La regulación a Airbnb se extendería a otros sectores de San Juan

Tras la celebración de dos días de vistas públicas sobre el proyecto que impondría una moratoria de un año sobre los alquileres a corto plazo en el Viejo San Juan, el presidente de la Legislatura Municipal de la capital, Marcos Rigau, se prepara para presentarle a la alcaldesa Carmen Yulín Cruz una propuesta que pueda “armonizar” los intereses entre los residentes y propietarios de la plataforma Airbnb en la isleta capitalina.

Asimismo, el líder del Partido Popular Democrático (PPD) indicó que la propuesta podría extenderse a todos los sectores de San Juan, ya que, según el funcionario, “esto (los Airbnb) hay que reglamentarlo en toda la ciudad”.

Entre Viejo San Juan, Condado y Santurce existen unas 900 propiedades que se pueden alquilar a corto plazo a través de Airbnb. Otras plataformas como Home Ayay y Join a Join están presentes. 

“Cada uno analiza este tema desde su perspectiva y su punto de vista. Entonces, le corresponde al gobierno ver cuáles son los intereses que hay que proteger y buscar unas medidas que traten de armonizar los diversos intereses”, afirmó Rigau.

Durante las vistas públicas, que se celebraron el viernes y sábado, sobre 40 personas defendieron sus posiciones ante los legisladores municipales de la capital.

Rigau confirmó que el organismo recibió unas 14 ponencias.

“Hubo de todas las posiciones y aprendimos mucho. Yo no estoy ni a favor de uno ni del otro, simplemente queremos proteger a los residentes y a las personas que tienen negocios”, recalcó.

El proyecto, tal y como lo sometió la alcaldesa, impondría una moratoria de un año en el otorgamiento de permisos de uso que autoricen el arrendamiento a corto plazo de residencias o habitaciones en predios que cuenten con la zonificación residencial en el Viejo San Juan.

No obstante, con la propuesta que presentará Rigau se establecería una reglamentación completa sobre la industria de alquileres a corto plazo y no tan solo una moratoria.

“Yo espero dar un paso más allá. Tengo hacerlo en acuerdo con la alcaldesa”, dijo.

La intención del ayuntamiento capitalino es evitar “el desplazamiento y la gentrificación de las áreas urbanas” de la isleta sanjuanera.

Durante las vistas públicas la Compañía de Turismo se opuso al proyecto de ordenanza 13 ya que, según su directora ejecutiva, Carla Campos, la medida tendría un efecto negativo sobre la economía.

Igualmente, la agencia estableció que, si resulta ser necesario regular este tipo de alquileres, sería Turismo el responsable de hacerlo.

No obstante, Rigau cree que una reglamentación del gobierno municipal y central, respectivamente, pueden vivir en armonía. El legislador aprovechó para defender el poder legal que tiene el municipio para reglamentar esta industria.

“Cualquier persona que quiera poner un negocio tiene que solicitar un permiso de uso en la Oficina de Permisos del municipio. El Plan de Ordenamiento Territorial de San Juan lo determina San Juan, eso no lo determina el gobierno central”, afirmó.

La Asociación de Vecinos del Viejo San Juan también participó de las vistas públicas y dio un espaldarazo al proyecto. Mientras, la organización que agrupa a los comerciantes de la zona, así como la Cámara de Comercio, se opusieron a la medida.

“Aprendimos que hay una diferencia entre las personas que tienen un Airbnb como una extensión de su hogar y las personas que están comprando edificios y metiendo 40 apartamentos ahí sin cumplir con las reglamentaciones de hotel”, dijo Rigau sobre lo que se discutió en las vistas.

El proyecto ahora pasará a las comisiones de Gobierno y Jurídico de la Legislatura Municipal para establecer el proyecto que pasará a votación.