LUMA Energy tendrá hasta el 2 de septiembre para responder a la querella administrativa que presentó en su contra la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC), que en julio pidió al Negociado de Energía (NEPR) que ordene paralizar los cobros de $300 que se imponen a clientes de medición neta por los “estudios suplementarios” que el consorcio realiza para determinar si la instalación de un sistema de energía renovable sobrecarga los circuitos de distribución eléctrica.

El oficial examinador designado por el NEPR, Carlos Parés Guzmán, estipuló el término en una orden emitida el 14 de agosto, al señalar que LUMA, en ese plazo, podrá “responder a la querella o presentar cualquier alegación que corresponda en derecho”. De la orden del oficial examinador, se desprende que LUMA compareció el 11 de agosto para solicitar un término de 20 días “para evaluar las alegaciones y circunstancias del caso como también delinear su estrategia legal”, aunque sin “someterse a la jurisdicción del NEPR”.

El lunes, en tanto, Parés Guzmán rechazó emitir el “cese y desista”, cuya solicitud la OIPC reiteró el 14 de agosto, con miras a que se paralizaran los cobros de los estudios suplementarios hasta que el NEPR realice su determinación sobre la controversia.

“El Negociado de Energía no intervendrá en esta etapa hasta tanto y en cuanto se cumpla el término de tiempo concedido a LUMA según solicitado”, recalcó el oficial examinador.

La OIPC, de acuerdo con el expediente electrónico del NEPR, presentó la querella administrativa el 11 de julio. En el recurso, el organismo alegó que LUMA ha incumplido con las disposiciones reglamentarias para realizar cobros por la preparación de estudios suplementarios, particularmente con las notificaciones que se deben enviar a los prosumidores para darles la oportunidad de solicitar una reunión o, en última instancia, retirar su petición de interconectar el sistema de generación a la red central.

En su informe de mayo al NEPR sobre el avance de las interconexiones de sistemas de generación distribuidos –casi en su totalidad instalaciones residenciales–, LUMA precisó que había “realizado más de 70,000 estudios suplementarios para apoyar la interconexión segura y fiable de los nuevos sistemas”.

El documento, sin embargo, no precisa cuántas notificaciones de cobro se habían emitido a los prosumidores, cuántos pagos de $300 se han recibido ni cuántos de los estudios suplementarios, si alguno, han redundado en la exigencia de mejoras a la red de distribución, cuyo costo, de igual forma, recaería sobre el cliente que “causó” la necesidad de los trabajos.

La mayoría de los más de 70,000 estudios suplementarios realizados por LUMA, sin embargo, habrían tenido lugar luego de materializada la interconexión a la red eléctrica, que por ley el consorcio debe autorizar en un periodo de 30 días luego de la solicitud.

Hasta finales de junio, LUMA había registrado más de 167,000 instalaciones de sistemas distribuidos, lo que representa cerca del 12% de los clientes de la red central.

La realización de los estudios suplementarios, de acuerdo con las normativas vigentes, se activa cuando un alimentador de distribución sobrepasa el 15% de la carga energética para el que fue diseñado, un umbral que ya rebasa más de la mitad de los equipos del sistema eléctrico.