revisión adicional”, sin entrar en detalles. Justicia urgió al DTOP a referir cualquier posible violación de carácter penal que identifique “a las autoridades correspondientes para el trámite pertinente”.

En reacción a la noticia, la gobernadora Jenniffer González comentó que la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, recomendó la designación de un FEI “sobre la investigación que yo misma había referido al Departamento de Justicia”.

Sin embargo, la pesquisa que resultó en la recomendación surgió tras un referido de los representantes populares Ramón Torres Cruz y Swanny Vargas Laureano, y una declaración jurada de Arturo Deliz Vélez, exdirector de Investigaciones e Inspección del DTOP.

Cuando trascendió la controversia en el programa Los datos son los datos, de Wapa TV, la primera reacción de la gobernadora a la prensa fue comentar que había ordenado al secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, iniciar una pesquisa interna. Esta evaluación del DTOP nunca se publicó, pues terminó refiriéndose a Justicia tras la llegada de los referidos de los legisladores.

“Desde el día uno, hablé de que las investigaciones les corresponde hacerlas a las agencias de gobierno y que nadie está por encima de la ley”, puntualizó la mandataria, quien, antes de la renuncia de Pérez Peña, la defendió e insistió en que las alegaciones eran previas a su secretariado.

Recalcó que le corresponde ahora al FEI hacer la determinación final de esta investigación.

“(Este referido) manda un mensaje de que aquí nadie está por encima de la ley y que, si hay referidos e investigaciones, se va a llegar hasta el final de esas consecuencias, como lo ha hecho en este momento el Departamento de Justicia”, abundó.

En declaraciones escritas, Torres Cruz sostuvo que el referido de Justicia “confirma que había elementos suficientes para dar el próximo paso. Y hay que decirlo con claridad, el tiempo nos dio la razón”.

“Desde el primer momento, cuando levantamos este asunto y solicitamos la intervención del Departamento de Justicia, lo hicimos con seriedad, con responsabilidad y con base. Hoy, ese referido valida esa gestión inicial. No fue un señalamiento liviano ni político, fue un reclamo fundamentado que hoy encuentra respaldo en los hechos. Aquí no hay espacio para ambigüedades. Cuando se levanta una preocupación legítima sobre el manejo de fondos o el desempeño de un funcionario, lo mínimo que el país espera es acción”, planteó.

Por su parte, Vargas Laureano sostuvo que Justicia “ya cumplió con su deber; ahora corresponde al PFEI (Panel sobre el Fiscal Especial Independiente) hacer lo propio para que el país conozca la verdad de lo ocurrido y se establezcan las responsabilidades correspondientes”.

Tras más de un mes de controversias, el 13 de marzo, El Nuevo Día confirmó la renuncia de Pérez Peña a la jefatura de Vivienda. Luego de su salida, el licenciado Luis Augusto Martínez asumió la secretaría interina, puesto al que fue eventualmente nominado para asumir el cargo en propiedad.

“Renuncio con la cabeza en alto por el trabajo realizado y por el compromiso que siempre guio nuestras acciones en beneficio del pueblo de Puerto Rico. No obstante, comprendo las distracciones que han provocado las recientes acusaciones falsas y malintencionadas contra mí y contra mi familia, por lo que no puedo permitir que las mismas minimicen la gestión, avances y logros de su administración, de la cual tuve el privilegio y el honor de formar parte”, lee la carta de renuncia que remitió Pérez Peña a la gobernadora, a quien describió como “amiga”.

Según Justicia, la prueba recopilada incluyó declaraciones juradas, documentos “y otra evidencia pertinente”. Además, como parte del proceso investigativo, se llevaron a cabo entrevistas y declaraciones juradas, y se diligenciaron requerimientos de información dirigidos a diversas agencias gubernamentales.