LUMA Energy tendrá hasta el 2 de septiembre para responder a la querella administrativa que presentó en su contra la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC), que en julio pidió al Negociado de Energía (NEPR) que ordene paralizar los cobros de $300 que se imponen a clientes de medición neta por los “estudios suplementarios” que el consorcio realiza para determinar si la instalación de un sistema de energía renovable sobrecarga los circuitos de distribución eléctrica.