Washington— Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés) acusado de mentir a los investigadores sobre los hechos que condujeron al tiroteo de un venezolano durante la ofensiva migratoria en Minneapolis se entregó el jueves a las autoridades federales, según informó a The Associated Press una persona al tanto del asunto.

Christian Castro fue detenido por las autoridades federales acusado de realizar declaraciones falsas a los investigadores sobre el tiroteo de Julio César Sosa Celis el pasado mes de enero, según indicó la fuente, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a pronunciarse públicamente sobre el caso.

Castro salió de prisión la semana pasada, después de que el gobernador de Texas se negara a firmar una orden de extradición para entregarlo a las autoridades de Minnesota, que lo han acusado por separado de agresión y de denuncia falsa de delito, en relación con el mismo incidente.

Las autoridades federales habían acusado inicialmente a Sosa Celis y a otro hombre de golpear a un agente con el palo de una escoba y una pala para la nieve durante el enfrentamiento. Sin embargo, los fiscales federales retiraron los cargos después de que las pruebas de vídeo demostraran que los agentes podrían haber mentido sobre el incidente, lo que dio lugar a la investigación de las autoridades.

Castro es el primer agente federal de inmigración procesado por el Gobierno de Trump en relación con las medidas adoptadas durante la Operación Metro Surge en las Ciudades Gemelas de Minneapolis y St. Paul, en enero de 2026. Por el momento se desconoce si Castro cuenta con un representante legal para hacer declaraciones en su nombre.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) desplegó a miles de agentes en la zona de Minneapolis y St. Paul en lo que ha sido su mayor operación migratoria hasta la fecha. La muerte de los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes federales provocó una condena generalizada y suscitó dudas sobre la actuación de los agentes, lo que llevó a introducir cambios en la operación.

A principios de esta semana, un fiscal federal que trabajaba en el caso informó a los abogados de Sosa Celis y de otras víctimas de que las autoridades del Departamento de Justicia habían bloqueado el intento del fiscal de presentar un cargo más grave en materia de derechos civiles contra el agente en relación con el tiroteo, según informó ProPublica el miércoles.

Sin embargo, la persona al tanto de la investigación puso en duda la versión del fiscal, asegurando que la investigación sobre derechos civiles continúa y que aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre si se presentarán cargos adicionales. El fiscal, Matthew Evans, fue destituido y actualmente está siendo investigado por presunta obstrucción de la investigación de un gran jurado, según afirmó dicha persona.

Al enviar un correo electrónico a la cuenta de Evans en el Ministerio de Justicia, se recibió una respuesta automática en la que se indicaba que estaba de baja. Otros intentos de contactar con él han sido infructuosos.

Un abogado de Sosa Celis afirmó que el Departamento de Justicia ha “formulado unos cargos totalmente insuficientes en este caso”, y añadió que las declaraciones de Castro tenían por objeto “encubrir el hecho de que disparó a mi cliente a través de la puerta de una vivienda ocupada sin que mediara ninguna justificación de legítima defensa”.

“El señor Sosa Celis quiere que se considere al señor Castro plenamente responsable de sus delitos”, afirmó la abogada Robin Wolpert. La Unión Americana de Libertades Civiles de Minnesota comunicó el jueves que Sosa Celis también tiene previsto reclamar una indemnización por daños y perjuicios al Gobierno federal.

Castro fue detenido inicialmente en mayo en relación con el caso de Minnesota, y permaneció bajo custodia en Brownsville, Texas, mientras las autoridades de Minnesota solicitaban su extradición. Sin embargo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, se negó a firmar la orden de extradición, alegando que se estaban llevando a cabo investigaciones sobre fraude en los programas gubernamentales de servicios sociales de Minnesota, investigaciones que Trump utilizó para justificar su ofensiva migratoria en el estado.

Las autoridades de Minnesota habían intentado impedir que el jefe de policía del condado de Cameron, en Texas, pusiera en libertad a Castro, por temor a que huyera a México. Según una demanda presentada por Minnesota, Castro mantuvo una conversación con una mujer, mientras estaba encarcelado, en la que habló de casarse con ella y comprar una casa en México una vez que saliera de prisión.

Sin embargo, Castro fue puesto en libertad hace una semana, después de que un juez federal se negara a ordenar a las autoridades de Texas que extraditaran al acusado.

El DHS ya se ha referido anteriormente al proceso de Castro en Minnesota como “ilegal y una burda maniobra política”, al afirmar que solo las autoridades federales tienen competencia en el caso.

Castro fue suspendido sin sueldo del ICE en febrero, mientras las autoridades federales llevaban a cabo la investigación.

“Los hombres y mujeres del ICE tienen la misión de hacer cumplir el Estado de derecho y se les exigen los más altos estándares de profesionalidad, integridad y conducta ética”, afirmó el director interino del ICE en aquel momento, Todd Lyons. “No se tolerarán las violaciones de este sagrado juramento. El ICE sigue plenamente comprometido con la transparencia, la rendición de cuentas y la aplicación justa de las leyes de inmigración de nuestra nación”.

Las autoridades de Minnesota alegaron que Castro, de 52 años, disparó a través de la puerta de una vivienda, alcanzando a Sosa Celis en el muslo.

Castro y otro agente habían perseguido a otro hombre, Alfredo Alejandro Aljorna, hasta el dúplex de Minneapolis donde él y Sosa Celis vivían. Los fiscales de Minnesota afirmaron que, posteriormente, el agente acusó falsamente a Sosa Celis y a otro hombre de agredir a un agente del ICE con el palo de una escoba y una pala para la nieve.